violencia de género
La DGA se personará en la causa por el asesinato machista de Katia Altamirano
La consejera Maye Pérez ha incidido en que en Aragón han sido 23 las mujeres asesinadas desde 2003, cuando empezaron a contabilizar los casos.
El Gobierno de Aragón se personará en el proceso penal abierto por el crimen machista de Katia Carolina Altamirano, asesinada en el barrio zaragozano de Las Fuentes el pasado 23 de mayo.
Así lo ha acordado este miércoles el Consejo de Gobierno al amparo de la ley de violencia de género, según ha explicado en rueda de prensa la consejera de Presidencia, Mayte Pérez, quien ha remarcado que la vida es el bien más preciado y "merece la pena que el Gobierno de Aragón se persone precisamente en la propia acusación".
La consejera ha incidido en que en Aragón han sido 23 las mujeres asesinadas desde 2003, cuando empezaron a contabilizar los casos, y ese es un motivo más que suficiente para mantener las alarmas encendidas y "no concederse el más mínimo respiro para asumir como normal esta situación insoportable".
Pérez, quien ha lamentado igualmente el último crimen machista ocurrido en Madrid, de una mujer de 81 años asesinada a martillazos presuntamente a manos de su marido, ha informado además de otros acuerdos relacionados con la atención a las mujeres, entre ellos la firma de convenios entre las 33 comarcas de Aragón y el Instituto Aragonés de la Mujer para el asesoramiento en materia psicológica, social y educativa familiar, y en todo lo que tiene que ver con la violencia de género, dotados con 1.043.000 euros.
Según Pérez, estos servicios de atención integral a las mujeres llegaron el año pasado a 865 mujeres y el 25% recurrieron a este servicio comarcal en situación de amenaza por violencia de género.
Además, el Gobierno de Aragón firmará en los próximos días un acuerdo con el Ministerio del Interior para la incorporación de sus unidades competenciales al Sistema de Seguimiento Integral de los casos de Violencia de Género (Sistema VioGén).
El objetivo, ha explicado la consejera, es profundizar en las medidas de protección a las víctimas, a través de una adecuada coordinación de las actuaciones entre ambas administraciones con el fin de prevenir y evitar el riesgo de nuevas agresiones.
El objetivo es disponer de un registro con la información que permita realizar un seguimiento individualizado de las circunstancias de estas víctimas y ver la evolución del riesgo en que se encuentran.
Según Pérez, se trata de profundizar en las medidas de protección a las víctimas y de actuar de una manera más precoz, por medio de la coordinación de las actuaciones entre ambas administraciones, para prevenir y evitar el riesgo de nuevas agresiones.
