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Las Cortes de Aragón negociarán el tributo que deroga al ICA y la oposición pide una rebaja mayor

Inician la tramitación del Impuesto Medioambiental sobre las Aguas Residuales.

María del Mar Rodrigo, Javier Sada y Ramiro Domínguez, este martes, en el pleno de las Cortes.
María del Mar Rodrigo, Javier Sada y Ramiro Domínguez, este martes, en el pleno de las Cortes.
Guillermo Mestre

Las Cortes de Aragón van a seguir tramitando el proyecto de ley del Impuesto Medioambiental sobre las Aguas Residuales (IMAR), el tributo que sustituirá al polémico ICA, en un proceso en el que la oposición quiere centrar sus esfuerzos en recortar el coste que supone para las familias. Con la configuración actual, las arcas autonómicas dejarán de ingresar 5,7 millones de euros y las familias con un consumo mensual por debajo de los 16 metros cúbicos verán rebajada su factura

El consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, expuso que el IMAR será "un único tributo" que dará "los mismos resultados" que los que se pretendían obtener con la fórmula de impuesto y tasa, indicando que este nuevo gravamen traerá consigo coeficientes reductores para quienes solo hubieran estado sujetos a un impuesto y no a una tasa.

El IMAR será compatible con figuras impositivas de ámbito local, e incorporará una tarifa variable en el uso doméstico pues, como advirtió Olona, en Aragón hay 100.000 viviendas vacías y 140.000 segundas residencias a las que hay que garantizar el servicio.

Fue el diputado popular Ramón Celma más crítico con un nuevo tributo que "queda eclipsado por el afán recaudatorio de la DGA" y que hará que los aragoneses sean "los que más paguen del país". Las críticas de Santiago Morón, de Vox, se centraron en la penalización que sufrirán las familias numerosas y Javier Martínez, de Cs, advirtió al cuatripartito que ve "difícil" que su partido apoye una ley donde la rebaja para los consumidores quede "por debajo de los diez millones".

El interés se centraba en ver cómo defendía el podemista Nacho Escartín una propuesta que fue su caballo de batalla en la anterior legislatura y que le obliga ahora a dejarse demasiados "pelos en la gatera". Porque la propuesta de la Red de Agua Pública de Aragón (Rapa) no convence ni tampoco a su compañera de partido Erika Sanz que, en su último pleno antes de renunciar el acta, se volvió a saltar la disciplina de voto y se abstuvo. Lo hizo por "coherencia". La del ICA fue para ella "una lucha del movimiento social, se peleó y no sirvió para nada". Para ella esta nueva ley se queda "en un cambio de nombre".

Intentaba salir del paso Escartín como podía, enfatizando que "el ICA pasará a la Historia" y que responde al "cumplimiento de un acuerdo" del Gobierno de Aragón. Recordó que se ha conseguido que los ayuntamientos no tengan que pagar las multas de la CHE por el Plan Pirineos y que haya una financiación finalista para la construcción de nuevas depuradoras.

Álvaro Sanz, de IU, consideró que "se debe afinar más" en la determinación de los consumos estimados porque establecer un tipo fijo "sin criterio" puede "provocar agravios".

Aforamiento del Gobierno

El pleno de las Cortes dio luz verde al proyecto de Ley de modificación de la norma del Presidente y a la Ley de Organización y Régimen Jurídico del Sector Público Autonómico de Aragón. Las dos leyes salieron adelante entre críticas de la oposición, porque apenas se aceptaron sus enmiendas, y a un cuatripartito que insistía en que se regulaban cuestiones técnicas, mientras PP y Cs les acusaban de haber intentado mantener privilegios a través de una enmienda que finalmente transaccionaron. El diputado de Vox David Arranz declaró que su partido es contrario a los aforamientos, y que carecía de sentido que la ley de Presidente lo modificara porque a toda ley le afectará lo recogido en el Estatuto de Autonomía.

También se quejó la oposición de que no se atendieron sus peticiones de dotar de una transparencia mayor en las sociedades participadas por el Gobierno.

Uno de los mayores consensos de la sesión se produjo en la consolidación del decreto-ley por el que se adoptan medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia. Todos votaron a favor, salvo Vox, que optó por la abstención. No sin cierta crítica por parte del diputado del PP Javier Campoy que reprochó que la norma "llega con mucho retraso" y por lo que queda para "ver las perricas" en una situación "extrema" como la que estamos.

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