Ric Energy no sustituyó avales bajo sospecha para renovables pese al requerimiento de la DGA
Cambió garantías medio año después del plazo dado, cuando cerró la venta de proyectos solares a Q-Cells.
Alega que cumplió la ley, se vio perjudicada por el supuesto fraude y que ninguna institución ha dictaminado sobre el caso.
La empresa especializada en proyectos renovables Ric Energy no sustituyó unos avales bajo investigación judicial para impulsar plantas fotovoltaicas en Zaragoza y Teruel pese al requerimiento expreso que le hizo el Gobierno de Aragón. Mientras el resto de sus competidores afectados por el mismo supuesto fraude en las garantías las repusieron en el plazo fijado por Industria, Ric Energy recurrió, logró el acceso a nudos de evacuación para 414 megavatios y solo los cambió medio año después, justo cuando cerró la venta millonaria de parte de sus proyectos solares a la multinacional coreana Q-Cells.
Los responsables de Ric Energy han respondido a este diario que respetan escrupulosamente la legalidad vigente y que son doblemente "perjudicados" al sufrir el "presunto fraude" y ser requeridos por la DGA a "sustituir forzosamente dichas garantías". "Ninguna institución oficial, hasta la fecha, ha dictaminado sobre el presunto fraude", han justificado antes de añadir que presentaron nuevas garantías "conforme a la ley".
Los hechos se remontan a hace dos años, cuando la compañía rumana de seguros ABC Asegurari comunicó a la Administración que certificados suscritos a su nombre en España era falsos y no había habilitado a ninguna agencia para operar en su nombre. Esto afectó a varias empresas especializadas en el desarrollo de renovables, como son Ric Energy y Forestalia, que habían tramitado garantías por un importe superior a los 80 millones de euros, según fuentes de la DGA conocedoras del caso. Hasta ese momento nadie se dio cuenta del supuesto fraude, ni los notarios que dieron fe de las operaciones ni la Caja de Depósitos ni los letrados y funcionarios que tramitaron los expedientes en el Estado, en Aragón y en otras autonomías.
La Dirección General de Energía y Minas, al igual que hizo el Gobierno central, les requirió por escrito que las sustituyeran ante su "presunta invalidez" con el fin de garantizar todo el procedimiento. El plazo otorgado fue de 15 días, que se duplicó por petición de las empresas, y todos presentaron los resguardos acreditativos de la reposición de los avales, salvo Ric.
La misma medida tomó la delegación especial de Economía y Hacienda con los avales depositados para proyectos de Aragón tramitados por el Ministerio porque entendía que los seguros de caución habían "perdido su validez", tal y como expresó por escrito.
La DGA comunicó a Red Eléctrica de España (REE) la relación de empresas que habían cumplido, así como las sociedades dependientes de esta compañía madrileña que no lo hicieron "para su conocimiento y efectos oportunos en el ámbito de sus competencias". Sin embargo, REE no tomó ninguna decisión y mantuvo los derechos de acceso y conexión de Ric porque la DGA no revocó la conformidad de los avales, como le exigió Forestalia para que no hubiera un «trato discriminatorio» hacia los que sí cumplieron con la Administración.
Diligencias secretas
De forma paralela, el Ejecutivo autonómico acudió a la Fiscalía y el Ministerio lo denunció ante la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Dirección General de la Policía. Las investigaciones las instruye un juzgado madrileño y las diligencias siguen declaradas secretas.
El vicepresidente aragonés y consejero de Industria, Arturo Aliaga, ha asegurado que si no se revocaron las garantías de Ric Energy es porque su validez está bajo investigación judicial "y lo tendrá que decir un juez".
Aliaga ha remarcado que no ha dado "ninguna instrucción política" para favorecer a una empresa en detrimento de otra y ha insistido una vez más en la "pulcritud" de la tramitación de los cientos de proyectos de parques eólicos y plantas fotovoltaicas en curso. El líder aragonesista, que es funcionario de carrera, ha enfatizado que todas las decisiones se soportan en el procedimiento administrativo.
