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Covid-19

El personal de residencias sin vacunar no podrá cuidar de usuarios sin las dos dosis

CC.OO. y UGT dicen que la medida es inviable y que les vuelven a estigmatizar.

Imagen de archivo de la campaña de vacunación en la residencia de Grañén.
Imagen de archivo de la campaña de vacunación en la residencia de Grañén.
Patricia Puértolas

Los trabajadores de residencias que no se hayan vacunado contra la covid-19 no podrán cuidar de usuarios que no tengan las dos dosis. Tampoco podrán estar en contacto con internos no inmunizados durante una semana todos aquellos que, teniendo o no la pauta completa, vuelvan de vacaciones o de un permiso de más de 15 días. Así consta en la nueva resolución del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales, publicada ayer en el Boletín Oficial de Aragón (BOA).

El texto fija una serie recomendaciones que buscan evitar la propagación del virus y la aparición de nuevos focos. La sexta ola deja actualmente 54 brotes activos y 452 personas contagiadas en la Comunidad: 355 residentes y 97 trabajadores, unos números que preocupan por su tendencia ascendente y por el creciente número de fallecidos y hospitalizados.

La resolución establece que, en adelante, los usuarios tendrán que llevar mascarilla cuando haya un contacto estrecho y directo con trabajadores u otros prestadores de servicios. También tendrán que usarla durante las visitas con independencia de que se desarrollen en el interior o en el exterior y durante los tres días siguientes al retorno a la residencia en los espacios comunes o para la realización de actividades grupales siempre que hayan salido del centro durante diez o más días.

Se insiste, en este sentido, en que los trabajadores de nueva incorporación completen su inmunización antes de acceder a su puesto, y que, de no ser posible, se programe su vacunación a la mayor brevedad, extremando las precauciones hasta ese momento.

Ante el avance de la variante delta, la DGA también recomienda que los residentes salgan "preferentemente a aquellos domicilios en los que la mayoría de las personas que integran el núcleo familiar hayan completado la pauta de vacunación", así como que, en caso de brote, "acudan, preferentemente, aquellos que hayan recibido las dos dosis".

"Faltan manos"

Actualmente, un 97% de los residentes de la Comunidad tienen puesta al menos la primera dosis, mientras que un 95% tiene la pauta completa, según los últimos datos de Ciudadanía.

Para la secretaria de Servicios Sociales de UGT, Angélica Mazo, la medida es "positiva, pero inviable" por la falta de personal en los centros de trabajo. "La mayor parte no han sustituido vacaciones. No se están haciendo contrataciones, sino que se están cubriendo los huecos con los propios trabajadores", explicó. Aunque como planteamiento le parece "correcto", la realidad es que "se necesitan más manos", de ahí que no vea posible limitar la actividad de los trabajadores no vacunados y de todos aquellos que vuelvan de permiso o vacaciones.

"En las residencias grandes aún podrán manejarse, pero en las pequeñas, donde apenas se quedan dos trabajadores en los turnos de tarde y de noche, será prácticamente imposible", dijo.

Lamentó, asimismo, que vuelva a descargarse toda la responsabilidad en los empleados. Sobre todo cuando los residentes pueden seguir entrando y se mantienen las visitas de familiares. Llegados a este punto, Mazo considera que "habría que hacer controles periódicos a todos, tanto vacunados como no vacunados", para comprobar los niveles de inmunidad de trabajadores y usuarios. "También va a ser necesario empezar a estudiar una posible tercera dosis", agregó.

En esta línea, la secretaria general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CC. OO., Delia Lizana, criticó que se esté "estigmatizando" a los trabajadores. "Entiendo que se deban poner normas, pero los paganos no tendrían que ser siempre los mismos. Debemos llegar a un protocolo efectivo que no perjudique a las plantillas y no choque con la ley de prevención de riesgos laborales", dijo en referencia a la obligatoriedad de hacerse test cada 72 horas para los no vacunados.

A este respecto, Mazo confirmó que sigue habiendo trabajadores que se niegan a hacérselos y a pagarlos de su bolsillo pese a las advertencias de la Consejería, que amenazó con expedientes sancionadores. También ve "complicado" que el Ejecutivo pueda reubicar a estas personas dentro de los propios centros.

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