pleno de las cortes de Aragón
Aragón aprueba la ley de simplificación que reducirá los trámites burocráticos
Solo IU rechaza la norma con la que se resolverán subvenciones en la mitad de tiempo o se recortará dos meses la contratación.
Los partidos aragoneses han aparcado este jueves sus diferencias para aprobar en las Cortes la ley de simplificación administrativa con la que se pretende reducir los trámites burocráticos y regular la declaración responsable, el silencio positivo y la revisión a la baja de todos los plazos de silencio administrativo en los próximos seis meses.
Tan solo IU se ha desmarcado al considerar que el norma abre la puerta a la privatización del control hasta ahora ejercido por los funcionarios, sin regular precios ni imponer tasas. Los socios del cuatripartito han subrayado que el texto beneficia a toda la población, ya que se reducirán los plazos de resolución de las subvenciones a la mitad o se conseguirá recortar hasta dos meses los procesos de contratación.
La consejera de Presidencia, Mayte Pérez, ha incidido en que esta ley es "muy demandada, necesaria, oportuna y ajustada a una demanda social" que, a su juicio, se hubiera convertido en un clamor de no haberse abordado.
Pérez ha señalado que con esta iniciativa se ayudará a incrementar la productividad empresarial, dado que la propia UE estima que las empresas españolas dedican el 4,6% del PIB a gastos para atender las obligaciones con la Administración.
La consejera ha destacado que esta ley ayudará a tener lista la maquinaria administrativa para ser más eficaz en la gestión de los fondos europeos de reconstrucción y ha agradecido el respaldo de Ciudadanos, que ha hecho bandera de su aprobación.
El apoyo del PP tampoco no ha sido incondicional y se limitará al articulado. La diputada Mamen Susín ha criticado que se haya incluido la modificación de más de treinta leyes y decretos-ley que "poco o nada tienen que ver con la simplificación", aspecto en el que también ha incidido el diputado de IU, Álvaro Sanz, quien ha cuestionado que solo se pretende poner "alfombra roja a la actividad económica sin control".
Pese a sus diferencias, los dos parlamentarios han advertido de la inseguridad jurídica y desregulación que generará y que, ha augurado Susín, "acabará siendo el principal fracaso de esta ley", sin que sirva para agilizar la gestión de los fondos europeos. Y ha añadido: "Verán como el tiempo nos dará la razón y se quedará bloqueada en los departamentos limitándose a unos pocos procedimientos que no comportan riesgos. El empleado público no va a asumir un riesgo que no le corresponde".
El portavoz de Ciudadanos, Daniel Pérez Calvo, ha cerrado filas con los socios de Gobierno al aseverar que la ley es "tremendamente útil" para garantizar la racionalidad de los procedimientos y con la que todos ganarán al desaparecer "la broza burocrática".
El diputado de Vox David Arranz ha adelantado su abstención porque su formación, pese a compartir los objetivos de la ley, no comparte la desregulación que en su opinión suponen las entidades colaboradoras de certificación o las formas en la aprobación del texto.
Los socios del cuatripartito han destacado las aportaciones en el trámite de enmiendas, una cuarta parte de las presentadas, y el beneficio que supondrá la ley para todos los aragoneses. Darío Villagrasa (PSOE) ha señalado que es necesaria, llega en tiempo y forma y pone a Aragón "a la cabeza de las autonomías" y Vanesa Carbonell (Podemos) ha instado a aplicarla con "perspectiva social", mientras Joaquín Palacín (CHA) y Jesús Guerrero (PAR) se han mostrado convencidos de que servirá para aprovechar "hasta el último euro" de las ayudas europeas y afrontar "nuevas oportunidades".
