la pandemia del siglo xxi
Cierre de filas en la política para combatir una crisis sin parangón
Los partidos, salvo Vox, aparcaron sus diferencias para pactar la estrategia de recuperación junto a los agentes sociales y los municipios. También se aprobó un presupuesto histórico en las Cortes tanto por cuantía como por número de votos.
La envergadura de la crisis generada por la pandemia ha llevado a los partidos aragoneses a hacer frente común, demostrando su capacidad de pacto al sacar adelante una estrategia para la recuperación económica y social junto a los empresarios, los sindicatos y la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (Famcp). Solo Vox se demarcó de un documento que recoge hasta 273 medidas para luchar contra las consecuencias del coronavirus.
Lejos de la crispación que domina la política nacional, los líderes aragoneses han optado por sumar esfuerzos, sin que ello haya supuesto que la oposición renuncie a su labor de control. Una cosa es que se pusieran de acuerdo a la hora de plantear las actuaciones necesarias y otra muy distinta que, por poner solo un ejemplo, el PP no reclame ayudas directas para los sectores más castigados por las restricciones a la actividad, cuestione la priorización y el ritmo con que se ponen en marcha las medidas de choque o critique la propia gestión del Ejecutivo autonómico.
Todos han tenido que hacer concesiones, como los propios socios del cuatripartito al reflejar en dicha estrategia, desarrollada en una treintena de ejes, que no modificarán ningún impuesto autonómico que pueda "poner en riesgo" la liquidez de las familias, autónomos y empresas. Y en ese difícil equilibrio político, Podemos, CHA e IU siguen defendiendo al mismo tiempo en las Cortes la necesidad de contar con más ingresos a través de una "reestructuración fiscal" para abordar las necesidades sociales.
Otro de los hitos vividos en este año excepcional fue la aprobación de los presupuestos de 2021, con una dotación histórica de 7.454 millones para poner las bases de la reconstrucción tan deseada por todos. Y salió adelante con un inusual respaldo político, ya que los socios del cuatripartito, pese a tener mayoría absoluta, contaron con el respaldo de Ciudadanos e Izquierda Unida. Nunca antes se había aprobado unas cuentas en Aragón con el voto de 48 de los 67 parlamentarios. Además, el aval dado por los sindicatos y los empresarios dificultó el discurso de oposición al PP y a Vox.
No obstante, el recurso a la deuda y el elevado crecimiento del gasto, desbocados por una crisis sin parangón que ha vuelto a hundir los ingresos fiscales, son motivo de duros y constantes reproches de los populares por entender que no se atiende a los sectores más afectados mientras se hipoteca a las próximas generaciones. Este mismo mensaje es el eje del discurso de la extrema derecha, que sigue defendiendo la necesidad de recortar "gasto superfluo" en asesores, así como el recorte en las partidas para la cooperación. En este último caso, lo han conseguido en el Ayuntamiento de Zaragoza, sabedores de que su voto era imprescindible para aprobar las cuentas de este año.
La misma anormalidad que afecta a la sociedad se ha contagiado a la Cámara autonómica, cuya actividad casi se llegó a paralizar en la primera fase de la crisis sanitaria y aún está en proceso de recuperación, como reconocen los propios parlamentarios.
Pese a todo, la capacidad de sumar se volvió a demostrar en el hemiciclo hace menos de un mes, cuando todos los partidos, salvo IU, aprobaron una ley de simplificación para reducir los trámites burocráticos, reivindicada por Ciudadanos. La pretensión, una vez más, es posibilitar una salida más rápida de la crisis recortando los plazos de contratación o reduciéndolos a la mitad en el caso de las subvenciones, lo que podría resolver el enquistado problema de las ayudas de alquiler en tiempos de extrema necesidad.
Entendimiento institucional
Esto no quita que los partidos, sin distingo de color político, entiendan que en una situación excepcional no cabe la polarización, lo que ha llevado a un inusual entendimiento institucional. Así, el Ayuntamiento de Zaragoza cedió en dos ocasiones el Auditorio para habilitar un hospital de campaña en la primera ola de la pandemia y luego un espacio para pacientes asintomáticos, aunque no llegó a hacer falta este recurso.
No es la única muestra, dado que las diputaciones provinciales han decidido recurrir a sus arcas para respaldar las ayudas convocadas por la DGA para lanzar el plan Remonta con el que se pretende paliar las consecuencias del cierre de las estaciones de esquí para los sectores de la hostelería y el turismo. A finales de febrero solo se había contratado a 106 trabajadores afectados.
La unidad tampoco ha eximido a los gestores de las críticas de la sociedad civil. El sector turístico y de la nieve lleva meses en pie de guerra y la hostelería ha abierto una batalla judicial para exigir compensaciones por las limitaciones impuestas a su actividad, que ha motivado innumerables concentraciones por el territorio aragonés. También llevaron las órdenes de la DGA ante la Justicia y provocaron importantes reveses en los tribunales.
Los más de cien millones movilizados por el Ejecutivo autonómico para ayudar a las empresas y familias damnificadas no han contentado a nadie y los sectores económicos siguen reclamando ayudas directas, ahora comprometidas por el presidente aragonés para una economía ya muy dañada. El paro no para de aumentar y la preocupación compartida por todos es que muchos de los ERTE se acaben convirtiendo en ERE porque el tejido de la pequeña y mediana empresa no pueda aguantar un envite de unas proporciones desconocidas.
La cuestionada gestión de la crisis sanitaria ha tenido, además, su propia víctima, Pilar Ventura, que no pudo aguantar la presión de los profesionales y acabó presentando su dimisión la pasada primavera tras sus polémicas declaraciones en las Cortes. Sostener que confeccionar material de protección con bolsas de basura "estimulaba" a los sanitarios acabó por encender las protestas de unos profesionales que ahora sí cuentan con medios para combatir la pandemia.
El lento proceso de vacunación empieza a atisbar esperanzas, aunque está por ver el grado de influencia del Gobierno de Javier Lambán para lograr el respaldo estatal con fondos europeos a los 170 proyectos presentados por un importe de más de 8.000 millones de euros. De su consecución dependerá en buena medida que Aragón salga con más fuerza y logre un mayor impacto inducido.
