entrevista a la ministra de educación
Pilar Alegría: "Quiero dar pasos para lograr un Pacto de Estado por la Educación en España"
La ministra de Educación aboga por dialogar de forma "más seria y sosegada" y por "bajar los decibelios". Anuncia que llevará la ley de FP al Congreso en septiembre.
Asumió hace un mes y medio las riendas del Ministerio de Educación y FP y afronta su primer reto delicado: la vuelta al colegio.
Nos enfrentamos, afortunadamente, a un inicio de curso muy diferente al anterior.
Con los menores de 12 años sin vacunar y la variante delta al alza, ¿por qué no han fijado protocolos diferenciados según el grado de inmunización?
Las escuelas son entornos seguros, el 99% de las aulas del territorio español estuvieron abiertas a lo largo del 2020-2021. Tenemos vacuna y experiencia, pero no podemos olvidar la prudencia. Y por eso seguimos manteniendo el uso obligatorio de las mascarillas, lavado de manos y la ventilación cruzada.
¿Será un curso normalizado?
Aspiramos a que lo sea. La experiencia y el ritmo de vacunación nos han hecho apostar por una presencialidad absoluta. Hay que tener muy en cuenta la salud emocional de los estudiantes.
¿Está vacunada contra la covid?
Sí, con la segunda dosis en julio.
En Aragón un 5% de los docentes no lo están. ¿Deberían dar clase o realizar tareas auxiliares?
Aunque la vacunación ha sido un éxito en España, hay que seguir insistiendo, siendo conscientes de que en este momento en nuestro país no es obligatorio vacunarse ni contra la covid ni con ninguna otra enfermedad.
En las residencias aragonesas obligan a someterse a PCR cada 72 horas a quienes voluntariamente no se vacunan. ¿Se podría plantear en los colegios?
Si se hace para el profesorado se podría hacer para cualquier profesión.
¿Tendrán que informar los padres de los alumnos de 12 a 18 años si sus hijos están vacunados?
¿Lo hacen con otras vacunas?
De momento no. ¿Deberán guardar cuarentena los chavales vacunados cuando se detecte un positivo por covid en el aula?
Es una de las cuestiones que se abordó en la conferencia sectorial y que se está analizando en Sanidad. En cuanto haya un protocolo establecido, la comunidad educativa lo insertará.
Las autonomías recibirán 13.000 millones para gastos por la covid. Los fondos no son finalistas. ¿Pueden comprobar qué parte se destina a Educación?
Les pedí a los consejeros que situaran la educación en primer lugar al repartir esos fondos.
¿La semipresencialidad y la bajada de nivel por la covid, se pueden compensar de algún modo en el primer trimestre?
Con las comunidades coincidimos en la importancia de recuperar la presencialidad. La salud emocional de los estudiantes se ha visto erosionada por la imposibilidad de asistir a clase, de relacionarse. Los recursos que vamos a transferir a las autonomías pueden servir para afrontar los costes.
¿Se debería incorporar atención psicológica en las aulas?
Estoy segura de que si los equipos directivos de los centros observan esa necesidad la pondrán a disposición de los alumnos.
Más allá de la afección de la covid en las aulas, ¿cuáles son los objetivos que se marca al frente del ministerio?
Tenemos una ley aprobada por mayoría absoluta, la Lomloe (Ley Orgánica de Modificación de la LOE), y hay que desarrollarla. Otra cuestión prioritaria es la ley de FP, que espero que sea la norma educativa con más consenso en muchos años._Voy a combatir el abandono escolar y espero aprobar una ley de enseñanzas artísticas. Pero si hay un objetivo general que me planteo es que entendamos la educación como una cuestión de Estado. Y eso significa que retomemos el diálogo de una manera más seria y sosegada. Es importante que cuando se hable de educación y de enseñanza huyamos de titulares de confrontación y volvamos a bajar los decibelios.
¿Buscará sacar adelante un Pacto de Estado por la Educación?
Es verdad que la experiencia nos dice que buscar ese pacto no es sencillo. Pero es mejor empezar hoy que mañana. Soy consciente de que en nuestro país cuando se habla de educación hay muchas miradas y voces distintas. Pero creo que llega el momento de que intentemos ir buscando los pequeños puntos de encuentro y dejar de hablar de lo que nos distancia. Aunque a corto plazo sean pequeños consensos, irán en la buena dirección. Mi disponibilidad al diálogo para ello es absoluta.
Ya consiguió fraguar un pacto por la Ciencia en Aragón.
Efectivamente, se consiguió y creo que fue un buen acuerdo. Así lo reconoció la sociedad aragonesa. Quiero ir dando pasos para lograr un Pacto de Estado por la Educación en España.
Llevamos ocho leyes de educación en Democracia. ¿En qué medida está ideologizada la enseñanza en España?
Desde el gran pacto constitucional que hubo para fraguar el artículo 27, el que avala el derecho a la Educación, ha sido complicado poder llegar a consensos. Intentos los ha habido. Por eso creo que no hay que perder nunca la ambición.
Incluía entre sus objetivos la ley de FP. ¿Cuándo estará lista?
La ley de FP es un proyecto de país. Es una puerta abierta al empleo de calidad y bien remunerado para nuestros jóvenes. En el propio proceso de transformación y modernización del país, la FP va a jugar un papel claro. Mi intención es llevar la ley al Parlamento en septiembre.
Las empresas jugarán un papel fundamental. ¿Se habilitará un contrato específico para los alumnos que cursen la FP dual?
En la FP general, los alumnos realizarán entre un 25 y un 35% de formación en empresas. En la intensiva, entre un 35% y un 50%. En el segundo caso tendrán un contrato de formación, de aprendizaje, que se está negociando ahora en el marco de la reforma laboral.
