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Varios restaurantes de Zaragoza demandarán a la DGA y al Estado por las pérdidas sufridas

Presentarán primero reclamaciones en las administraciones, paso previo a posibles pleitos judiciales

AUDIENCIA / ZARAGOZA / 30/10/03 / FOTO : OLIVER DUCH Duch2872.jpg
Sede del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en el Coso zaragozano.
Oliver Duch

Varios conocidos restaurantes de Zaragoza han encargado al letrado José Cabrejas, del despacho Cabrejas Abogados, presentar una demanda contra el Estado y otra contra el Gobierno de Aragón por las pérdidas sufridas en el primer año de la covid-19 por los cierres de los negocios decretados por las administraciones.

El primer paso que van a emprender son las reclamaciones patrimoniales contra la Administración por su mal funcionamiento y, en función de su respuesta, llegarán a las secciones del Contencioso administrativo de la Audiencia Nacional o al Tribunal Superior de Justicia de Aragón.

«Se van a presentar las demandas contra el Estado por pérdidas sufridas de entre un 60% y un 80% de ingresos en el primer año de pandemia», señaló José Cabrejas, quien reconoció que la «viabilidad es complicada».

El sector de la hostelería está muy interesado con la vía judicial después de la resolución del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), conocida el martes, que aceptó suspender cautelarmente la medida de cerrar los bares y restaurantes al no considerarlos como riesgo grave de contagio.

Las demandas de los bares y restaurantes del sector de la hostelería contra el Estado y la DGA deben ser individuales y no colectivas, como ocurrió con el cierre del control aéreo que se produjo el pasado 3 de diciembre de 2010.

Cabrejas, por tanto, presentará primero una contra el Estado por las competencias que le correspondían en la gestión de la pandemia, mientras que la reclamación a la DGA estará relacionada con la sede del negocio afectado y reclamará los daños causados por los actos que fueran competencia de la comunidad autónoma.

El plazo con el que cuentan los hosteleros es hasta el 1 de junio de 2021 y la Administración deberá resolver en seis meses. Contra la resolución dictada por la Administración cabe presentar recurso contencioso-administrativo.

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