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Ribera avala Mularroya, Santolea, Almudévar y Yesa, pero veta iniciar nuevos embalses

La propuesta de plan del Ebro de 2022 a 2027 apuesta por finalizar los cuatro que están en obras. Descarta aumentar los recursos hídricos con más pantanos o grandes trasvases entre cuencas.

La vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, este lunes, durante la presentación.
La vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, este lunes, durante la presentación.
miteco

Una de cal y otra de arena. Es la conclusión que se puede extraer del plan hidrológico de tercer ciclo (2022-2027) del Ebro que planea el Gobierno de Pedro Sánchez, una propuesta que apuesta por la finalización de los embalses que están en ejecución, los recrecimientos de Yesa y de Santolea, Almudévar y Mularroya, pero que descarta, a corto plazo, iniciar nuevas obras de regulación. Sí responde a los intereses de Aragón el veto explícito que recoge a que se aumenten los recursos hídricos disponibles a través de nuevos grandes trasvases entre cuencas.

El plan del Ebro prevé la ejecución de 894 medidas, con un importe de 3.078 millones de euros, desde un enfoque más "realista" que el proyectado en el periodo 2015-2021, con 2.104 iniciativas y 15.095 millones pero sin ejecutar apenas.

A la espera de conocer al detalle el documento, desde el Gobierno autonómico valoran que las cuatro obras más relevantes están. Suponen, junto a la presa de San Pedro Manrique (Soria), un volumen de embalse de 961 hectómetros cúbicos. Queda fuera, como estaba previsto, el embalse de Biscarrués, que se descartó de forma definitiva cuando lo tumbó el Tribunal Supremo.

En la modernización de los regadíos, se plantean 74 actuaciones que están pendientes de recibir financiación y que suponen, en total, 188.000 hectáreas y un volumen susceptible de agua liberada de 150 hectómetros cúbicos al año. A Aragón le corresponderían unas 26.000 hectáreas en Mequinenza, Fuentes de Ebro y actuaciones de Monegros II, entre otras.

Los planes de cuenca, que seguirán en información pública seis meses, están condicionados por un complejo marco normativo con disposiciones de la UE, acuerdos internacionales y normas españolas, autonómicas y locales. Funcionan como una hoja de ruta que plasma las pautas a seguir para gestionar el agua en cada demarcación en función de la demanda, la adaptación al cambio climático, los caudales ecológicos y la reducción del riesgo de inundaciones y de sequías.

La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, aboga por que sean participativos y que nazcan del consenso de las administraciones, regantes y ambientalistas, una empresa que se antoja complicada.

La demanda de agua en la demarcación del Ebro ronda los 8.750 hectómetros cúbicos, sobre todo para usos agrarios (8.053). El mayor volumen se centra en el regadío, donde el 68% corresponde a la zona de alto y medio Ebro y Aragón, Gállego y Cinca, Bajo Ebro y Ésera y Noguera Ribagorzana. La superficie regable alcanza las 924.424 hectáreas. El futuro agroalimentario del Ebro descansará, dice el plan, en dos grandes pilares: unos regadíos tecnificados y una industria basada especialmente en el porcino.

También se analiza la recuperación del coste de los servicios de agua. Con precios de referencia de 2018, el coste en la demarcación se eleva a 1.883 millones, de los que se recuperan 1.316 millones a través de ingresos por tarifas y cánones. No hay capacidad para recuperar todos los costes ambientales, aunque el objetivo es lograrlo. Se introduce una excepción, la que afecta a las cuencas mineras, donde se propone no repercutir el coste del agua que utilizaba antaño la central térmica ya cerrada.

Los regantes denuncian que es una "cesión" a los ecologistas y "la muerte" del Pacto del Agua

La propuesta de actualización del plan hidrológico del Ebro no convence a los regantes. Más bien todo lo contrario. Para César Trillo, presidente de la Comunidad General de Riegos del Alto Aragón, da carpetazo a la creación de nuevos regadíos, representa una "cesión" a los ecologistas y supone que "el Pacto del Agua de Aragón muere con las obras ya iniciadas". Y lo peor es que, según estima, tienen una capacidad de reacción limitada para intentar enmendarlo.

Trillo piensa que las cuencas del Duero y del Ebro deberían tener un trato diferenciado, por el nivel de caudales que presentan. "En el Ebro echamos 3.300 hectómetros cúbicos al mar", denuncia, al tiempo que recuerda que los regantes de Aragón necesitan la regulación del río Gállego. Lamenta, por ello, que no se haya aceptado la oferta de diálogo que formularon para aumentar el uso en 350 hectómetros cúbicos de agua.

Considera el presidente de los regantes que la opinión del Ministerio de Transición Ecológica y del Reto Demográfico de la vicepresidenta Teresa Ribera se refleja de forma clara en jornadas como la de ayer, con contantes referencias al pacto verde europeo por parte del director general del Miteco, Teodoro Estrella. "Cuando Europa da dinero lo da por algo, y esto es clave para los fondos europeos", señala.

Aunque hay seis meses para presentar alegaciones y otros cuatro antes de la votación definitiva, cree que no se aceptará ninguna de sus propuestas. Porque en su opinión "no es un plan hidrológico, sino medioambiental, y lo que buscan es proteger la naturaleza".

A la vista de que "la comedia de la mesa del diálogo no sirvió para nada", los regantes van a permanecer expectantes al papel que decida desempeñar el Gobierno aragonés a partir de ahora en este proceso. Más, cuando aún hay que ver qué pasa con el embalse de Mularroya, Almudévar está pendiente de sentencia, el recrecimiento de Yesa está judicializado y en el pantano de Santolea también hay problemas. "A partir de ahí no va a haber más embalses. Y si es tan fuerte el cambio climático, con la sequía se adivinan unos años que serán difíciles", remacha.

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