El PP, Cs y Vox acusan a la DGA de blindar parte de su aforamiento y el cuatripartito lo niega
La oposición critica que se quiera mantener la inmunidad para ser detenidos y el Gobierno señala que está en el resto de estatutos.
El PP, Ciudadanos y Vox acusan a los socios del cuatripartito de querer mantener parte de los privilegios del aforamiento para los miembros del Ejecutivo autonómico, el relativo a la inmunidad para ser "detenidos" o "retenidos" durante su mandato "por actos cometidos en el territorio de Aragón", salvo en el caso de "flagrante delito".
Este es el privilegio que PSOE, Podemos, CHA y el PAR quieren perpetuar a través de la enmienda que han presentado de forma conjunta a su propio proyecto de ley para modificar la Ley del Presidente que se tramita en las Cortes. Con su texto sí plantean la supresión del aforamiento por el que tanto el presidente como los miembros del Ejecutivo solo pueden ser juzgados por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón y, en el supuesto de delitos cometidos fuera de la Comunidad, en el Tribunal Supremo.
La diputada de Ciudadanos Beatriz García fue la primera en cuestionar el mantenimiento de la inmunidad en la ponencia del proyecto de ley, adelantando su rechazo, lo que llevó al PP y a Vox a reservarse el voto en la misma reunión y cuestionar después la iniciativa de los socios.
García habló de "trampa" porque se ha presentado una enmieda que nada tiene que ver con la modificación de la ley, centrada en el título VIII, el dedicado a la competencia de impulso legislativo del Ejecutivo a raíz de las últimas sentencias del Tribunal Constitucional. "Pretenden mantener un privilegio que hace diferentes a los miembros del Gobierno y, de haberlo advertido, habríamos enmendado nosotros para acabar con cualquier tipo de privilegio y para limitar mandatos", dijo.
La portavoz adjunta del PP, Mar Vaquero, señaló que aún no han fijado voto, pero remarcó que la enmienda del cuatripartito "choca" con su compromiso de retirar los aforamientos a los políticos, recogido en el acuerdo de gobernabilidad y en una proposición no de ley votada por todos los grupos a finales de 2019. "Este punto debería llevarse al debate sobre el conjunto de los aforamientos con la anunciada reforma del Estatuto de Autonomía y supone fijar ya una excepción", criticó.
En las filas de Vox, David Arranz también cuestionó la prerrogativa, pero tampoco adelantó la posición en la votación hasta analizarla en profundidad. Y el diputado de IU, Álvaro Sanz, aseguró que no le "preocupa en exceso" este debate porque se retira el grueso del aforamiento y mantener la inmunidad es "habitual" en los estatutos.
Desde el Ejecutivo se aludió a que se mantiene en los cuatro estatutos que han suprimido el privilegio de los políticos de ser juzgados por una instancia superior, los de Baleares, Canarias, Cantabria y Murcia. Los diputados Darío Villagrasa (PSOE), Nacho Escartín (Podemos), Carmen Martínez (CHA) y Jesús Guerrero (PAR) mantuvieron la misma tesis: se mantiene el compromiso de acabar con el aforamiento judicial con la reforma del Estatuto en la que trabaja la DGA, que es a lo que remite su enmienda, con la excepción de la inmunidad.
Villagrasa consideró que las críticas de la oposición responden a una "cuestión de interpretación de técnica normativa", porque los socios lo único que pretenden con esta enmienda es tener que modificar de nuevo la ley del Presidente. De hecho, Escartín y Martínez recordaron que el artículo actual es un calco del Estatuto que, como reiteró Guerrero, pretenden modificar y llevar a las Cortes.
