las cuentas autonómicas
La DGA duplicó las ‘facturas en los cajones’ hasta los 219 millones al cierre de 2019
La Cámara de Cuentas alerta de la "delicada" situación económica, dado que el gasto superó en otros 200 millones a los ingresos, mientras la deuda sigue creciendo.
El Gobierno de Javier Lambán cerró el ejercicio de 2019 duplicando con creces la cuantía de las ‘facturas en los cajones’, que alcanzó los 219 millones de euros. Esta es una de las cuestiones en la que más énfasis pone la Cámara de Cuentas en su último informe, en el que alerta de la "delicada" situación económico-patrimonial de la Administración autonómica como consecuencia del desequilibrio de 200 millones entre los gastos (6.528 millones de obligaciones reconocidas) y los ingresos (6.328 en derechos reconocidos).
La radiografía que hace es preocupante a tenor de que a esos 200 millones se deben sumar los otros 219 del saldo de la cuenta 413, la que refleja los gastos pendientes de aplicar al presupuesto, que se ha vuelto a disparar después del esfuerzo realizado para reducirlo desde que se alcanzó el récord con el Ejecutivo de Luisa Fernanda Rudi en 2014, con 507 millones. El principal responsable es el Salud, dado que acabó 2019 con un ‘agujero’ de 191 millones frente a los 77 del ejercicio anterior por una nueva y recurrente "falta de crédito". En esta ocasión, agravada por el hecho de depender de un presupuesto prorrogado.
La cosa no queda ahí, ya que la losa del endeudamiento creció aún más, de 8.697 a 8.717 millones, y los intereses devengados ascendieron a 90 millones, con los se podría pagar de golpe la construcción de un hospital.
Por si fuera poco, el remanente de tesorería empeoró aún más respecto al ejercicio previo hasta alcanzar los 860 millones negativos. Este indicador es clave para valorar la solvencia a corto plazo y pone de manifiesto la incapacidad para afrontar los gastos con los ingresos que entran en las arcas autonómicas.
La Cámara de Cuentas indica que si no llega a ser por los fondos extraordinarios que llegaron en 2020, la situación aún habría empeorado más por la crisis sanitaria y social generada por la pandemia.
También recuerda el triple incumplimiento fiscal con el que acabó el ejercicio de transición entre los dos gobiernos de Lambán: el de estabilidad presupuestaria (293 millones, un -0,8% del PIB cuando el límite autorizado se limitaba al -0,1%), el de la regla de gasto y el del periodo medio de pago (32 días frente a los 30 establecidos).
El órgano fiscalizador recrimina el hecho de que los créditos iniciales del presupuesto sean "sistemáticamente insuficientes" y requieran modificaciones, principalmente, para pagar las nóminas del Salud y de los docentes y las recetas farmacéuticas. "Todos estos conceptos son perfectamente previsibles", censura antes de apuntar que hubo que mover el destino de 509 millones, un 8,25% más que en 2018.
No son los únicos incumplimientos que se recoge en los 264 folios de la cuenta general de 2019 de la DGA. La lista se acrecienta con la tasa de temporalidad de los 56.545 empleados públicos, que llega al 46% saltándose el estatuto básico. "Esa temporalidad no es debida a mayores cargas circunstanciales de trabajo o situaciones excepcionales sino a un déficit estructural", asevera.