¿Qué impacto tendrá en el empleo en Aragón y en España?
Estaremos por encima del 95%. Los estudios nos dicen que, en la próxima década, más del 50% de los empleos que se generarán irán destinados a técnicos medios, y la FP va a ser clave. Tenemos casi un 40% de desempleo juvenil de menores de 25 años, y esta nueva FP puede ser una oportunidad no solo para un trabajo remunerado sino para tener una vida.
¿Cuándo se aplicará?
Lo deseable sería que esté en marcha en el curso 2022-2023. Así estaríamos respondiendo a los fondos europeos ligados a ella.
De forma paralela se tramita la ley_Celaá. Usted se ha declarado_«firme defensora del trabajo colaborativo entre la educación pública y la concertada». ¿Se reafirma en ello a pesar de las críticas que ha recibido desde Podemos, su socio de Gobierno?
La educación es una cuestión de Estado para este Gobierno. Y como lo creo firmemente no voy a entrar en la confrontación. Creo sinceramente que si queremos trabajar por la mejora de la calidad de la enseñanza y del sistema educativo de este país flaco favor haría como ministra de Educación si entrara a esa confrontación. Mi objetivo es trabajar en una dirección: mejorar el sistema educativo y la calidad de la enseñanza.
¿Apuesta entonces por esa complementariedad?
La propia ley educativa lo refleja en su articulado: la educación en este país es un servicio público que se presta por la red pública o por la privada-concertada.
En Aragón miles de familias se echaron a la calle en 2017 para exigir que no se redujeran los conciertos educativos. ¿Ha podido influir en su opinión?
Manifestaciones ha habido la que me indicada, pero también por el otro lado. En 2013, con la Lomce, las calles se llenaron con la marea verde.
¿Se ha reunido ya con los padres de la concertada?
Sí, me reuní con ellos.
Su postura contrasta con su antecesora, Isabel Celaá, que criticaba lo que calificó como "mercadeo" de estos centros. La Lomloe prohíbe ceder suelo público para los concertados. ¿Es revisable?
Esta cuestión está reflejada en la ley claramente y es de obligado cumplimiento.
En educación especial, la Lomloe impone una inclusión total en centros ordinarios en diez años en contra de la opinión de los padres de los alumnos afectados. ¿Atenderá sus peticiones?
Me genera muchísima desazón el debate que se ha generado con este tema porque afecta a las familias más comprometidas por conseguir que sus hijos tengan la mejor atención. Por supuesto que me voy a ver con ellos. Faltaría más. La Lomloe apuesta por esa educación inclusiva en los centros ordinarios, pero los alumnos con necesidades que por su discapacidad tengan que hacerlo en la educación especial lo seguirán haciendo ahora y dentro de diez años. Con los mejores recursos y los mejores medios.
¿Qué se impartirá en Educación Cívica? ¿Será la Educación para la Ciudadanía de la época de José Luis Rodríguez Zapatero?
La educación es algo más que instruir. Es formar en valores aceptados por la mayoría como la solidaridad, la igualdad. Valores constitucionales, cívicos. Este es un debate que en los países de nuestro entorno está superado.
Algunos borradores de currículos de primaria han desatado críticas. ¿Se puede impartir Matemáticas con perspectiva de género?
Ahora mismo estamos trabajando en un documento borrador de estos decretos, en el que participan las comunidades que han querido hacerlo, los profesores... Cuando en septiembre tengamos toda la información se hará una nueva redacción de esos decretos, que saldrán a exposición pública. Y luego pasarán al debate del Consejo Escolar del Estado. Estamos detectando que en edades muy tempranas, a los 9 y 10 años, hay un rechazo de las niñas hacia las Matemáticas por una cuestión que se conoce en pedagogía como autoconcepto. Lo que estamos trabajando es cómo motivamos a las alumnas a la hora de hacer frente a esta asignatura.
Si, como permite la Lomloe, se admite otorgar títulos de ESO y bachiller a pesar de tener suspensos, ¿dónde queda la exigencia del esfuerzo?
Lo importante es conseguir que los estudiantes con dificultades puedan promocionar, que puedan seguir desarrollando al máximo sus capacidades dentro del sistema educativo. Eso no significa que no haya esfuerzo y que los alumnos puedan pasar alegremente. Aquí la decisión final de si un alumno promociona o no la tiene el claustro de profesores. Tengo absoluta confianza en ellos.
Otro aspecto delicado es la enseñanza en castellano en Cataluña. La Justicia insta a que el 25% del curso se imparta en castellano. ¿Lo aplicará?
Desde el punto de vista jurídico es un tema complejo. La última sentencia del Superior de Justicia de Cataluña está en casación en el Supremo. La posición de este ministerio quedó clara en la aprobación de la Lomloe, en la que en la disposición adicional 38 hablábamos de que los alumnos que cursen su formación en comunidades con lenguas cooficiales, al finalizar secundaria tienen que manejar la competencia en ambas lenguas, en castellano y en su lengua oficial. Cuando no estén adquiridas, se pondrán medios para hacerlo posible. Esa disposición recoge el espíritu de la Constitución respecto al castellano.
Como nacida en La Zaida, conoce bien la escuela rural.
En Aragón conocemos bien la España despoblada. El papel que juega la educación pública es fundamental, porque es la única que llega a esos municipios más pequeño. Es el corazón del sistema educativo.
Y sabe que también más cara. ¿Respaldará a Aragón en la petición de que la financiación autonómica compense el sobrecoste?
Afortunadamente este Gobierno ya ha dado el paso de sentarse con las comunidades. Es una responsabilidad que recae sobre la ministra_de Hacienda, María Jesús Montero, y no voy a entrar en competencias que no me corresponden.
