El BOA en pandemia: del ostracismo a convertirse en un libro de cabecera
Con la covid y las restricciones, el Boletín Oficial de Aragón ha aumentado sus consultas en torno a un 30%. Buena parte de los ciudadanos, no obstante, considera que el lenguaje jurídico es excesivamente enrevesado.
Porque es gratis, si no, el Boletín Oficial de Aragón llevaría copando las primeras posiciones de la lista de ‘bestsellers’ en los últimos meses. Desde que comenzó la pandemia, sus consultas se han disparado y, no en vano, es el as de guía para saber a qué atenerse en una situación tan cambiante como la derivada por la covid. Camareras, peluqueros y usuarios de bibliotecas o gimnasios han pasado a leerlo de forma habitual para ver cómo les afectan las restricciones. En el pasado mes de enero la web del BOA registró 840.780 accesos, lo que viene a ser un 30% más que en enero del año pasado (641.895 consultas) cuando el coronavirus parecía solo un mal menor de los pangolines chinos. Si se echa la vista aún más atrás, en los años 2017 y 2018, por ejemplo, no se superaron ni las 300.000 visitas. Mirando la serie histórica, el récord se sitúa en el más de millón de entradas que tuvo la página de la DGA en noviembre del año pasado, justo cuando la tercera ola acechaba en Aragón y se imponían restricciones más duras.
El BOA, cuya publicación depende del área de Presidencia, no es otra cosa sino el diario oficial de la Comunidad. Comenzó a publicarse en abril de 1978, dos días después de que se constituyera formalmente la Diputación General de Aragón en la iglesia de San Pedro de los Francos de Calatayud. Aún no había presidente aragonés (Juan Antonio Bolea juraría su cargo días más tarde) y su primer número consta de cuatro páginas. Este diario lo escriben los letrados y el personal propio de la DGA y se actualiza todos los días, excepto sábados y domingos. Desde 2006 ya no se edita en papel sino que todo es digital y en el soporte web -cuyo diseño se renovó hace dos semanas- pueden buscarse todos los boletines publicados hasta la fecha. “Los convenios se registran desde 2012 y en 2014 se abrió el BOA a las redes sociales: se envían tuits diarios con el sumario del BOA y con información de especial relevancia para el ciudadano”, explican desde el Pignatelli.
La semana pasada el Gobierno de Aragón prorrogó las presentes limitaciones de aforo y horarios en la Comunidad y más de periodista pasó apuros para interpretarlo por lo enrevesado de su lenguaje. Este es el que le aporta “seguridad jurídica” -justifican-, pero también es cierto que -según el barómetro de Metroscopia- el 82% los ciudadanos considera que este lenguaje es excesivamente complicado y muy difícil de entender. De hecho, los gabinetes de comunicación de las instituciones tratan de suavizarlo e, incluso, hacen pictogramas para divulgar las medidas que en los textos oficiales se anuncian.
Lo más consultado, de largo, “es el apartado dedicado a las oposiciones”, única sección que supera el millar de suscritos electrónicamente. Así, en el ‘top’ del ranquin están siempre la consulta de plazas ya sea para auxiliar administrativo, policía local en algún municipio, personal de investigación, de cuerpos docentes universitarios... También tiene mucho éxito cualquier convocatoria de subvenciones y, por descontado, lo más ‘cotillica’ del BOA son siempre los nombramientos de altos cargos.
No obstante, desde la eclosión del coronavirus, la necesidad de información oficial se ha multiplicado y cada vez que se producen “modificaciones de las medidas sanitarias” las consultas crecen exponencialmente. En estos momentos, lo más visto en la página web de la DGA -además de la incidencia diaria de la covid- es la declaración responsable para justificar desplazamientos y las restricciones de horarios y aforos para el comercio en la Comunidad.
