Las obras del embalse de Mularroya sufren el tercer tropiezo judicial en pocos años

La construcción del embalse de Mularroya, ubicado en el cauce del río Grío y cuyo objetivo es regular el tramo medio del río Jalón, ha sufrido un nuevo tropiezo judicial, el tercero, cuando las obras ya están muy avanzadas. La Audiencia Nacional ha admitido parcialmente el recurso de las organización ecologista SEO Birdlife y la Asociación Jalón Vivo al reconocer que la presa, el azud de derivación y el túnel de trasvase infringen la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea en lo que afecta al cumplimiento de su artículo 4 sobre objetivos medioambientales.

El fallo, conocido este miércoles, anula la resolución administrativa de 2015 que aprobó el proyecto porque implica "el deterioro de las masas de agua de los ríos Grío y Jalón, así como de los acuíferos de las sierras de la Virgen y Vicor", según los demandantes. Un argumento que los tribunales ya esgrimieron hace un año para tumbar el proyecto del embalse de Biscarrués.

Con esta resolución encima de la mesa, contra la que cabe un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, el principal interrogante que se plantea en el horizonte es el futuro de los trabajos. En estos momentos, la presa se encuentra ejecutada al 73,5% y el siguiente paso, el túnel de derivación, desde el Jalón hasta el cauce del Grío, se comenzó a horadar a finales de 2020. El fin de los trabajos se estimó para noviembre de 2022.

Los recurrentes reclaman "la paralización de las obras pendientes, la restauración ambiental e hidrológica de la zona afectada y la reversión a su estado previo". También exigen al Ministerio de Transición Ecológica "descartar por completo cualquier nueva intención de activar las obras, por contar con tres sentencias que lo anulan" y "eliminarlas de cualquier documento de planificación hidrológica". Por su parte, fuentes de los regantes prefirieron no pronunciarse sobre el fondo de la sentencia, limitándose a calificarla de "muy compleja" y "trascendental".

En caso de que los regantes recurran y la sentencia no sea firme, las obras podrían seguir adelante, mientras se pronuncia el Supremo. Si los demandantes solicitaran la paralización cautelar de los trabajos, deberían presentar un aval millonario, algo poco probable, que serviría para indemnizar a los promotores si finalmente el proyecto obtiene el aval judicial.

Las obras arrancaron en 2008 y se paralizaron al declararse nulas las autorizaciones administrativas en 2013. El Tribunal Supremo se basó en las "deficientes" e "insuficientes" medidas previstas para impedir afecciones al entorno, respaldando una sentencia de la Audiencia Nacional de 2009 que echaba atrás el estudio de impacto ambiental (aprobado en 2003), el anteproyecto (2003) y el proyecto definitivo (2007).

Tres años más tarde, en enero de 2016, las obras se retomaron. En 2014, el Consejo de Ministros, entonces presidido por Mariano Rajoy, declaró que el proyecto del embalse contaba con razones de "interés público de primer orden, incluidas las de tipo social y económico". Esto permitió la presentación de una nueva Declaración de Impacto Ambiental, que acabó por recibir el visto bueno en 2015, donde se contemplaban una serie de actuaciones, algunas ya realizadas y otras en proceso, como el rescate y reproducción de la flora en zonas inundadas y la mejora del hábitat de la fauna. También se apuntaba un control sobre el desbroce y tala, criticado recientemente por el traslado y arranque de olivares.

Las organizaciones ecologistas y los afectados por el embalse ya anunciaron entonces que recurrirían la nueva declaración de impacto ambiental (DIA), un recurso que ahora ha estimado parcialmente la Audiencia Nacional.

El precedente de Biscarrués y a la espera de Almudévar

Mularroya es un ejemplo más de como todas las obras hidráulicas en Aragón acaban en los tribunales. Se trata de una de las tres presas actualmente en construcción, junto al recrecimiento de Yesa y al embalse de Almudévar. Todos con los trabajos muy avanzados.

Almudévar también está pendiente de un fallo de la Audiencia Nacional. La instrucción judicial ha concluido y las partes esperan en cualquier momento la resolución del recurso promovido por Ecologistas en Acción contra la aprobación del proyecto y la declaración de impacto ambiental. Frente a ellos están personados, además de la Abogacía del Estado, el sindicato agrario UAGA, Riegos del Alto Aragón y dos comunidades de regantes.

Otro proceso judicial consiguió tumbar hace un año el proyecto de Biscarrués. Primero se pronunció la Audiencia Nacional (2017) y luego el Supremo (2020), con los mismos argumentos utilizados en el caso de Mularroya. En ese caso se consideró también que las autorizaciones administrativas suponían una infracción a la Directiva 2000/60CE (Directiva Europea del Agua) al no poder justificar la existencia de un "interés público superior" que avalase la alternación de la masa del agua de un río con una infraestructura de esas características.

Tras el fallo del Supremo, el Ministerio para la Transición Ecológica lo descartó definitivamente considerando que en el ya largo recorrido de Biscarrués nunca se pudo justificado ese interés. La diferencia con Almudévar es que esta presa no se sitúa en el río, es una balsa de almacenamiento fuera del cauce que aprovecha excedentes de los canales de riego.