Las residencias aragonesas se topan con trabajadores sin vacunar que rechazan las PCR cada 72 horas
El Ejecutivo autonómico les va enviar una advertencia de que se les sancionará si no cumplen la medida establecida.
La medida aprobada por el Gobierno aragonés que obliga a los trabajadores de las residencias de mayores que no se han vacunado a someterse a una prueba diagnóstica cada 72 horas para probar que son negativos se está encontrando con el rechazo de algunos profesionales. Esta situación ha llevado a la Asociación de Residencias de Ancianos y Servicios de Atención a los Mayores (Lares) a solicitar el asesoramiento del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales sobre cómo actuar con estos profesionales. Según la normativa dictada por la DGA, este personal no podría trabajar en estos centros asistenciales.
La presidenta de Lares, Emilia Bergasa, explicó que han planteado una consulta a la DGA tras detectar en la organización al menos ocho casos de empleados, pertenecientes a cuatro residencias, que no están inmunizados por decisión propia y que han comunicado su negativa a hacerse una PCR o un test de antígenos. Aunque reconoció que se trata de "situaciones muy puntuales y minoritarias", cree que es "necesario" saber cómo tienen que afrontar este tipo de situaciones. Lares engloba a 45 geriátricos de iniciativa social, además de 12 centros de día. En una encuesta que se ha pasado a todos ellos se han encontrado con al menos ocho empleados, de un total de 1.495, que no quieren realizarse las pruebas diagnósticas.
Esta patronal trasladó este martes el "complejo" asunto al Departamento de Ciudadanía, además de ponerlo también en manos de su asesoría jurídica. "Nos han atendido con mucha diligencia, de lo que estamos muy agradecidos, y esperamos que nos den una respuesta porque estamos convencidos que esta misma situación puede estar dándose en otras residencias", aseguró Bergasa.
Desde el Departamento señalaron que a los trabajadores que no cumplan se les va a enviar "un requerimiento de advertencia de procedimiento sancionador". Además, señalaron que así se recoge en las instrucciones que se remitieron a los centros tras la aprobación de la orden que incluía este tema.
La secretaria de Servicios Sociales de UGT, Angélica Mazo coincidió en que se trata de una tesitura "compleja". Por un lado, apuntó, "la decisión es personal, porque nadie puede obligar". Pero en esta coyuntura "la protección de la salud, tanto de los trabajadores como de los residentes debe primar", afirmó. Además, las residencias "tienen que cumpliar la normativa de la DGA".
Mazo sugirió que se pueden plantear soluciones para estos empleados, como una suspensión temporal hasta que deje de aplicarse la medida, permisos sin sueldo, disfrute de vacaciones o labores fuera de las instalaciones. También se mostró convencida de que el porcentaje de personal de las residencias sin inmunizar que actualmente es del 6% va a ir a la baja en las próximas semanas.
