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Un ingeniero agrónomo y dos empresarios, juzgados por una estafa a una sociedad de riegos
El fiscal pide una pena de tres años, que la acusación eleva hasta ocho por incluir también un delito de insolvencia punible
Un ingeniero agrónomo jubilado y dos empresarios de la empresa Riegos Aragón Sistemas fueron juzgados ayer por la Sección III de la Audiencia de Zaragoza acusados de estafa e insolvencia punible por una deuda con la sociedad de riegos acreedora de 100.000 euros.
El fiscal solicita tres años de prisión por estafa a Pedro C. G., el ingeniero de 73 años que fue dueño de la sociedad Riegos Aragón S. L., y a los empresarios Francisco G. H. y Joaquín María O. I., que le compraron la empresa a mediados de 2017 y la rebautizaron Riegos Aragón Sistemas. También les pide una multa de 20 meses con una cuota diaria de 8 euros, y otra similar a las dos sociedades que representaban.
El acusado Pedro G. G. manifestó que había trabajado con el Grupo Chamartín durante mucho tiempo, generando para ellos ingresos por un valor cercano a un millón de euros. Había ido pagando todas las mercancías que le suministraban hasta que Riegos Aragón S. L. sufrió impagos por parte de varias cooperativas a las que hacía trabajos de regadíos. Fue entonces y por este motivo cuando ya no pudo seguir cumpliendo con sus pagos.
Defendió su honradez al asumir las deudas y negó que tuviera intención de perjudicar al Grupo Chamartín. De hecho, precisó que cuando una cooperativa le envió un pagaré con un pago, se lo entregó inmediatamente a sus acreedores. Ademas, llegó a celebrarse un juicio civil entre el ingeniero y la sociedad acreedora en 2018 en el que se reconoció la deuda pendiente de pago del acusado por 153.000 euros. Asimismo, el ingeniero explicó que vendió la empresa a los otros dos acusados y se quedó con ellos de asesor durante dos meses para ayudarles, al considerar que podría beneficiarles por ser muy conocido en el mundo de las cooperativas.
"No hubo confabulación"
«No hubo ninguna confabulación judeomasónica para evitar pagar las deudas a Chamartín», declaró el ingeniero, quien tenía entonces 72 años y quería retirarse. Explicó el motivo de que le asolaran los impagos: «Me quedé en blanco con las deudas. Me extrapolaron financieramente y tenía impagos que me impedían los pagos».
Los compradores de la empresa negaron que conocieran las deudas que mantenía abiertas el ingeniero con el Grupo Chamartín y dijeron que eran «novatos» en el negocio, por lo que necesitaron su asesoría al principio tanto para entrar en negocios como para relacionarse con las cooperativas de la zona de Tafalla (Navarra).
«No sabía las deudas que tenía Pedro con Chamsa (Grupo Chamartin) y de hecho él fue pagando lo suyo, y nosotros lo nuestro», detalló Francisco G. H. Se quedaron con los tres trabajadores que tenía en la sociedad.
El otro empresario, Joaquín María O. L., precisó que abonaron 22.000 euros al Grupo Chamartin de unos materiales adquiridos para unos riegos.
Un representante de la empresa explicó que el acusado Pedro G. C. pagaba puntualmente y dejó de responden a sus deudas porque «no le abonaban a él». El presidente de la sección III, José Ruiz Ramo, agilizó el juicio con las preguntas a los testigos, entre los que había cinco miembros de sociedades cooperativas de Tafalla (declararon por videconferencia y apoyaron a los acusados).
El letrado de la acusación particular, José Ángel Gracia, solicitó cinco años por estafa y tres por insolvencia punible, así como una responsabilidad civil de 500.000 euros. Mientras, el abogado defensor, José Miguel Pascual, pidió la libre absolución de los acusados y señaló que este juicio «es un abuso del Derecho Penal y una temeridad», ya que este pleito se dilucidó en la vía civil.
