Los infectados en residencias se elevan a 485 y el conflicto por las PCR llega al TSJA

La sexta ola sigue sin dar tregua en las residencias. Los positivos continúan al alza y afectan ya a 485 personas:385 usuarios y 100 trabajadores. Aunque el número de brotes se reduce de 54 a 52, los contagiados son 33 más que hace una semana, según los últimos datos de la Consejería de Ciudadanía y Derechos Sociales. Preocupan especialmente los 35 que están hospitalizados, así como el hecho de que 23 de los 33 fallecidos de estos siete días procedieran de estos centros.

La consejera, María Victoria Broto, destacó que esta vez "no ha habido un incremento como en otras semanas", en las que sí hubo una mayor transmisión comunitaria. Cabe señalar, sin embargo,  que hasta 30 de los 33 nuevos infectados son residentes.

De acuerdo con el Ejecutivo aragonés, en 22 centros hay casos tanto en trabajadores como en usuarios, mientras que en 23, los brotes afectan únicamente a la plantilla y en los siete restantes, a los internos. La parte positiva está en que en 27 solo hay un positivo.

La propia consejera incidió en que lo que está ocurriendo en las residencias es "lo mismo" que está pasando en el conjunto de la sociedad. Subrayó, en este sentido, que los agrupamientos, las relaciones sociales y los festejos "tienen consecuencias", de ahí que instase a mantener la prudencia, ya que la mayor parte de los contagios se dan en jóvenes y las peores consecuencias, en la población de edad más avanzada. "No se plantean nuevas restricciones en las residencias, pero las que hay se tienen que cumplir por el bien de la sociedad", expuso.

Broto hizo estas declaraciones durante una visita al Hogar de Mayores de Valdefierro, que mantiene sus puertas abiertas todo el verano y ha empezado a recuperar sus actividades y servicios, claves para potenciar la actividad física y mental de sus 1.400 socios.

Respecto a una posible tercera dosis, la titular de Ciudadanía y Derechos Sociales insistió en que quien tiene que decidir es la comunidad científica. "Sí digo como consejera que, si se decide ponerla, quienes primero tendrían que recibirla son las residencias, ya que se trata de un sector de población envejecida y muy vulnerable", afirmó, al tiempo que destacó el efecto que ha tenido la vacuna en los centros de mayores. "Ha sido el verdadero cambio. Nos gustaría estar a cero, pero, desgraciadamente, la covid no ha salido de nuestras vidas", manifestó.

Mientras, CC. OO. ha solicitado medidas cautelares al Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) para paralizar las pruebas obligatorias cada 72 horas a trabajadores no vacunados. La Federación de Sanidad del sindicato ha presentado un recurso contencioso-administrativo al entender que se están vulnerando derechos fundamentales de las plantillas, una petición que se resolverá, previsiblemente, en cuestión de horas.

Se trata de la primera vez que se recurren las restricciones implantadas en las residencias de Aragón, ya que, hasta ahora, el conflicto judicial se había centrado en los horarios y aforos de la hostelería y el ocio nocturno.

La secretaria general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CC. OO., Delia Lizana, defiende que ni las PCR ni los test de antígenos deben ser asumidos por el personal, ya que, en el primer caso, pueden suponer hasta 450 euros al mes.

Los magistrados han rechazado las medidas cautelarísimas solicitadas inicialmente por CC. OO. al no apreciar "ningún tipo de urgencia", y más sin oír a las demás partes y especialmente, a la DGA.

"Choca contra su intimidad"

Según Lizana, la medida, que habría logrado reducir del 10,4% al 3% el porcentaje de trabajadores que se negaba a inmunizarse, "choca contra la ley de prevención de riesgos laborales" y atenta "contra la intimidad y la confidencialidad", ya que el personal "no tiene por qué dar a conocer su historial al empresario".

Advirtió, asimismo, de que ha generado "mucha incertidumbre" y una sensación de "malestar" en un periodo marcado por las vacaciones y la falta de plantilla. En estas semanas habrían sido varios los empleados no vacunados que se han negado a pagar las PCR o los test de antígenos, siendo sus empresas las que, por el momento, han asumido el coste. También hay quien, directamente, se ha cogido una excedencia.

Preguntada a este respecto, la consejera recalcó que el Departamento piensa que todos estos trabajadores "deben estar vacunados". "Sabemos que no podemos obligarles, pero desde un punto de vista ético y teniendo en cuenta cuál es el trabajo que llevan a cabo, deben estarlo", dijo. En este sentido, señaló que todas las instrucciones se toman "de acuerdo con el Departamento de Sanidad", y que la pretensión no era que estos trabajadores tuvieran un gasto extra, sino que se vacunasen. "Es un derecho que tienen y que deben ejercer para protegerse ellos mismos, a sus familias y a las personas mayores", dijo.

Lo importante, según Broto, es que hasta un 97% de los empleados han dicho ‘sí’ a la vacuna. El mensaje, en todo caso, será el mismo hasta que se alcance el 100%: prudencia y responsabilidad para protegerse uno mismo y garantizar la seguridad de todas las personas con las que trabajan.