El macrojuicio que tenía previsto celebrarse ayer en la Sala 3 de la Ciudad de la Justicia contra 29 acusados de integrar una red que elaboraba contratos falsos para extranjeros se suspendió después de que el Ministerio fiscal y 19 de los implicados llegaran a un acuerdo: la fiscal les rebajaba las penas de prisión a cambio de ellos pagarán los daños económicos causados a la Administración pública.

El juicio estaba programado para durar prácticamente un mes, desde el 8 al 30 de septiembre, pero ni siquiera tuvo su primera vista oral, si bien entraron la mayor parte de los acusados y sus letrados a la concurrida Sala 3 del edificio Fueros de Aragón.

A la mayor parte de los implicados que llegaron a un acuerdo con la fiscal se les rebajaron las penas por falsedad en documento oficial (de tres años a 21 meses), por el delito continuado contra la Seguridad Social (de tres años a 21 meses) y por el delito continuado contra los derechos de los ciudadanos extranjeros (de un año a seis meses).

De esta manera, si los acusados no tienen antecedentes penales cumplirán la condena impuesta por el Juzgado de lo Penal número 6 de Zaragoza sin tener que ingresar en prisión, ya que lo harán en tercer grado.

El abogado José María Viladés, que defendía al responsable de una gestoría en el barrio del Arrabal donde se tramitaba la creación de las sociedades mercantiles pantalla para la red de contratos falsos, alcanzó el acuerdo con la fiscal porque así evitaba que su cliente ingresara en prisión. Aun así, el letrado incidió en que los acusados que llegaron al acuerdo de la rebaja de penas asumieron también abonar los daños causados a la Seguridad Social y a Hacienda, cuyos intereses defendía la Abogacía del Estado.

La decisión del pacto con el gestor provocó que una decena de los acusados, implicados en haber tejido la red, siguieran sus pasos para no sentarse en el banquillo y reconocieran los hechos.

Además, entre los que llegaron al acuerdo hubo varios inmigrantes a los que acusaban de delitos de falsedad documental y contra la Seguridad Social (un año de cárcel por cada uno).

A uno de ellos, defendido por el letrado Carlos Giménez, esta acusación se le quedó en una multa de seis meses a cuatro euros diarios (720 euros) por el delito contra la seguridad Social, mientras que le absolvieron de la falsedad.

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De los 29 implicados, tres no se presentaron y están declarados en rebeldía (aunque acudió alguno de sus letrados). Otros dos implicados no pudieron acudir: uno porque sufre covid y está ingresados en la prisión de Zuera, y una mujer que no viajó desde Castellón por no poder costeárselo.

Por otro lado, solo hubo cuatro de los acusados que mostraron su voluntad de acudir a la vista, como Ana Herrando, que ya no será macrojuicio. El letrado Fernando Lacruz que defiende a uno de ellos explicó que esa vista se celebraría en febrero.