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servicios sociales

Educadores sociales de Aragón: "Si no trabajamos con los menores conflictivos, cometerán delitos más graves"

Este colectivo reclama más personal para educar a los menores en los equipos de medio abierto y en el centro de Juslibol. La DGA niega este deterioro y defiende que el presupuesto del área ha aumentado.

Sala del centro de menores de Juslibol.
Sala del centro de menores de Juslibol.
Maite Fernández/Heraldo

Los educadores que trabajan con los menores más conflictivos de Aragón dan la voz de alarma. Según denuncian, la falta de personal les impide dar una atención adecuada a los chavales que cometen delitos, lo que puede tener consecuencias en cascada: “Si no trabajas bien con ellos, acabarán cometiendo delitos más graves. Y si no se les trata adecuadamente en el centro de menores de Juslibol, cuando sean mayores de edad acabarán en la cárcel”, explica Pascual Jiménez, del Colegio de Educadoras y Educadores de Aragón.

Este colectivo critica que el Gobierno de Aragón está “recortando y precarizando” los servicios, a base de “amortizar plazas”. Fuentes del ejecutivo aragonés negaron este deterioro y defendieron que el presupuesto de Atención a la Infancia y Adolescencia ha crecido un 25% en tres años, al dotarse con 8,2 millones de euros más, hasta llegar a los 40,8 millones.

Los trabajadores consideran que falta personal para los equipos de medio abierto. Se trata de los educadores sociales que desarrollan su labor en los juzgados con los menores que han cometido algún delito. Cuando este es leve y se comete por primera vez, estos trabajadores hacen de mediadores para que el menor se reconcilie y llegue a un acuerdo con las víctimas.

En el caso de reincidencia o de delitos más graves, el juez puede decretar libertad vigilada, un régimen en el que el educador trata de “modelar la conducta para que desaparezcan los factores de riesgo” que pueden hacerle volver a delinquir, explica Jiménez. En ocasiones también les acompañan en los trabajos en beneficio de la comunidad que tienen que ejecutar, como limpiar las pintadas que han hecho, arreglar los destrozos del vandalismo o trabajar en un ropero social si han robado ropa en una tienda. “El objetivo es educar al menor para que se ponga en el lugar de la víctima y no reincida”, apunta este educador social. En este caso, este colectivo profesional se encarga de hacer el plan de reeducación, presentarlo al juez, trabajar con el menor e informar al juzgado de su evolución.

Según señalan en el colegio profesional, de los 22 educadores que a su juicio deberían estar haciendo estas labores, ahora hay 14, menos incluso si se cuentan las reducciones de jornada. La consecuencia, alertan, es que “no le puedes dedicar el tiempo que necesita cada chaval”. Ahora, con el auge de las bandas latinas, el trabajo aumenta. Es importante dedicarles tiempo, ya que “hay chicos en el entorno de estas bandas que si trabajas bien con ellos, no entran”, dice Jiménez.

“Hay niños que empiezan a delinquir con 9 o 10 años, pero si los atiendes a esa edad, tienen pocos riesgos de volver a caer”, afirma Jiménez. “Lo que no trabajamos antes, acaba produciendo más riesgo, más sufrimiento, más víctimas y más problemas”, insiste. Desde el Gobierno de Aragón defendieron que nunca ha habido 22 trabajadores en este servicio, y aseguraron que actualmente hay 16. Además, añadieron que se ha incorporado un coordinador de área con titulación de educador social.

Los trabajadores mantienen que los efectos de ese -a su juicio- "insuficiente" trabajo de calle llegan luego al centro de menores de Juslibol, antes conocido como el reformatorio. Según denuncian desde el colegio, el número de menores del centro ha aumentado hasta llegar a 60, cuando antes había 25 y tendría que haber un máximo de 45. Fuentes de la DGA aseguraron que hay 49, pero que se ha contratado personal y que el Consejo de Gobierno aprobó recientemente 1.200 horas extra de trabajo para la empresa que gestiona el centro. 

 Los trabajadores no lo ven así: “Faltan educadores, y es importante que los haya porque la estancia en el centro tiene que ser eficaz para que no salgan a la calle y vuelvan a cometer un delito”, dice Jiménez, quien alerta de que “el 60% de las víctimas de los menores de edad también son menores”.

Por último, las citadas fuentes del Gobierno de Aragón asegura que el Sistema de Atención a la Infancia y Adolescencia cuenta con "265 educadores en centros residenciales, de los cuales 50 corresponden a nuevas plazas de educadores por apertura de nuevos centros residenciales". Por otra parte, apuntaron que "hay 27 plazas de educadores sociales nuevas de empleados públicos: 16 en estructura y 11 en contrato programa" y que en estos años se ha amortizado una plaza de educador social.

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