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El Estado insta a la DGA a negociar con los sindicatos los cambios de tareas de los funcionarios

La comisión bilateral acuerda que la adscripción temporal de funciones se determine "por negociación colectiva"

Fachada del edificio Pignatelli, sede de la DGA donde trabaja las denunciantes y uno de los afectados.
Fachada del edificio Pignatelli, sede de la DGA.
José Miguel Marco

El Gobierno de Aragón tendrá que negociar con los sindicatos la atribución temporal de funciones forzosas. Así se acordó el 12 de marzo en una Comisión Bilateral de Cooperación Aragón-Estado en la que el Ejecutivo de Pedro Sánchez dio un tirón de orejas al autonómico al cuestionar la polémica medida que se incluyó en el decreto-ley 4/2020, de 24 de junio, por el que se adoptaron medidas urgentes para el impulso de la Estrategia Aragonesa para la Recuperación Social y Económica.

No llegará, en todo caso, al Tribunal Constitucional tras el acuerdo alcanzado por las dos instituciones. La DGA deberá promover las adaptaciones normativas que permitan aclarar que la atribución temporal de funciones forzosas se ajustará a las propias de su cuerpo, escala, clase de especialidad, categoría y subgrupo o funciones, eliminando cualquier mención a que se haría de forma "preferente", como permitía el decreto-ley. Se deja bien claro que la adscripción temporal de funciones, tanto voluntaria como obligatoria, "se determinará previa negociación colectiva y solo afectará al personal de carácter temporal" en los supuestos que se determinen reglamentariamente entre aquellos que así lo permita la legislación estatal.

Más tajante resulta, incluso, cuando se refiere al personal fijo, para el que se fija la "obligatoriedad" de someter a negociación colectiva los criterios.

Aunque el acuerdo alcanzado en la bilateral avala que sus protestas estaban justificadas, Comisiones Obreras insistirá en que el tema "siga vivo" en los tribunales, y tiene previsto recurir la Ley de Presupuestos de 2021 y la Ley sobre simplificación administrativa, que replican este tipo de procedimientos. Francisco José González, secretario general de la sección sindical de CC. OO. en la DGA, considera que en este acuerdo el Ejecutivo aragonés pacta con el Estado una "reducción de daños". "Queremos que los tribunales condenen al Gobierno aragonés por no negociar", recalca, pues cree que es una práctica que se mantiene y, por ello, no se trata de un "error".

Mesa General de Negociación

CC. OO y UGT han unido sus fuerzas para solicitar a Hacienda que convoque la Mesa General de Negociación para aplicar a los trabajadores de la DGA la subida salarial del 0,9% que ya reciben los del Estado y los del 90% de las comunidades autónomas. Para Alicia Hernández, secretaria general de la Federación de los Servicios Públicos (FeSP UGT Aragón), "no se puede invertir la subida de los empleados públicos en pagar a cuatro" para cumplir un acuerdo con el colectivo médico, el aumento del coste de las horas de guardia, que los dos sindicatos recuerdan que se alcanzó bajo la amenaza de ir a una huelga antes de las últimas elecciones.

Hernández insiste en que todos los funcionarios han estado "al pie del cañón" y defiende, por ello, que es vital "atar el compromiso" de que el 0,9% se va a pagar con efecto retroactivo. "Entendemos que la situación económica no es boyante pero, obviamente, no nos vamos a quedar sin subida salarial", advierte.

Desde la DGA aseguraron que aún no se ha tomado ninguna decisión sobre la subida y anunciaron que convocarán la Mesa General después de Semana Santa.

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