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Mina Muga obtiene la concesión minera y empezará a construirse en marzo de 2022

En Aragón se ubicarán los accesos y en Navarra los centros para tratar la potasa

Recreación del proyecto de la mina de potasa Mina muga de Geoalcali (Highfield Resources)
Recreación del proyecto de la mina de potasa Mina muga de Geoalcali (Highfield Resources)
S. E.

Mina Muga, proyecto para construir una mina de potasa en terrenos de los términos municipales de Sangüesa (Navarra) y Undués de Lerda (Aragón), ha obtenido el visto bueno como concesión minera por parte del Gobierno central y los dos gobiernos autonómicos implicados. Un trámite fundamental que llega siete años después de que Geoalcali (filial de la empresa australiana Higfield Resources) empezase a gestionar en 2014 este proyecto minero, el primero de estas características en España que por fin va a hacerse realidad, en palabras de Ignacio Salazar, director general de la firma. «Ya teníamos ganas. Son proyectos complicados. Logramos la autorización medioambiental en junio de 2019 –no sé si hay otro sector sometido a un nivel de escrutinio como este– y ahora de la preparación de permisos vamos a pasar a preparar la construcción», dijo, y previsiblemente «en primavera de 2022 empiecen los trabajos» sobre el terreno.

Será, según Salazar, dentro de unos ocho meses cuando se verán ya máquinas trabajando para iniciar las obras de Mina Muga. Es necesario, explicó, que confluyan varios requisitos pendientes: haber obtenido las licencias municipales necesarias; que se haya cerrado con Acciona, el contratista principal de la obra, el proyecto definitivo; que se logre la financiación del proyecto con varios bancos europeos, y que esté preparado el minador encargado al fabricante Komatsu, de 5 metros de ancho y 25 de largo, que se utilizará para hacer las dos rampas de entrada a la mina y posteriormente para el arranque del mineral, la potasa, «imprescindible para la fertilización de los cultivos».

Salazar, consejero delegado de Geoalcali y director general de Mina Muga, recordó que los dos bocaminas van en la parte aragonesa mientras que en la navarra se construirán dos plantas de recepción y tratamiento del mineral, si bien esas, señaló, necesitarán un plazo de ejecución más largo, de dos años y medio, es decir, que Mina Muga no podrá estar operativa hasta avanzado el año 2024. Su construcción, recordó Salazar, supondrá la contratación de unas mil personas, mientras que después para la explotación se requerirán de 500 a 800.

En la actualidad, subrayó, lo determinante es conseguir financiación, «crédito por más de 200 millones», para avanzar y en primavera del año que viene ver máquinas ya trabajando en las dos bocaminas de la parte aragonesa de seis metros de ancho por cinco de alto y unas rampas de tres kilómetros y medio bajo tierra para acceder al mineral que se encuentra a 350 metros de profundidad. «El precio de la potasa se está disparando y al estar en la Bolsa de Australia, eso ayuda de cara a los inversores australianos», apuntó.

«Haber obtenido la concesión minera es un hito fundamental», recalcó Salazar, satisfecho de haber logrado lo más difícil –si bien aún se ha de cerrar la financiación– para hacer realidad un proyecto con viabilidad a 30 años, que «aborda decisivamente la problemática de la despoblación rural, ya que por su propia naturaleza debe ubicarse donde se encuentra el mineral» y que a diferencia de otros «tiene capacidad de generar inversión, empleo, I+D y desarrollo industrial», destacó. El directivo reconoció que sí le preocupa el rechazo que Mina Muga provoca en algunos detractores, pero que hasta ahora los apoyos al proyecto han sido mayoritarios.

CHA pide pararlo y critica que el Gobierno le haya dado luz verde

La secretaria general de CHA, Isabel Lasobras, lamenta la decisión del Ministerio de conceder el permiso para la puesta en marcha del proyecto Mina Muga al considerarlo «insostenible» y pide al Gobierno de España que dé explicación. Además, Lasobras, vía comunicado, hace suyas «todas las argumentaciones formuladas por la plataforma en contra de las minas de potasa de la Bal d’Onsella y la Sierra del Perdón». Y, recuerda, que ya en agosto de 2020, durante el periodo de exposición pública, CHA presentó alegaciones para «reiniciar la tramitación ambiental» y «realizar una evaluación externa del proyecto completo».

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