economía

El juez declara fortuito el concurso de acreedores presentado por Arento

El auto destaca que tanto la administración concursal como el fiscal coinciden en que no cabe aplicar la culpabilidad que demandaba Caja Rural de Aragón.

Vista de una de las paredes de la sede central de Arento situada en la plataforma agroalimentaria de Mercazaragoza.
Vista de una de las paredes de la sede central de Arento situada en la plataforma agroalimentaria de Mercazaragoza.
Heraldo

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Zaragoza declara "fortuito" el concurso de acreedores presentado por el grupo cooperativo agroalimentario Arento. Así lo dicta en un auto fechado el 14 de septiembre en el que señala que tanto la administración concursal como el Ministerio Fiscal coinciden en esta calificación.

El auto responde así a un escrito presentado el pasado mes de junio ante dicho juzgado en la que Caja Rural de Aragón, principal acreedor del grupo cooperativo, acusaba a Arento de emitir "facturas falsas" por un importe superior a los 13 millones de euros, según recoge el escrito remitido al juzgado, y exigía que dicho concurso fuera considerado culpable.

En su demanda, la entidad financiera insistía en que la "agravación dolosa" del pasivo de la concursada, perjudicó a Caja Rural de Aragón. Aseguraba además que esta forma de actuar "contiene elementos del tipo penal de estafa" por varios motivos, entre los que apuntaba que se llevó a cabo un "engaño" de Arento a Caja Rural de Aragón (ante Bantierra) "a través de facturas falsas", pero también por el "desplazamiento patrimonial" por los importes anticipados por dichas facturas.

El auto del juez, con el que se archivan las actuaciones y contra el que no cabe interponer recurso, se sustenta en los informes realizados por la administración concursal y por el Ministerio Fiscal, ya que, como señala en su escrito, el artículo 450.1 del texto refundido de la ley concursal señala que "si el informe de la administración concursal y el dictamen que, en su caso, hubiera emitido el Ministerio Fiscal coincidieran en calificar el concurso como fortuito, el juez, sin más trámites, ordenará, mediante auto, el archivo de las actuaciones".

Y es que el informe del fiscal deja claro que "no consta que haya mediado en la generación o agravación del estado de insolvencia, dolo o culpa grave del deudor o, si los tuviere, de sus representantes legales y, en caso de persona jurídica, de sus administradores o liquidadores, de derecho o de hecho, directores generales, y de quienes, dentro de los dos años anteriores a la fecha de declaración del concurso –se presentó el 11 de junio de 2020–, hubieren tenido cualquiera de estas condiciones".

Las causas

Una clara disminución de las ventas, un descenso de la actividad propiciada por la baja de socios habida durante estos años y el hecho de que la actividad de la sociedad no ha sido capaz de generar recursos para aliviar el difícil equilibrio financiero de la sociedad son las "causas generales de la insolvencia", según el escrito del Ministerio Fiscal.

El informe explica además que a ello se suma que la entidad cooperativa "tiene unos elevados costes financieros derivados del alto nivel de endeudamiento" y que "el proceso de reestructuración de la deuda financiera que se realizó en 2018 no ha podido ser acompañado por la rentabilidad de las operaciones, pese a la actuación comercial en el negocio de molinería y su incremento de producción". Y añade que Arento "ha sufrido el lastre de la baja de diversos socios, lo que ha supuesto una reducción del volumen de su actividad tanto en compraventa de cereales como en carburantes y fertilizantes, con efecto en la disminución de los rendimientos".

Hay también otras causas particulares de dicha insolvencia como, según el escrito del fiscal, destaca la administración concursal, en cuyo informe deja claro que no existieron facturas falsas. Entre ellas figuran las elevadas inversiones, el gran volumen de activos intangibles, marcas, gastos de investigación y desarrollo, fondos de comercio… en el conjunto de sociedades del grupo. Reconoce el escrito que hubo "prácticas comerciales de dudosa legalidad hasta 2016" que maquillaron la imagen fiel de las sociedades del grupo y generaron una falsa confianza de cara a los proveedores financieros.

Y añade el escrito que existió "una financiación cruzada" que distorsionaba la imagen financiera y patrimonial de cada sociedad considerada de forma individual". Pero destaca que en diciembre de 2017 se adoptaron por parte del Consejo Rector las medidas pertinentes y se formalizó el proceso de reestructuración de la deuda financiera un año después de 2018.

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