Los interinos salen a la calle para exigir que se paren los despidos en la administración
Una caravana de coches con globos exige en Zaragoza soluciones a los afectados, y que se cumpla con la directiva europea que obliga a España a atajar el exceso de temporalidad en las instituciones públicas.
Hay unos 17.000 trabajadores temporales en la administración autonómica, el 48%, y otros mil más, el 25% del total, en el Ayuntamiento de Zaragoza, que reclaman se regularice su situación y no acaben despedidos sin indemnización alguna después de muchos años al servicio de la administración, en algunos casos hasta 30 años.
En lo que ha sido una protesta general en distintas ciudades españolas, que pese a la lluvia, se ha mantenido en Zaragoza, los sindicatos convocantes del Movimiento 15F (Stepa, Stea, Somos, SF, Stopel, la Intersindical de Aragón, CATA, la Plataforma de médicos eventuales de Aragón, Staz Ayuntamiento de Zaragoza, PTTAZ y temporales del Ayuntamiento de Huesca-Aytosca) han reclamado poner punto y final al abuso de contratación temporal en la Administración pública y al hecho de que ahora, cuando está pendiente la concesión de fondos europeos por parte de Bruselas, se pretenda acabar con el problema del abuso en la temporalidad mediante ceses y despidos.
Al grito de ¡basta ya de abusos!, decenas de interinos, pese a la lluvia que ha caído sin cesar durante buena parte de la mañana, se han mantenido en las escaleras del Paraninfo con varias pancartas denunciando su situación. Luego una caravana de coches con globos, que venía desde el campus Río Ebro, donde se habían citado a las 10.45, les ha acompañado en sus reclamaciones con sonoras pitadas que han inundado la plaza de Basilio Paraíso.
Maria Pilar Remírez, portavoz de Stepa, ha pedido que se paralicen los despidos y que no se cese ni se despida a ninguna persona que esté en situación de abuso de temporalidad. "En los últimos meses el ministro Iceta ha reconocido este abuso en la temporalidad. Exigimos a los políticos que legislen e impongan sanciones disuasorias para que esto no vuelva a suceder y resarcir a esas personas que llevan años trabajando para la Administración en fraude de ley. Calculan unas 17000, ha dicho Remírez, reconociendo que aún no tienen cifras a nivel de todas las administraciones (ayuntamientos, comarcas, mancomunidades) dadas las "enormes dificultades" para recabar todos esos datos y "determinar esta situación de abuso". De hecho, han pedido a Transparencia del Gobierno de Aragón que les diga cuántos compañeros llevan más de tres años de contrato que es lo que marca la legalidad del Estatuto básico del empleado público. Mientras les dan la cifra, manejan la de 17.000 que han sacado del Boletín estadístico del Ejecutivo autonómico y que incluye a trabajadores de la sanidad, educación, administración general y justicia.
Elena Ramos, trabajadora del Ayuntamiento de Zaragoza, ha cifrado en un 25% del total de trabajadores la temporalidad abusiva. "Le pedimos al Ayuntamiento poner freno a los procesos selectivos que está sacando a toda prisa y hacer antes una inspección para ver cuántas de esas plazas están en fraude de ley, cumpliendo con esa moción aprobada por unanimidad el pasado 31 de marzo en el Consistorio".
Son un 70% de mujeres las que sufren esta temporalidad abusiva, según han dicho los conocantes de la protesta. Olga Perez, de Stepa, ha pedido también acabar con los ceses. "No entendemos que partidos políticos cuando están en la oposición apoyen una cosa y cuando están en el Gobierno mantengan otra", ha criticado, en relación a la propuesta que le hicieron al Ejecutivo en diciembre de 2020 para declarar a estos temporales en fraude de ley fijos a extinguir, una figura que se rechazó y que a su juicio, habría sido parte de la solución. En este sentido, les recrimino a UGT y CSIF no estar con ellos en la reivindicación. "Echamos de menos a los sindicatos que tienen una doble cara", ha dicho, advirtiendo que "el 8 y 9 de mayo la DGA sacará convocatorias de estabilización que van a suponer el despido gratuito de muchas personas".
Sin embargo, Elena Ramos ha querido puntualizar que "vamos todos a una para frenar este abuso indebido y que se reconozca nuestro trabajo, hemos dato lo mejor de nosotras mismas aun estando en abuso y atropello y lo que queremos es que se ponga fin a estos en todas las administraciones públicas".
Miguel Ángel Berbegal, participante en la protesta y con 23 años desde 1998 al servicio del Ayuntamiento de Zaragoza, se pregunta “¿donde me meto con 56 años?, estoy fuera del mercado de trabajo y sin ningún tipo de indemnización". En su caso, se presentó a la oposición que ha salido para técnico auxiliar socio cultural, en total 12 plazas de las que ocho están en fraude de ley, ocupadas por interinos como él desde hace años, pero no la ha superado. "Han puesto un examen muy difícil pensado para personas más jóvenes y me he encontrado en esto, después de toda una vida trabajando". Solo pido a la administración que "no tenga tanta prisa ahora en convocar oposiciones cuando ha estado años en fraude de ley sin pensar en las personas".
Elena Clemente, que también ha salido a manifestarse, lleva 22 años trabajando en Servicios Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza. "Yo estoy en un convenio con la DGA y no han sacado la plaza desde el año 2000. Confío en que mientras haya convenio, poder seguir trabajando", pero pide regularizar ya esta situación. "Llevo con un contrato de obra y servicio desde hace 22 años. Ahora ha salido una plaza o vacante", indica.
Luis Lafuente, oficial conductor en el Ayuntamiento de Zaragoza desde 2005, ha acudido a la protesta porque teme también perder su empleo. "Aprobé esta plaza de interino ese año. Me quedé segundo. Al año siguiente salió mi plaza, pero no se llegó a realizar la convocatoria. Caducó en 2009 y ya no se ha vuelto a sacar", explica. "En 2018 salió en oferta libre encubierta, es decir, que si no pasas la nota de corta no sirve para nada", si bien en su caso por experiencia acumulada, cuenta con el máximo de puntos. Sus dudas vienen por su edad. "Tengo 52 años y no me considero en igualdad de condiciones con el resto de los opositores, con lo que tengo el riesgo de que me despidan a estas alturas sin nada". El miedo a la exclusión social también planea en la mente de este trabajador que pide al Gobierno regularizar esta situación: "Nos lo merecemos por todos estos años de trabajo y además Europa nos da la razón", asegura.
