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Aragón activa los 85,3 millones del fondo europeo de recuperación para impulsar servicios sociales

El convenio entre los gobiernos central y autonómicos establece el reparto del dinero entre 2021 y 2023

Las consejeras Pérez y Gastón, tras el Consejo de Gobierno.
Las consejeras Pérez y Gastón, tras el Consejo de Gobierno.
DGA

El Gobierno de Aragón ha iniciado la cuenta atrás para repartir los comprometidos 85,23 millones de los fondos europeos de recuperación para impulsar proyectos vinculados a los servicios sociales entre este año y los dos próximos. Así lo establece el convenio de colaboración negociado con el Ministerio de Derechos Sociales al que dio este miércoles su visto bueno definitivo el Consejo de Gobierno de la DGA, cuya cuantía fue aprobada en el Consejo Territorial de Servicios Sociales del pasado 30 de abril y que permitirá respaldar centros de mayores o la teleasistencia.

El Ejecutivo autonómico detalló que el Ministerio ha reservado una asignación total de 910,30 millones para este eje del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. De esta cuantía, Aragón asignará este año las iniciativas que recibirán 23,7 millones y en los dos ejercicios siguientes distribuirá unas cantidades mayores, 29,2 y 32,4 millones.

Con el importe de 2021 se pretende subvencionar con 6,2 millones a los centros de mayores y de menores, tal y como autorizó con antelación el mismo Consejo de Gobierno. La partida también permitirá afrontar una inversión de 2,55 millones para la red de centros públicos de Aragón y otra de 2,4 dirigida a desarrollar la teleasistencia avanzada para mayores.

La misma DGA señaló que el resto de los proyectos respaldados este año estarán enfocados a modernizar los servicios sociales. Además, prevé destinar fondos a equipamientos que faciliten la transición a la vida independiente de personas con discapacidad.

En la misma rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, las consejeras de Presidencia, Mayte Pérez y Marta Gastón, han dado cuenta de otras iniciativas, como la aprobación del proyecto de ley de Economía Social, consensuado con el sector con el objetivo de fomentar este tipo de actividad, regularla y visibilizarla. El texto hace especial intención a los ámbitos educativo y rural, a la generación de empleo y a la reducción de las cargas administrativas que dificultan la creación de empresas.

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