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Manuel Ollé: "El asesinato de los cinco jesuitas españoles en El Salvador fue un crimen de Estado"

El Tribunal Supremo confirmó esta semana la condena de 133 años al coronel Orlando Montano de El Salvador por el asesinato de los jesuitas en 1989. El abogado aragonés Manuel Ollé representó a la acusación particular. 

Manuel Olle / 11-06-20 / Enrique Cidoncha [[[FOTOGRAFOS]]] [[[HA ARCHIVO]]]
El abogado aragonés Manuel Ollé, que estuvo en la acusación particular del juicio por el caso Ellacuría, antes de entrar en el juicio celebrado en junio de 2020, en la Audiencia Nacional 
Enrique Cidoncha

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de 133 años y cuatro meses de cárcel al que fuera viceministro de Seguridad Pública del Ejército de El Salvador, el coronel Inocente Orlando Montano Morales, por el asesinato de cinco jesuitas españoles (Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes Mozo, Armando López Quintana y Juan Ramón Moreno Pardo) que se cometieron la noche del 15 al 16 de noviembre de 1989 en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).

Apenas cinco meses después de que la Audiencia Nacional condenase al único dirigente militar juzgado en España por estos hechos, la Sala de lo Penal del Supremo ha ratificado la sentencia sobre lo que denomina "auténtico relato de terror y del horror que tuvieron que vivir las víctimas de este crimen de Estado".

Como ocurrió con la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo ha dictado una contundente sentencia donde afirma que el alto mando utilizó "el aparato del Estado para llevar a cabo una auténtica ejecución civil de ciudadanos para crear una apariencia ante la sociedad de que actuaban contra el Estado".

El abogado aragonés Manuel Ollé ha sido el representante de la acusación particular y ha valorado las consecuencias de la sentencia para la justicia universal, 32 años después de ocurrir los hechos, y hace una valoración de la sentencia para HERALDO.

¿Qué significa para la justicia universal la batalla del ‘caso Ellacuría’ en la que el Supremo confirma la condena de 133 años a uno de los autores de los asesinatos de los jesuitas españoles en El Salvador en 1989?

En lo jurídico es una sentencia especialmente importante. Confirma la vigencia de la jurisdicción universal. Califica con precisión los hechos como terrorismo de Estado. Fue un crimen de Estado. Y sus actores deben ser perseguidos. Y ha resquebrajado definitivamente la férrea impunidad en El Salvador para los autores de estos crímenes. En otro orden de cosas, se ha hecho la justicia por la que tanto han luchado las familias, los padres jesuitas y el pueblo salvadoreño. Ojala esta sólida sentencia sea el punto y seguido para que se reabran las causas en El Salvador y se descubran a todos los autores intelectuales y materiales responsables de los hechos.

¿Cómo se siente como el abogado barbastrense-oscense-aragonés que logró este hito para la Justicia después de una carrera profesional de más de 30 años?

Una gran alegría porque el trabajo de tantas personas, su lucha y el esfuerzo ha tenido sus frutos. Hemos pasado muchos desiertos jurídicos pero en el fondo de la arena encontrábamos agua. Se ha impuesto la justicia por encima de cualquier otro interés e injerencias, que lamentablemente las ha habido y muchas.

¿Cómo puede afectar a otros casos que están pendientes de instrucción en la Audiencia Nacional?

Espero que el legislador tome nota de las bondades y de la eficacia de este necesario principio de justicia universal que permite enjuiciar los más graves crímenes internacionales.

¿Dónde va a seguir encarcelado el coronel salvadoreño condenado?

Seguirá encarcelado en la prisión de Madrid-Estremera.

¿Cómo debería homenajear España a los jesuitas españoles asesinados por la libertad?

La sentencia supone un homenaje a la verdad, a su memoria y a su dignidad de los jesuitas, y también además a De Elba y Celina (El tribunal también le consideró autor de los crímenes de otro jesuita salvadoreño, Joaquín López; de la cocinera del centro, Julia Elba; y de su hija Celina Mariceth, de 15 años, si bien no se le pudo condenar por ello al no haber concedido Estados Unidos su extradición por estos hechos).

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