Aprobada la reforma de la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragón
El principal objetivo es "mejorar la calidad normativa" y modificar el Título VIII, que regula la iniciativa legislativa gubernamental y su potestad para dictar normas con rango de ley y reglamentos.
Las Cortes de Aragón han aprobado este martes, en sesión plenaria, la reforma de la Ley del Presidente y del Gobierno autonómico, cuyo principal objetivo es "mejorar la calidad normativa" y modificar el Título VIII, que regula la iniciativa legislativa gubernamental y su potestad para dictar normas con rango de ley y reglamentos, así como el procedimiento de elaboración y los principios de buena regulación.
En concreto, se unifica el procedimiento de elaboración de las disposiciones generales y se incorpora una tramitación de urgencia para las iniciativas normativas y disposiciones reglamentarias, que reduce los plazos a la mitad, simplifica la memoria y exime de la consulta pública previa.
En definitiva, el nuevo texto "se adecua el procedimiento administrativo de elaboración de disposiciones normativas a las exigencias de la legislación básica con el objetivo de contribuir a una mayor claridad del mismo, todo ello en garantía de una mayor seguridad jurídica y participación de los ciudadanos en un procedimiento tan importante como lo es la elaboración de normas que inciden en la vida de la ciudadanía".
Ha presentado el dictamen de la Comisión Institucional sobre el proyecto de ley el coordinador de la Ponencia, el diputado socialista Darío Villagrasa, quien ha resaltado los avances en materias como la participación ciudadana, la presentación de los textos legislativos y los trámites de audiencia, añadiendo que "el Parlamento sigue teniendo la capacidad de proponer iniciativas legislativas, de enmendar o presentar textos alternativos al Gobierno".
Desde Podemos, Vanesa Carbonell ha expuesto que esta reforma legislativa permite mejorar las normas de actuación del presidente y del Gobierno regional, "adaptarlas a la dimensión actual de sus competencias", que requiere "mecanismos ágiles y eficaces". Ha aplaudido la obligación de presentar informes de impacto de género a los proyectos legislativos.
En representación de CHA, Carmen Martínez ha destacado que con esta modificación legislativa mejorarán la calidad técnica y la seguridad jurídica de los textos legislativos, "sin olvidar la eficacia y la participación", tras lo que ha elogiado la implantación de los informes de impacto de género y discapacidad y también que se puedan recuperar los proyectos legislativos tras finalizar la legislatura y no sea necesario empezar de cero, como actualmente.
El portavoz del PAR, Jesús Guerrero, ha resaltado la apuesta por la agilidad administrativa y la transparencia, indicando que con la reforma "se pretende reflejar la demanda de la sociedad, las nuevas actividades y escenarios económicos y sociales".
El parlamentario de IU, Álvaro Sanz, ha apostado por incrementar la transparencia y la participación, para lo que ha enmendado el texto, indicando que en materia de transparencia "queda mucho por andar".
La portavoz adjunta del PP, Mar Vaquero ha expuesto que este partido ha intentado "mantener el control que debe ejercer el poder legislativo sobre el ejecutivo" y "evitar la arbitrariedad y la discrecionalidad por parte del Gobierno".
Sector Público
En otro orden de cosas, la cámara ha aprobado la reforma de la Ley de Organización y Régimen Jurídico del Sector Público de la Comunidad Autónoma, que supone una revisión de la regulación del marco jurídico del sector público tras la aprobación de leyes básicas del Estado que regulan la Administración Pública, según ha expuesto el coordinador de la Ponencia, el diputado socialista Óscar Galeano.
La diputada del PP, Ana Cristina Sainz, ha señalado que "la economía competitiva exige que la Administración sea ágil y transparente", lamentando que esta reforma "llega tarde" y ha avisado de que exige un marco presupuestario que permita aplicar todas las iniciativas que se deriven del texto legislativo.
En el turno del PSOE, Óscar Galeano ha defendido la reforma legislativa porque el cambio experimentado por la sociedad requiere una Administración "mucho más compleja, más ágil y coordinada", mientras que el diputado de Cs, José Luis Saz ha dicho que esta es una ley eminentemente política, no técnica, y ha considerado que "se podría haber enriquecido de una mejor manera".
La parlamentaria de Podemos, Marta Prades, ha expresado que esta iniciativa legislativa pretende "establecer una regulación más clara y ordenada del sector público" y avanzar en la simplificación sin perder eficacia. Carmen Martínez (CHA) ha indicado que "la Administración es cambiante" y que ahora es una realidad la Administración electrónica.
En representación del PAR, Esther Peirat ha abogado por mejorar "día a día" la Administración Pública y propiciar la adaptación telemática y digital para acercarse a los ciudadanos. La diputada de Vox Marta Fernández ha manifestado sus dudas por el control de eficacia establecido y ha recomendado establecer mayores controles sobre la participación del Gobierno en el sector público.
Por último, el diputado de IU, Álvaro Sanz ha considerado necesario introducir "más concreción" sobre la aplicación de los principios de mérito, igualdad y capacidad en la contratación en el sector público, y ha propuesto mejorar el marco de participación y la transparencia.
