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Aragón aumenta la inversión en Servicios Sociales, pero sigue con pocas plazas de acogida para víctimas de violencia

En el año previo a la crisis del covid se frenó la inversión en servicios sociales en Aragón por parte de sus Administraciones Públicas según un estudio de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales que evalúa el desarrollo de las estructuras y presupuestos de los Servicios Sociales en España. Aragón solo tiene 4 plazas por cada 100 mujeres con orden de protección en Aragón, es menos de la mitad de la media estatal, que alcanza un 9,5%

La consejera María Victoria Broto durante su comparecencia este jueves en el pleno de las Cortes
La consejera María Victoria Broto durante su comparecencia este jueves en el pleno de las Cortes
Cortes de Aragón

La Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales ha hecho público el informe que comenzó a elaborar en 2012 sobre la valoración de los servicios sociales en España, y además un informe por cada una de las Comunidades. Según indican desde la asociación, el desarrollo del IAI y sus plazas residenciales de financiación pública para personas mayores, constituyen sus aspectos más positivos. La escasa dotación de los servicios sociales comunitarios de ayuntamientos y comarcas, su principal déficit de cobertura, muy preocupante cuando hay que abordar una crisis como la actual.

Aragón ocupa el puesto nº 7 en la clasificación de las Comunidades Autónomas en el desarrollo de su Sistema Público de Servicios Sociales, con una calificación de Medio-Bajo. Es una de las seis Comunidades que ha mejorado su puntuación respecto a la aplicación anterior (año 2018), con 0,5 puntos de incremento en la valoración global, alcanzando así la puntuación más alta desde el año 2014, aunque aún no ha igualado el máximo obtenido en 2013.

Después de años de incremento de la inversión en servicios sociales por parte de las Administraciones Públicas (Gobierno de Aragón, Ayuntamientos y Comarcas) desde que tocaron fondo los recortes en 2013, el último ejercicio del que se disponer de datos oficiales (2019) muestra una paralización del crecimiento, tanto en términos absolutos (gasto por habitante y año), como el el porcentaje que supone sobre la riqueza regional (PIB), situándose en este indicador tan relevante, por debajo de la media estatal (1,48% frente a 1,60%).

Aragón mantiene un alto nivel de ordenación del Sistema alcanzado al inicio de la anterior legislatura, con una completa estructura jurídica y de planificación (Catálogo, Plan Estratégico) y la adecuada articulación entre sus Administraciones Públicas.

Los indicadores económicos muestran una importante recuperación del gasto en servicios sociales en Aragón desde el año 2014, en el que los recortes tocaron fondo, y durante los cuatro años siguientes. Una recuperación cuyo ritmo se frena en 2019.

En términos absolutos, el gasto de las Administraciones Públicas aragonesas en servicios sociales pasa de 304,6 € por habitante y año en 2014 a 417,4 € en 2018. En 2019 sigue aumentando, pero a un ritmo más lento, con solo un incremento de 5,2 € respecto al año anterior (+1,2%). Una cuantía que sigue ligeramente por encima de la media estatal (406,3 euros)

La misma tendencia expresa el indicador del porcentaje que representa el gasto de las Administraciones Pública aragonesas en servicios sociales sobre el PIB regional: se incrementa de manera importante entre 2014 (1,23%) y 2018 (1,51%), pero retrocede en 2019 (1,48%). Y se sitúa por debajo de la media estatal que es de 1,60%.

El porcentaje que supone el gasto en servicios sociales sobre el total del gasto corriente de las Administraciones Públicas aragonesas, refleja un incremento constante desde el comienzo de la serie, siendo el 6,79% en el año 2011, y el 9,75% en 2019. Un porcentaje que es dos décimas menos que la media estatal (9,95%).

Además, Aragón solo tiene la mitad de plazas de acogida para mujeres víctimas de violencia de género. Con 4 plazas por cada 100 mujeres con orden de protección en Aragón, es menos de la mitad de la media estatal, que alcanza un 9,5%

El resto del país

El 40% de la población española vive en comunidades con servicios sociales débiles o irrelevantes y el gasto público en servicios sociales respecto al PIB regional es del 1,98% y no alcanza los máximos registrados en 2012 con 2,02%.

País Vasco, Navarra y Castilla y León siguen teniendo la mejor calificación en materia de Servicios Sociales, mientras la Comunidad de Madrid es la que tiene peores Servicios Sociales, seguida de Murcia, Canarias y Cantabria calificados como irrelevantes.

Seis comunidades han mejorado su puntuación respecto a la aplicación anterior (año 2018), destacando la Comunidad de Valencia, con un incremento de 1,35 puntos. También Navarra (+0,75), País Vasco (+0,75), Extremadura (+0,55), Aragón (+0,50), y Andalucía (+0,35).Los 11 restantes empeoran su resultado. Las que mayor retroceso registran son Cantabria (-0,55), Canarias (-0,35), Cataluña (-0,25), Galicia (-0,25) y La Rioja (-0,25).

Asimismo, el informe pone en evidencia las "extraordinarias diferencias" entre territorios, que suponen una gran desigualdad de oportunidades reales para hacer efectivos derechos básicos de las personas, en función de su lugar de residencia. Así, mientras muchas comunidades tienen ya legislación, desarrollo normativo y planificación, la Comunidad de Madrid y la de Murcia siguen sin tener una Ley de nueva generación.

Asimismo, el País Vasco destina más del doble de inversión por habitante y año en Servicios Sociales (738 euros/año) que Murcia, con sólo 299 euros/año. El porcentaje del PIB regional que Navarra destina a Servicios Sociales (2,37%), es también más deldoble que el que destina la Comunidad de Madrid, con solo el 1,04%.

Las Administraciones Públicas del País Vasco destinan el 13,7% de sus presupuestos a Servicios Sociales, mientras que en la Comunidad de Madrid solo el 7,79%.

Otro elemento de diferenciación que indica el informe es el número de profesionales de los servicios sociales de atención primaria que, Navarra, por cada 745 habitantes, mientas en Canarias es de un profesional por cada 3.219 habitantes.

En Castilla y León el 15,1% de su población potencialmente dependiente recibe atenciones del Sistema de Atención a la Dependencia, y sólo un 0,1% de quienes tienen reconocido el derecho a recibir prestaciones por su situación de dependencia están pendientes de ser atendidas. En Canarias sólo el 7,6% de su población potencialmente dependiente recibe estas atenciones --menos de la mitad que en Castilla y León)--, y en Cataluña el llamado 'limbo de la dependencia' es del 31,9%..

Otra conclusión que confirma la aplicación del Índice DEC, es que el éxito en el desarrollo de los servicios sociales no solo tiene que ver con el mayor o menor esfuerzo económico que realizan las Administraciones Públicas. Para los autores del informe, una de las claves que pueden explicar la eficiencia en el gasto es el grado de descentralización de servicios en las administraciones locales.

Otro de los aspectos sobre los que pone el foco el informe es sobre la complejidad burocrática y los trámites "farragosos" se han incrementado, y "constituyen auténticas barreras que dificultan que las personas puedan hacer uso efectivo de las prestaciones y servicios sociales cuando más los necesitan".

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