SAN JORGE 2021
Beatriz García: "Pago impuestos encantada, pero en el caso de la plusvalía no era justo"
Es autónoma, como su pareja, Javier Ruiz, y la pandemia les ha obligado a tirar de ahorros, pero la justicia les ha dado la razón y un respiro al devolverles 12.000 euros del tributo municipal.
Nunca habían reclamado nada y mucho menos se habían visto en medio de un pleito en los tribunales, pero los zaragozanos Beatriz García y Javier Ruiz se decidieron a llegar hasta el final para recuperar el dinero que tuvieron que pagar como impuesto de plusvalía por la venta de su vivienda y lo consiguieron.
"Pago impuestos encantada porque son para cosas públicas, pero en el caso de la plusvalía no era justo", explica Beatriz, cuyo empuje para no achicarse ante la perspectiva de reclamar ante la Administración la convierte en el primer San Jorge de esta historia. Como muchos otros compradores de vivienda, se enteraron para su sorpresa al vender un piso que tenían que abonar el citado impuesto municipal aunque el inmueble había perdido valor por el impacto de la anterior crisis inmobiliaria. En su caso, lo habían comprado en 2005 y vendido en 2017 por 30.000 euros menos, pero debían abonar 10.000 euros del tributo al Ayuntamiento de Zaragoza.
Lo primero que les pasó por la cabeza a ella y a su pareja fue pensar 'con la Administración hemos topado'. Javier reconoce que "no daba un duro" por recuperar el dinero, aunque empezaban a aparecer noticias de personas que habían reclamado y la justicia les había dado la razón, pero la normativa no cambiaba. "Yo me hubiese quedado sin los 10.000 euros", confiesa, pero al final, el empuje de su pareja le hizo superar la pereza al papeleo y el temor a la complejidad y los gastos que supondría. "Pensamos pasar del tema, pero al final tiramos para adelante", de lo que no se arrepiente.
En este cambio fue definitiva la orientación que les dieron desde su propia inmobiliaria y el asesoramiento después del abogado al que acudieron, Santiago Palazón. "Se han encargado de todo", reconocen, por lo que el proceso, aunque largo, no ha sido lo difícil que esperaban. Y la devolución del dinero llegó cuando más lo necesitaban.
Reclamaron en 2017, primero al Ayuntamiento, que no les contestó, como ocurre en algunos de estos casos, y tras seguir adelante y presentar una demanda en los juzgados de lo contencioso-administrativo, no tuvieron sentencia hasta 2020. En ese tiempo reconocen que "te olvidas". Pese a ello, la decisión judicial llegó en el mejor momento, en mayo del año pasado, en medio de un dragón mucho mayor, la pandemia de covid-19, que les había dejado casi sin actividad en su trabajo como autónomos en el sector del ocio infantil.
"La sentencia definitiva fue en verano pero no cobramos hasta diciembre", recuerda Beatriz, pero solo saber que tenían ese dinero ahí les dio otra tranquilidad. "Los dos somos autónomos y llevamos un tiempo sin trabajar, tirando de los ahorros, entonces pudimos respirar un poco", confiesa. Antes de cobrarlo, solo ser conscientes de que tenían ese dinero pendiente de recibir, como si fuera un plazo fijo en un banco, les daba más tranquilidad.
Además, llegó con intereses, más de los que les hubiera dado cualquier producto financiero. En estos casos, las sentencias reconocen la devolución del dinero que pagaron más el interés legal del dinero, que les ha supuesto unos 2.000 euros más, con los que han cubierto los gastos que han tenido en el proceso. "Con eso hemos pagado al abogado, procurados, los papeles y unos poderes que tuvimos que pedir", calculan.
Lamentan haber tenido que recurrir a los tribunales para reclamar en estos casos, porque creen que mucha gente no se atreverá a dar el paso por el miedo a embarcarse en un proceso judicial y contra un enemigo como la Administración. Ellos no se arrepienten.
