covid-19
El TSJA desvincula los rebrotes de la hostelería y la DGA reduce aforos y cierra el ocio de noche
El Tribunal tumbó ayer las últimas restricciones al sector y dejó entrever que cabe ampliar horarios. El Ejecutivo se aferra a la ley y aduce que el auto judicial le aboca a aplicar el nivel de alerta 2 estricto.
El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) volvió a ponerse ayer del lado de la hostelería y la restauración al aceptar las medidas cautelarísimas solicitadas por cafés, bares y ocio nocturno y suspender la última regulación de horarios y aforos impuesta por el Gobierno de Aragón el 8 de julio. Para la Sala de lo Contencioso-Administrativo, no consta a priori una «relación directa» entre la hostelería y los nuevos brotes de coronavirus detectados en la Comunidad, por lo que no se justificarían las limitaciones a un sector que atraviesa «un periodo durísimo de baja de la actividad». Sin embargo, la respuesta del Ejecutivo autonómico al auto judicial tendrá incluso peores consecuencias para la restauración, ya que desde ayer queda suspendido el ocio nocturno y se reduce a la mitad el número de mesas de las terrazas, en las que también se limita de 10 a 6 el número de clientes.
La Asociación de Cafés y Bares y la de Empresarios de Salas de Fiesta, Baile y Discotecas recurrieron a los tribunales con el objetivo de volver recuperar los horarios y aforos de comienzos de julio, cuando la tendencia positiva de la pandemia permitió a la hostelería abrir hasta la 1.00 y a las discotecas, hasta las 3.00. Y aunque el TSJA les ha dado la razón y ha tumbado parte de la orden de la DGA, la suya ha sido una victoria amarga. Porque el auto del que ha sido ponente el magistrado Javier Albar deja entrever que sería factible esa flexibilización de restricciones, pero no concreta cuáles deberían ser los nuevos horarios y aforos. De ahí que los propios impulsores del recurso hayan pedido una aclaración urgente.
El espíritu del auto parece claro, ya que los magistrados son tajantes al vincular el repunte de positivos que ha dado lugar a la sexta ola de covid-19 en Aragón no con la hostelería, sino con los viajes y celebraciones del fin de curso y la mayor movilidad del verano. Sin embargo, tras estudiar la resolución del TSJA, el Gobierno aragonés emitió ayer por la tarde un comunicado en que aseguraba verse abocado a aplicar de forma literal las medidas previstas para el nivel 2 de alerta sanitaria en el sector de la hostelería.
«La resolución judicial suspende la modulación establecida en la orden para la hostelería, no la norma legal que estableció el paso a alerta sanitaria 2 (el Decreto Ley 4/2021, también de 8 de julio). La aplicación del régimen legal, sin las modulaciones suspendidas, implica el cierre del ocio nocturno y reducciones en los aforos y en el número de personas por mesa», alegaba la DGA.
El auto reaviva las tensiones
Lo que resulta evidente es que el auto de la sala de loContencioso- Administrativo ha reavivado las tensiones entre el Ejecutivo regional y el TSJA, que ya ha dictado varias resoluciones invalidando medidas administrativas dictadas para contener el virus. Los jueces reprochan ahora a la DGA el que califican de «vaivén normativo» y recuerdan que con el paso del nivel de alerta 1 al 2 en apenas 8 días se ha condicionado a los hosteleros causándoles un importante perjuicio. «Se llevó a cabo una importante reapertura en las restricciones, lo que hizo sin duda que muchos negocios sacaran del ERTE a sus empleados, o tal vez incluso contrataran personal, y con seguridad harían nuevos pedidos en materia prima», señala el auto del TSJA.
Al invalidar las últimas restricciones a la hostelería, los magistrados recuerdan que «no se ha acreditado o justificado en la orden que las actividades que se pretenden restringir estén directamente relacionadas con el brote nocturno». En cualquier caso, al aceptar las cautelarísimas, el Tribunal Superior da de plazo al Gobierno aragonés hasta el próximo 16 de julio para que presente alegaciones, que se tendrán en cuenta a la hora de entrar al fondo de la cuestión y resolver la cautelar.
Según fuentes del Gobierno aragonés, ayer mismo se presentaron dichas alegaciones para agilizar lo máximo posible el proceso. No en vano, la DGA considera que «las medidas cautelarísimas acordadas por la Sala de lo Contencioso-Administrativo a instancia del recurrente son perjudiciales para los sectores económicos afectados». De hecho, el Ejecutivo entiende que actúa en defensa de un sector que ayer reconocía vivir un auténtico desconcierto y que teme más que nunca por su futuro.
