La DGA prepara una norma que permitirá a Lambán declarar una emergencia global
Asumirá la dirección de las actividades y podrá reorganizar los servicios, según el borrador de la ley. El Gobierno de Aragón podrá activar fondos de ayudas para los afectados.
El presidente de Aragón, Javier Lambán en la actual legislatura, tendrá la potestad de declarar la situación de una "emergencia integral" en la Comunidad. Cuando lo haga, asumirá la dirección de todas las actividades de auxilio, pasando a depender de él toda la estructura organizativa del Plan de Protección Civil de Aragón. Podrá implicar la reorganización orgánica y funcional de los servicios administrativos y dictar normas de urgencia para afrontar medidas de emergencia, que deberán estar motivadas antes de publicarse en el Boletín Oficial de Aragón. Así se recoge en el borrador del anteproyecto de ley del sistema de Protección Civil y gestión de emergencias de la Comunidad, que fijará protocolos de prevención y actuación ante fenómenos meteorológicos adversos.
Entre las novedades más destacadas, se encuentra la creación de un sistema integral de protección civil y emergencias y la obligación de que los municipios de más de 10.000 habitantes tengan su propio plan de protección civil, algo que actualmente solo se exige a aquellas localidades con más de 20.000 vecinos. A esto se añade también la incorporación en la ley de las Unidades de Coordinación Operativa Comarcales (Ucocal) como un órgano más.
En la consejería de Presidencia del Gobierno aragonés, de la que depende la Dirección General de Protección Civil, quieren que este anteproyecto se apruebe a finales de agosto, para someterlo, después, a un trámite de participación pública. Tras este proceso participativo, habrá un periodo de entre seis y nueve meses para aprobarlo, así que la DGA estima que pueda sacarse adelante hacia el último periodo de sesiones del año 2022.
El borrador del anteproyecto incluye la respuesta económica que dará la DGA a la gestión de la pandemia. Los expedientes necesarios para las obras, servicios y suministros se tramitarán por procedimientos de urgencia o emergencia. Las autoridades identificarán, evaluarán y recabarán los daños producidos, y dispondrán las medidas para la restauración del tejido económico y social afectado. La DGA podrá habilitar un «fondo de ayuda los afectados por catástrofes o calamidades públicas». Las ayudas que se concederían a través de él se financiarían con cargo a créditos ampliables, consignados en los presupuestos de la Comunidad para atenciones motivadas por siniestros o catástrofes.
Control de llamadas al 112
En la futura norma se fijan directrices para un uso adecuado de las llamadas al Centro de Emergencias de Aragón a través del 112. Así, todas serán identificadas y grabadas para un eficaz funcionamiento del servicio y se conservarán durante dos años, salvo que esté en curso una investigación judicial. Porque las llamadas falsas, abusivas, insultantes, amenazadoras o jocosas, además de constituir una infracción administrativa tipificada por ley, serán comunicadas al Ministerio Fiscal por si hubiera, también, responsabilidad penal por demandar un falso auxilio o entorpecer avisos reales de una emergencia. La responsabilidad recaerá directamente en el autor de la llamada y, si es menor o incapaz, responderán sus padres, tutores, acogedores o guardadores.
El anteproyecto trata de garantizar el derecho a la protección, en especial de los colectivos vulnerables, a la participación en la confección de la ley y el de información, de manera que recoge que en caso de emergencia «todos los medios están obligados a transmitir gratuitamente y de forma fiel, veraz y prioritaria las informaciones, avisos e instrucciones dirigidas a la población que les remita la autoridad. También incluye el deber de colaboración, que permitiría que se requisen e intervengan medios necesarios para hacer frente a una emergencia, y de autoprotección, por el que se obliga a los ciudadanos a adoptar las medidas exigidas.
El Gobierno de Aragón asumirá la dirección y coordinación de protección civil, aprobará los planes y será el encargado de solicitar al ministerio competente la declaración de interés nacional de una emergencia producida en la Comunidad. También podrá solicitar a la Administración general del Estado la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil y deberá ejercer la potestad sancionadora, con multas que podrán llegar a los 600.000 euros según sean tipificadas como infracciones leves, graves o muy graves.
