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La DGA dicta la orden de los toques de queda en Aragón y obliga a la justicia a pronunciarse

La Consejería asegura contar con el aval del Ministerio de Sanidad y los alcaldes de Huesca, Barbastro, Monzón y Jaca para restringir la movilidad de 1.00 a 6.00.

El repunte de positivos ha obligado a la Policía Nacional a reforzar la vigilancia en Huesca
El repunte de positivos ha obligado a la Policía Nacional a reforzar la vigilancia en Huesca
Pablo Segura

La curva vertical de casos de coronavirus en Huesca, Barbastro, Monzón y Jaca hace que el toque de queda sea "la medida más eficaz para frenar los contagios en este momento". Es la tesis que defiende el Gobierno de Aragón en la orden que presentó ayer ante el Tribunal Superior de Justicia para limitar la movilidad de 1.00 a 6.00 tras el auto de la Sección Primera de la sala de lo contencioso-administrativo, que evitó pronunciarse sobre la medida. El Ejecutivo autonómico asegura tener el aval del Ministerio de Sanidad y de los alcaldes de estas cuatro localidades, que siguen empeorando sus cifras.

Jaca supera los 1.607 casos por cada 100.000 habitantes a siete días, mientras que la incidencia acumulada de Huesca rebasa ya los 646. La de Monzón alcanza los 606 y la de Barbastro está en los 541, por encima de los 450 que marca la media de la Comunidad.

Estos cuatro municipios encadenan prácticamente 20 días de incrementos, sin que por el momento se observe un cambio de tendencia que apunte a una mejoría. Jaca, de hecho, consiguió quedarse a cero a finales de junio, pero actualmente tiene la incidencia más alta entre los municipios de más de 10.000 habitantes.

A nivel nacional, Cataluña, Comunidad Valenciana, Cantabria y Navarra han conseguido el aval de sus Tribunales Superiores de Justicia. En cambio, el toque de queda ha sido rechazado en Canarias y Extremadura. El Gobierno aragonés insiste en su escrito en la necesidad de limitar la movilidad para "preservar la salud" de los más de 102.000 habitantes de estos cuatro municipios "y de la población en general".

Defiende, en este sentido, que en este momento de la pandemia "es la solución que menos afecciones generaría en la economía", ya que tanto la hostelería como el ocio nocturno están obligados a cerrar a las 0.30 y no admitir nuevos clientes desde la medianoche. El principal objetivo sería, por tanto, evitar las agrupaciones de personas en parques y domicilios particulares para así contener la transmisión en la población de menos edad, que aún no está vacunada.

Fuentes del Ejecutivo apuntaron que "se está manteniendo una comunicación constante» con los regidores, que comparten la necesidad de tomar esta medida «con carácter inmediato". Tras el auto del TSJA, el Departamento de Sira Repollés también ha mantenido contactos con los servicios jurídicos del Ministerio para aclarar la situación.

En este sentido, las mismas fuentes aseguraron que el Ejecutivo de Pedro Sánchez comparte la fórmula utilizada por la Consejería, hasta ahora reacia a plantear toques de queda.

El propio Departamento había reiterado que solo la aplicaría ante una situación "muy extrema" que no estuviera "absolutamente controlada", de ahí que se trate, según destacó Repollés el pasado jueves, de

16 meses de idas y venidas

En estos 16 meses de pandemia han sido varios los varapalos judiciales que han obligado a la DGA a dar marcha atrás. Los primeros en llevar al Ejecutivo autonómico ante los tribunales fueron los médicos, que elevaron sus quejas por la falta de equipos de protección individual. No le valió a los jueces la "causa mayor" alegada por la DGA, que fue condenada en las tres provincias.

No obstante, han sido la hostelería y el ocio nocturno los que más veces han llevado al Departamento de Sanidad ante la Justicia por la reducción de aforos y horarios. Ya en agosto de 2020 consiguieron revertir el cierre a la 1.00 en los municipios sin restricciones y durante los ‘no Pilares’, el TSJA dejó sin efecto las medidas aprobadas solo unas horas antes por la DGA, pudiendo estar al 75% en interiores y al 100% en terrazas. En mayo de este año, la Justicia tumbó la orden dictada el 9 de septiembre de 2020 por la que se limitaba el número de asistentes a bodas, comuniones, banquetes y otras celebraciones sociales y a mediados de este mes aceptó las cautelarísimas solicitadas por Cafés y Bares y el ocio nocturno, dando marcha atrás horas después para evitar la aplicación de un nivel 2 estricto que habría endurecido las restricciones.

El toque de queda no es, en todo caso, el único frente judicial que tiene abierto el Gobierno de Aragón. En junio, Vox llevó a los tribunales la orden que limita el derecho de reunión a un máximo de 10 personas por considerar que iba en contra de la Constitución, cuestión sobre la que todavía no ha habido un pronunciamiento, y no se descarta que los empresarios de pubs y discotecas vuelvan a los tribunales ante las últimas restricciones, que elevan el horario de la hostelería hasta las 0.30.

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