Pero, ¿es el BOA tan comprensible como debería? ¿O abusa de expresiones confusas de prosa jurídica? El investigador Álvarez Díez explica que su principal queja durante esta pandemia “no es tanto la gestión (por supuesto hay mucho que se puede mejorar, pero España no es ni con mucho de los peores países), sino la falta de información útil, sencilla y entendible que ayude a los ciudadanos a entender el por qué de las medidas que se toman”. El joven, que desarrolla calculadoras con estimaciones sobre la vacunación, cree que habría que hacer más pedagogía con temas como que “nuestras acciones individuales afectan a las personas a nuestro alrededor” y pueden poner en riesgo a parte de la población.
Hace justo cuatro años, en febrero de 2017, la Real Academia Española (RAE) y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se dieron la mano para presentar el ‘Libro de estilo de la justicia’. Ambas instituciones admitían que la falta de claridad de los textos legales podría afectar a no pocos aspectos de nuestra vida como ahora se está demostrando. Los mismo sucede con la declaración de la renta, con las hipotecas o con algunos informes médicos, que abusan de fórmulas antiguas (el futuro del subjuntivo, las subordinadas) y de ciertos latinismos, que hacen que sean incomprensibles para la mayoría de los mortales.
“Los textos con los que la administración se comunica con la población deberían ser claros y comprensibles”, defendían los académicos, conscientes de que los actuales resultan opacos y generan más dudas de las que despejan: incluso el lenguaje palabrero y farragoso ha sido clave para algunas estafas financieras. El autor del citado libro de estilo, editado por Espasa, es el jurista y secretario de la RAE Santiago Muñoz Machado y cita anécdotas como que algunos estudiantes en las salas de un tribunal no sabían si habían ganado o perdido el juicio tras conocer el veredicto. En el libro se citan ejemplos concretos de pedantería y hojarasca como “ponemos en conocimiento la realidad de lo que ocurre para hacerles partícipes de los daños que nos están irrogando”.
“La claridad debería ser de cumplimiento obligatorio para los documentos públicos, independientemente de la extracción social, el nivel cultural o el origen geográfico de sus receptores”, opinan los magistrados, aunque en ocasiones no prediquen con el ejemplo.
La lingüista Elena Álvarez Mellado entiende que las complejidades de los textos jurídicos tienen su razón de ser porque requieren cuestiones técnicas de gran detalle. “No se trata de simplificar la terminología legal o médica cuando el destinatario del informe es otro especialista en la materia. En estos casos han de ser precisos y echar mano de la terminología de su profesión para poder trabajar. No es cuestión de convertir los protocolos médicos en ‘Teo va al hospital’. La cuestión es si tiene sentido que los textos que no van dirigidos a los profesionales del ramo sino que son de interés para la ciudadanía estén redactados en una jerga incomprensible”, explicaba recientemente en un artículo en 'Eldiario.es'. En este sentido, ha sido muy celebrada una cuenta (no oficial) estrenada recientemente en Instagram en la que, bajo el título 'BOE Lectura Fácil, se explica con pequeños dibujos y grandes titulares "lo que tienes que saber, sí o sí, del boletín oficial que rige tu vida".
Los boletines y las redes
El pasado mes de marzo, poco después de que se dictara el confinamiento domiciliario, el BOE fue lo más descargado en España rivalizando únicamente con la serie ‘Veneno’, recién estrenada por los Javis. El BOE, que discernía en aquel momento quién era esencial y podía salir a la calle, superó los 150.000 seguidores en Twitter y un año después aún los mantiene. Por su parte, el perfil del BOA, que debutó en Twitter en 2014, tiene 3.489 seguidores en la red social (los ha duplicado en un año), donde se limita a avisar de cuándo hay actualizaciones pues su ‘Sumario del Boletín seguido de la fecha’ no es el contenido más atractivo de un tuit. Nadie espera que el BOA sea una saga parecida a la de ‘Harry Potter’ ni que sus redactores firmen en la Feria del Libro, pero sería interesante reunir algunos de sus grandes ‘hitos’ como cuando el 31 de diciembre de 1996 publicó el nuevo Estatuto de Autonomía de Aragón.
