Era director del gabinete del ministro de Sanidad, Salvador Illa, cuando estalló la pandemia. ¿Como lo vivió?

Fue una situación terrible, abril de 2020 fue espantoso. Había 800 y 900 muertos al día, no había manera de conseguir material, respiradores...

¿Qué nota le daría a la gestión sanitaria de la covid?

Creo que España ha salido relativamente bien con un notable.

¿Se arrepiente de alguna de las decisiones que se tomaron?

Como dijo el ministro Illa, el lunes acertamos todos las quinielas.

Sanidad y Política Territorial han tejido la relación con las comunidades esta pandemia. ¿Ha funcionado la cogobernanza?

Ha habido tensiones, pero ha funcionado razonablemente bien. Se ha demostrado que cuando el Gobierno y las comunidades colaboran las cosas salen mejor, y algunos han descubierto ahora que vivimos en un Estado compuesto, y que hay cosas que sin el concurso de las comunidades y de los entes locales no se pueden hacer.

Hay quien ha visto en esa cogobernanza un intento por parte del Gobierno de traspasar el desgaste político de gestionar una pandemia a las comunidades.

Cada uno tiene que responsabilizarse de sus competencias. Lo que no es justo es que las administraciones no asuman sus competencias y las desarrollen en su máximo exponente porque hay un problema. Forma parte de las responsabilidades del Gobierno de España impulsar los decretos del estado de alarma. Y así lo ha hecho asumiendo, no le llamaría desgaste, sino responsabilidad.

Las autonomías llevan tiempo exigiendo instrumentos que les permitan frenar al virus cuando decaiga el estado de alarma. ¿Por qué no las atienden?

Pero si los tienen. Si todo el mundo es consciente de que a una hora tienes cerrada la actividad económica a esa hora se para la actividad en la calle. Lo único que no pueden hacer es limitar los derechos fundamentales sin la autorización del juez. Es lo que hay. Estamos en un Estado descentralizado y eso implica que cada uno tiene que asumir las responsabilidades que le han dado.

Con 230 casos cada 100.000 habitantes de incidencia a 14 días, ¿sería partidario de levantar el estado de alarma el 9 de mayo?

El estado de alarma se va a levantar el 9 de mayo. Está anunciado y comunicado.

¿No hay posibilidad de que el Gobierno se lo replantee?

De la atención a las palabras del presidente Pedro Sánchez y la ministra de Sanidad, Carolina Darias, entiendo que no.

Antes del verano esperan tener listo un plan para limitar la temporalidad en la Administración. ¿Se mantiene como objetivo reducirla a un 8% en tres años?

No sé si en tres años vamos a llegar a un 8%. Lo que sí sé es que no podemos seguir con temporalidades del 30% y el 40% en las comunidades autónomas y en los entes locales. Queremos hacer un último proceso de estabilización y consolidar los de 2017 y 2018; llegar a un acuerdo con Hacienda, las comunidades y los entes locales para conseguir que la tasa de reposición sea más alta en los sectores con más temporalidad y crear un sistema de acceso para la gente que está en situación de precariedad en el que se tenga presente en las pruebas el tiempo que han estado en ese puesto.

¿Pero tendrán que superar seguro un concurso de méritos?

A la Administración no se puede acceder porque sí. Los principios que rigen son igualdad, mérito y capacidad, y eso no te lo puedes saltar. Vamos a tratar de buscar una fórmula segura jurídicamente porque si no estaríamos generando inseguridad. No se va a producir el acceso directo porque no se puede producir.

¿Incluirá este plan multas para las administraciones que superen la tasa de temporalidad?

Se está estudiando todo. La sanción más grave para una administración es que si la plaza ha estado más de tres años en esa situación tendrá que ser amortizada.

Miquel Iceta abrió la puerta a que los funcionarios de la ‘España Vacía’ tengan compensaciones. ¿Cómo se concretarán?

No tenemos unos plazos claros, pero muy en breve vamos a empezar a trabajar con los sindicatos y los agentes implicados una ley de Función Pública en la que queremos estudiarlo muy en serio. Las discriminaciones positivas se pueden hacer de diferentes formas, pero no descartamos un complemento salarial.

La reforma de la financiación autonómica comenzará en breve. ¿Será posible llegar a un consenso entre las autonomías?

Va a ser una de las cuestiones más complejas. Si todo el mundo quiere más, hay que poner más dinero en la caja. Y si no, alguien tiene que perder. No hay más.

La última reunión bilateral Aragón-Estado se celebró en noviembre de 2019. ¿Está previsto retomar los contactos?

Con la consejera de Presidencia, Mayte Pérez, hemos quedado en que vamos a empezar a ver qué contenidos había que tratar y cuando tengamos un orden del día trabajado, la convocaremos.

¿Es firme el compromiso del Gobierno con el Fondo de Inversiones de Teruel (Fite)?

Visité algunos de los proyectos y me quedé impresionado. Salí aún más convencido de ese fondo.

¿Comparte con Iceta su propósito de que hay que avanzar hacia una España federal?

La Constitución señala que España podría ser una España muy descentralizada, y de hecho ya lo es. No nos tiene que dar miedo que España sea lo que la Constitución prevé que es.

Participó directamente en la campaña electoral de Illa. ¿Tendrá Gobierno Cataluña o se irá a unas nuevas elecciones?

Si ha ganado el socialismo pero no suma, y los independentistas han perdido pero suman, los independentistas harán un gobierno. Es lo que me parece que pasará.

¿Retomarán su ‘agenda del reencuentro’?

Evidentemente. Pero es que nunca se ha cerrado. La agenda del reencuentro es el día a día, es negociar, es pactar. Y eso durante la covid lo hemos hecho mucho.

¿Hay novedades en los indultos a los condenados del ‘procés’?

No tengo ninguna.

Como buen conocedor de campañas electorales, ¿qué valoración hace de lo que está sucediendo en Madrid?

Se está llevando en Madrid la política a unos puntos que no me gustan. Me parece horroroso que la moderación nunca tenga premio en esos escenarios. No resulta agradable para una persona sensata y moderada vivir entre exabruptos permanentes.