Los árbitros del caso Plaza dirán en otoño si Acciona devuelve 90 millones más a la DGA
La contratista ya pactó el reintegro de 57,7 millones antes del juicio por corrupción. Decenas de testigos declararán antes del verano en el laudo pactado por las partes.
El mayor caso de corrupción en la historia de Aragón se cerrará finalmente el próximo otoño. Para entonces, los tres árbitros designados para resolver el conflicto legal sobre los supuestos sobreprecios y obras no ejecutaras en la urbanización de la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza) decidirán si Acciona debe devolver más dinero, ya que el Ejecutivo autonómico le reclama otros 93 millones.
Ambas partes han aportado distintos estudios periciales sobre los trabajos realizados en su día, que suman decenas de miles de documentos, mediciones y fotografías, para intentar demostrar que los 57,7 millones ya reintegrados con antelación al juicio celebrado en 2018 se quedan cortos, como plantea la DGA, o suponen una compensación suficiente, como alega Acciona. Y del juicio de los tres expertos pactados por la sociedad pública Aragón Plataforma Logística (APL) y la constructora dependerá si se fija o no una cantidad adicional. Su resolución será vinculante, con el mismo valor de una sentencia judicial y solo se podría enmendar en caso de detectarse un error flagrante en la interpretación de los hechos.
La pretensión del Gobierno de Aragón, socio único de APL, es recuperar íntegramente los 150 millones que, según las estimaciones de sus técnicos, se llegó a pagar de más por la urbanización de las 1.300 hectáreas de la mayor plataforma logística del sur de Europa. No obstante, fuentes de la DGA reconocen la dificultad que supondrá obtener una mayor cuantía de la ya desembolsada por Acciona, dado que la multinacional ha movilizado a los mejores especialistas del país en esta materia para rebatir cada argumento y dato y ha tenido tiempo suficiente para desgranar los informes aportados por APL en la causa judicial. La contratista encargó también varios informes periciales, muy extensos, para el juicio penal y los aportó igualmente para el laudo.
Aragón Plataforma Logística presentó antes del verano la demanda y Acciona hizo lo propio con su contestación antes de finalizar el año pasado. Yahora están pactando con el trío arbitral el calendario de pruebas, el siguiente paso para resolver el conflicto sobre las obras de Plaza.
Las partes han propuesto a decenas de testigos y peritos, por lo que se prevé que las declaraciones se alarguen hasta el próximo verano. Las vistas se celebrarán, como se ha hecho hasta ahora con las reuniones presenciales, en el complejo empresarial de la Expo. Allí hay espacio suficiente para citar a todo el mundo con las debidas distancias y medidas sanitarias impuestas por la covid.
En esta fase también están prevista visitas a la plataforma logística para corrobar cuestiones que están en juego, tal y como han pactado igualmente APL y la contratista de las obras.
Ante la acumulación de testigos, la pretensión es ordenar los días de declaración por bloques temáticos relativos a la urbanización. Uno de ellos se centrará en la disputa de los precios abonados por las distintas unidades de obra, otro sobre las mediciones de los gigantescos movimientos de tierras que hicieron falta para nivelar las parcelas y un tercero específico sobre las infraestructuras, como la defectuosa red de tuberías. El cuarto bloque se reservará para los testigos y peritos que comparezcan por el resto de cuestiones.
Una vez culmine esa fase, el calendario igualmente acordado a finales de 2019 establece un plazo posterior de 60 días para que la sociedad pública y la constructora para entregar sus conclusiones. Una vez se cierre la instrucción, los tres árbitros dispondrán de otros tres meses para presentar su resolución, siempre y cuando no consideren necesario practicar nuevas pruebas o peritajes sobre algún asunto concreto que no haya quedado claro.
De este modo, a finales de año se zanjará el caso Plaza transcurridos nueve años desde que el Gobierno de Luisa Fernanda Rudi decidiera acudir a la Fiscalía.
Casi 61 millones recuperados
A los 57,7 millones que tuvo que pagar Acciona para cerrar un acuerdo se añadieron otros tres obtenidos a través de naves, casas y cuentas, así como de sumas aportadas por varios de los acusados en la causa penal. En total, fueron condenados 22 de los 25 acusados y solo dos han tenido que pasar por la cárcel, los que se consideraron cerebros de la trama corrupta: el exgerente de Plaza Ricardo García Becerril y quien fuera primer responsable de la UTE de las obras y delegado de Acciona en Aragón José María Jordán. Ambos aceptaron sendas condenas de 2 años y un día de cárcel.
Aunque el laudo pondrá punto y final al caso Plaza, el Gobierno de Aragón aún tendrá que hacer frente a una demanda civil millonaria impulsada por los empresarios instalados en Plaza por las graves afecciones en la red de tuberías. Tras siete años infructuosos reclamando su reparación, han decidido reclamar daños y perjuicios tras ofrecer un acuerdo previo a APL por el que se avenían a renunciar a la batalla judicial si habilitaba una partida de seis millones para financiar los arreglos.
