El Gobierno de Aragón inicia la reforma del Estatuto de Autonomía

Se pretende eliminar el aforamiento de las Cortes y el Gobierno, además de mantener los 14 escaños mínimos por provincia.

Javier Lambán y Maite Pérez, en el pleno de las Cortes de Aragón celebrado este viernes.
Javier Lambán y Maite Pérez, en un pleno de las Cortes de Aragón
Oliver Duch

El Consejo de Gobierno tiene previsto aprobar este miércoles los trámites apara iniciar la reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón. Esta modificación, incluida en el acuerdo de gobernabilidad de la actual legislatura, pretende suprimir los aforamientos de los miembros de las Cortes y del Gobierno de Aragón, además de mantener los 14 escaños mínimos por provincia para la elección a la Cámara autonómica. Se trata de un "objetivo compartido por las fuerzas políticas de la Comunidad", según han puntualizado en varias ocasiones desde el Ejecutivo autonómico.

De este modo, se modificarán los artículos 38.2 y 55 del Estatuto de Autonomía vigente para eliminar el aforamiento. Una cuestión que, además de estar ahora impulsada por el cuatripartito (PSOE, PAR, Podemos-Equo y CHA), ya fue propuesta hace tres años por Ciudadanos. También está previsto cambiar el artículo 36 con el fin de asegurar el mantenimiento de la representatividad de las provincias menos pobladas. Con ello se pretende garantizar la representatividad de la provincia de Teruel en las Cortes con independencia de la pérdida de población.

El primer paso para llevar a cabo esta reforma se dio el pasado verano, cuando el vicepresidente del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, y de la consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales, Mayte Pérez, dictaron el 6 de agosto una orden en la que se encomendaba a la Dirección General de Desarrollo Estatutario y Fondos Europeos y a la Dirección General de Relaciones Institucionales la elaboración del anteproyecto de ley y el impulso de los trámites pertinentes hasta su aprobación como proyecto de ley.

Debido al carácter puntual de las modificaciones, puntualizaron desde el Ejecutivo autonómico, no se ha considerado necesario llevar a cabo los trámites de deliberación participativa, audiencia e información pública. Sí se prevé informar tanto al Consejo Económico y Social de Aragón como a las secretarías generales técnicas de los Departamentos de la DGA. Además, se recabará un informe preceptivo de la Dirección General de Servicios Jurídicos y un dictamen (también preceptivo) del Consejo Consultivo de Aragón.

Tras estos pasos, se prevé que el anteproyecto se someta a la aprobación del Gobierno de Aragón, para la remisión posterior del proyecto aprobado a las Cortes, momento en el que iniciará su tramitación parlamentaria. Se trata de la cuarta reforma, después de las aprobadas en 1994, 1996 y 2007, y necesitará el apoyo de dos tercios de los diputados para salir adelante. Posteriormente, la tramitación final deberá culminarse en las Cortes Generales, que deberán aprobar la reforma mediante ley orgánica.

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