Agricultura
UGT y CC. OO. piden una mesa agraria para evitar que la campaña frutícola vuelva a ser "fuente de contagios de la covid"
Las federaciones agrarias de los sindicatos aragoneses recuerdan a los empresarios agrícolas las obligación de cumplir una sentencia del TSJA que establece el salario mínimo del campo en 7,59 euros por hora.
Los secretarios generales de UGT-FICA y de CC. OO. Industria, José Juan Arcéiz y Ana Sánchez, respectivamente han mostrado este viernes su «descontento con la actitud del Gobierno de Aragón» por la ausencia de los representantes de los trabajadores en las reuniones que las organizaciones agrarias y las cooperativas están manteniendo con el consejero de Agricultura, Joaquín Olona, para anticipar medidas anticovid en la campaña frutícola.
«Las organizaciones sindicales tienen que estar presentes en esas reuniones, en la que no es lógico que se estén olvidando de la una de las patas más importantes de la negociación, los trabajadores», han señalado. Con este argumento han exigido al Ejecutivo regional la creación de una mesa agraria en la que tengan cabida los representantes sindicales «tanto para hablar de covid como de lo que no es covid».
Arcéiz y Sánchez han mostrado su desconfianza en que los empresarios agrícolas cumplan las exigencias sanitarias para evitar la expansión del coronavirus durante la campaña agrícola. «Ya no cumplieron el pasado año y mucho nos tememos que volverá a suceder», han insistido los representantes sindicales que han lamentado que la consejería de Agricultura considere «positivo» que «solo» el 43% de los agricultores obligados a hacerlo haya presentado la declaración responsable cuando apenas quedan cinco días para que termine el plazo.
Por eso, han advertido que «si no se hace nada las comarcas productoras de fruta se pueden convertir en focos de infección de la covid importantes». Y han criticado que mientras en otros sectores las empresa han invertido mucho dinero para garantizar la seguridad de los trabajadores, «en el campo no se ha hecho nada», ha criticado Arcéiz. El secretario general de UGT-FICA ha insistido en la necesidad de que refuercen las inspecciones, con herramientas adecuadas y recursos humanos, y se impongan sanciones «porque parece que hasta que no se toca el bolsillo de la gente no se cumplen las medidas».
Bloqueo técnico
No solo la salud de los trabajadores preocupa a las centrales sindicales. Con contundencia José Juan Arcéiz ha abierto su comparecencia dejando claro que «el campo es uno de los mayores y más graves problemas que tenemos las federaciones tanto en la negociación colectiva como en el día a día». La prueba está en los convenios colectivos provinciales del sector, mejor dicho, en el que concierne a la provincia de Zaragoza, porque el de Huesca ya tiene acuerdo.
«El convenio del campo en Zaragoza está en bloqueo técnico», han señalado los sindicalistas, que han asegurado que la causa de los nulos avances no es otra que la negativa de la parte empresarial a acatar una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que establece el salario mínimo interprofesional (SMI) del sector en 7,59 euros/hora y no los 6,20 euros hora que están pagando ahora.
«La realidad que nos encontramos, sin embargo, es que se abona apenas seis euros por hora, una cifra de la que se descuenta un euro para el transporte, que sumados a otras cotizaciones da como resultado que el trabajador apenas reciba cuatro euros por hora trabajada», ha explicado Arcéiz.
Por eso, los líderes de UGT-FICA y CC. OO. Industria han lanzado el guante a las organizaciones agrarias presentes en la negociación. «En el momento en que las organizaciones reconozcan la sentencia y los empresarios del sector la acaten, el convenio colectivo tendrá acuerdo en tres horas», ha detallado Arcéiz, que ha dejado claro que sin este cumplimiento «poco se va a avanzar en la negociación».
Sánchez ha añadido además que dado que «es imposible» que un trabajador del campo denuncie de manera individual, los sindicatos van a ser «garantes» de sus derechos, para lo que van a iniciar una campaña con la que denunciar los incumplimientos del sector.
