Aragón aprueba la ley de simplificación que recortará los trámites burocráticos
Solo IU rechaza la norma, con la que se reducirá dos meses los plazos de contratación y hasta la mitad la resolución de ayudas.
Los partidos aragoneses aparcaron este jueves sus diferencias para aprobar en las Cortes la ley de simplificación administrativa con la que se pretende reducir los trámites burocráticos y regular la declaración responsable, el silencio positivo y revisar a la baja todos los plazos de silencio administrativo en los próximos seis meses. Tan solo IU se desmarcó al considerar que el norma abre la puerta a la privatización del control hasta ahora ejercido por los funcionarios, sin regular precios ni imponer tasas.
Los socios del cuatripartito destacaron que el texto beneficia a toda la población, ya que se reducirán los plazos de resolución de las subvenciones a la mitad o se conseguirá recortar hasta dos meses los procedimientos de contratación.
La consejera de Presidencia, Mayte Pérez, incidió en que esta ley es "muy demandada, necesaria, oportuna y ajustada a una demanda social" que, a su juicio, se hubiera convertido en un clamor de no haberse abordado.
Pérez señaló que con esta iniciativa se ayudará a incrementar la productividad empresarial, dado que la propia UE estima que las empresas españolas dedican el 4,6% del PIB a gastos para atender las obligaciones con la Administración.
La consejera destacó que con esta ley se pretende tener lista la máquina administrativa para ser más eficaz en la gestión de los fondos europeos de reconstrucción y agradeció el respaldo de Ciudadanos, que ha hecho bandera de su aprobación de esta ley.
El apoyo del PP tampoco fue incondicional y se limitó al articulado. La diputada Mamen Susín criticó que se haya incluido la modificación de más de treinta leyes y decretos-ley que "poco o nada tienen que ver con la simplificación", aspecto en el que también subrayó el diputado de IU, Álvaro Sanz, quien cuestionó que solo se pretenda poner "alfombra roja a la actividad económica sin control".
La advertencia del PP
Pese a sus diferencias, los dos parlamentarios advirtieron de la inseguridad jurídica y desregulación que generará y que, auguró Susín, "acabará siendo el principal fracaso de esta ley" sin que sirva para agilizar la gestión de los fondos europeos. Y añadió: "Verán cómo el tiempo nos dará la razón y se quedará bloqueada en los departamentos limitándose a unos pocos procedimientos que no comportan riesgos. El empleado público no va a asumir un riesgo que no le corresponde".
El portavoz de Ciudadanos, Daniel Pérez Calvo, cerró filas con los socios de Gobierno al aseverar que la ley es "tremendamente útil" para garantizar la racionalidad de los procedimientos y que todos ganarán al desaparecer "la broza burocrática". "Aragón le declara la guerra a la burocracia absurda e injustificada", opinó.
El diputado de Vox David Arranz defendió su abstención porque su partido, pese a compartir los objetivos de la ley, no estaba de acuerdo con la desregulación que en su opinión suponen las entidades colaboradoras de certificación o las formas en la aprobación del texto.
Los socios del cuatripartito destacaron las aportaciones en el trámite de enmiendas, se han aceptado el 25% de las presentadas, y el beneficio que supondrá la ley para todos los aragoneses. Darío Villagrasa (PSOE) señaló que es necesaria, llega en tiempo y forma y pone a Aragón "a la cabeza de las autonomías" y Vanesa Carbonell (Podemos) instó a aplicarla con "perspectiva social", mientras Joaquín Palacín (CHA) y Jesús Guerrero (PAR) se mostraron convencidos de que servirá para aprovechar «hasta el último euro» de las ayudas europeas y afrontar "nuevas oportunidades".
