La DGA condiciona ahora el rescate de Candanchú y la empresa sigue sin ver viable abrir
Plantea liquidar la sociedad y quedarse con la estación sin deuda e Ibernieve resalta que se debe pagar a los acreedores. Los alcaldes urgen de nuevo a una solución para poder salvar la temporada.
La reunión entre el Gobierno de Aragón, la Diputación Provincial de Huesca (DPH), los alcaldes del valle del Aragón y la propiedad de Candanchú acabó este martes sin una solución que garantice la apertura de la estación la próxima temporada. La DGA insistió en la misma propuesta que puso encima de la mesa en julio y que sigue sin convencer a la propiedad: quedarse con la unidad productiva, es decir el centro invernal y sus activos, que pasa por la liquidación previa de la sociedad sin asumir la deuda millonaria agravada por la pandemia. En esta operación, añadieron fuentes oficiales, el Ejecutivo autonómico estaría acompañado por la DPH.
En esta coyuntura, los socios de Ibernieve, la sociedad aragonesa constituida en 2016 para rescatar de la quiebra a Candanchú, descartaron la apertura en la próxima temporada y resaltaron que se debe pagar a los acreedores, muchos de ellos del valle. “No vemos viable una solución que suponga liquidar la sociedad y dejar colgados a proveedores, bancos y otros actores del valle del Aragón que han venido apoyando el proyecto en los últimos años”, añadieron fuentes oficiales de la empresa.
La otra solución planteada por la DGA en la reunión pasaría por que Aramón accediera únicamente a la gestión, como ya hizo en 2012, pero siempre que los propietarios asumieran los costes de la apertura. A este respecto, indicaron que “el problema de Candanchú no es de gestión”, dado que han cerrado todos los ejercicios en positivo, salvo la pasada temporada que no se pudo abrir por las restricciones impuestas por la covid.
Esto llevó a Ibernieve a insistir ayer en que la única forma de proteger a la sociedad es no abrir tampoco este invierno, dado que siguen existiendo “riesgos” por la pandemia y nadie puede asegurar que se pueda desarrollar con normalidad la temporada. Como ejemplo pusieron las fiestas del Pilar. En este sentido, recordaron otras dos de las razones que les llevaron a anunciar esta drástica decisión a finales de julio: la ausencia de un plan de ayudas para el sector que paliara el impacto de la covid y de un proyecto integral de la nieve “que no agravie al valle del Aragón”.
Limitaciones legales
La DGA alegó que las administraciones no pueden legalmente rescatar empresas privadas y que su solución supondría salvar la estación y no a la compañía privada. “El sector público aragonés está dispuesto a asumir la titularidad de la estación y a modernizarla, pero no puede, aunque quiera, asumir la propiedad de un entramado societario en concurso de acreedores”, añadieron.
Pese a las diferencias entre las partes, tanto el Ejecutivo aragonés como la DPH insistieron en seguir buscando y analizando “soluciones viables” porque están “comprometidos” con Candanchú. A juicio del Ejecutivo, la fórmula de la liquidación y asunción de la estación se podría acometer en mes y medio. “Aún estamos a tiempo, es posible realizar los trabajos indispensables para lograr abrir la próxima temporada”, añadieron.
Mientras tanto, los alcaldes urgieron de nuevo una solución que garantice la apertura en invierno, planteando la necesidad de que los técnicos se sienten para cerrar una propuesta antes de que finalice la semana.
En su doble condición de representante de la DPH y regidor de Canfranc, Fernando Sánchez, señaló que los trabajos de mantenimiento de la estación hay que iniciarlos ya para poder abrir, aunque reconoció las “diferencias técnicas y administrativas” y las dificultades que suponen los condicionantes jurídicos.
Por su parte, el alcalde de Jaca, Juan Manuel Ramón, apremió a llegar a un acuerdo. “Forzamos la reunión para encontrar una solución para el corto plazo, que sigue atascada”, indicó antes de evidenciar las dificultades de reeditar el convenio de 2012 para que Aramón asuma de nuevo la gestión al haber solicitado otro crédito sindicado por la covid que implica nuevas garantías con los bancos.
