Zaragoza y Huesca se manifiestan para exigir más vivienda social

Con el lema 'la vivienda es un derecho, no un negocio', unos 250 manifestantes han salido este sábado desde el edificio del Pignatelli hasta la plaza del Pilar, frente a la Delegación del Gobierno, para reivindicar soluciones al problema del acceso a la vivienda. Coreando consignas como "Qué pasa, qué pasa, que no tenemos casa!" y guardando las distancias de seguridad, la protesta, que ha recorrido también el centro de Huesca y de otras capitales españolas, quiere exigir en la calle una ley de alquiler social que ponga límite a los precios y evite los desahucios. 

"España tiene un 1,5% de vivienda social y pedimos al menos un 20% como tienen otros países de Europa", ha dicho el activista y exconcejal de Zaragoza en Común Pablo Híjar en la manifestación. "La vivienda es un bien social y no un bien mercantil", ha apuntado Nayara Valero, de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. "Hasta ahora ninguna ley ha solucionado el problema de emergencia habitacional que tenemos en este país y con la pandemia y la crisis económica que se nos viene encima hay que reclamarlo en la calle", ha añadido, al paso de una manifestación muy animada en la que los participantes no dejaban de cantar  'Ábalos dimite, te pagan los fondos buitre' o 'gobierne quien gobierne, la vivienda se defiende'. 

"Con la pandemia, se han suspendido las fechas de muchos desahucios, pero ahora el 9 de mayo termina la moratoria y muchas familias se van a ver en la calle. Va a ser peor que en junio del año pasado cuando se levantó el Estado de alarma", ha criticado Concha Cano, de la plataforma Stop Desahucios, también participante en la manifestación, a la que han acudido representantes de Izquierda Unida como la diputada provincial por Huesca Elena García. "El Gobierno de Aragón apenas tiene vivienda social, unas 400, pero las tiene todas ocupadas y ante firmaba convenios con la fundación Federico Ozanam o Inca, pero ahora ni eso", ha señalado. "El Ayuntamiento de Zaragoza está concediendo vivienda social por número, no por emergencia social y eso es un grave problema en estas circunstancias", ha dicho. 

Según la portavoz de la plataforma Stop Desahucios, aún hay tiempo de cambiar la ley. Por eso, estas manifestaciones para exigir "una ley de vivienda como tiene que ser, que garantice que haya vivienda para los que más la necesitan", aunque "Abalos haya dicho ya que el mercado es el mercado".

"Con la vivienda no se juega. Hay muchos alquileres abusivos que no se pueden pagar", ha denunciado otro de los manifestantes, Sergio Muñoz, vecino de Torrero, que ha mostrado su decepción por la respuesta de las administraciones a esta crisis. "Son los vecinos los que tratan de ayudarse porque el Ingreso Mínimo Vital está llegando a muy poca gente y hay verdadera necesidad".  

"Ninguna ley hasta ahora ha recogido la necesidad de que haya un parque público de viviendas sociales para atender a los colectivos más vulnerables. Este es el momento", ha recalcado Valero, de la Plataforma de afectados por la hipoteca. "No puede ser que este Gobierno progresista defienda los intereses de los grandes propietarios de inmuebles", ha manifestado poniendo el acento en que "esta protesta se hace a nivel nacional para presionar" en ese sentido. 

Aunque el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, al comienzo de la pandemia, compareció en el Congreso para anunciar una ley de alquiler de vivienda que permitiría a comunidades autónomas y ayuntamientos limitar los precios máximos del alquiler en las llamadas zonas tensionadas, ahora ha cambiado el discurso, según el exconcejal Pablo Híjar. "Les exigimos que mantengan su compromiso y ponga techo a las subidas abusivas", además de poner en el mercado más vivienda social, ha reclamado.

La manifestación, que ha transcurrido sin incidentes, al grito de 'PSOE, escucha, seguimos en la lucha, y ha acabado con la lectura, por parte de los convocantes, de un manifiesto ante la delegación del Gobierno para hacer oír sus reivindicaciones.  

Pablo Segura

Concentración también en Huesca

En Huesca, alrededor de medio centenar de personas han secundado la concentración convocada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) frente a la sede del Gobierno de Aragón con los lemas 'La vivienda es un derecho, no un negocio', 'Ni casa sin gente ni gente sin casa' y '¡Alquiler social ya!'. Allí han denunciado la falta de actuaciones de las administraciones públicas para dar una solución a esta problemática y han criticado que llevan 10 días sin construir viviendas públicas en la capital oscense.

Sin respuesta de la Administración

Consideran que las actuaciones del Gobierno de Aragón y del Ayuntamiento de Huesca son "más que deficientes" ya que durante los años más duros de la crisis inmobiliaria "han sido incapaces de hacerse con un parque de viviendas para gestionar y dar solución habitacional, mientras vecinos y vecinas oscenses eran expulsados de sus hogares". Por ello, piden un plan coordinado entre ambas administraciones para frenar los desahucios "que a día de hoy continúan".

Por otra parte, desde la PAH han advertido de que la futura Ley por el Derecho a la Vivienda que está estudiando el Gobierno central "será papel mojado si no protege y garantiza de manera efectiva el derecho en todo el territorio". En este sentido, reclaman que "haga frente a la emergencia habitacional que sufrimos garantizando una vivienda para quien lo necesita mediante un presupuesto suficiente en políticas públicas y estableciendo mecanismos legales que obliguen a los responsables financieros de la crisis inmobiliaria y a los grandes tenedores de vivienda a asumir responsabilidad social y evitar nuevas burbujas especulativas".

Por ello, reclaman que esta nueva ley incluya como mínimo 8 medidas de aplicación directa en todo el territorio. Entre ellas, garantizar el derecho a una vivienda digna, asequible, accesible y adecuada; paralizar los desahucios de personas vulnerables sin alternativa y establecer la obligación de alquiler social estable para los grandes tenedores "y en el resto de casos realojo digno y adecuado"; ampliar el parque público de alquiler social como mínimo al 20% del conjunto de viviendas en 20 años; regulación estatal de alquileres a precios adecuados; garantizar los suministros básicos de agua, luz, gas y telecomunicaciones; dar una segunda oportunidad a los hogares con deudas hipotecarias; ampliar los presupuestos para vivienda social y políticas sociales hasta el 2% del total; y participación activa de la población en toda la política de vivienda y urbanismo.