La DGA y el Ministerio calculan la indemnización por sacrificar visones, que se prevé cuantiosa

El ganadero de La Puebla de Valverde (Teruel) que se vio obligado a sacrificar en julio a sus 92.700 visones después de que se evidenciara la presencia del Sars Cov-2 en los ejemplares y su transmisión comunitaria, tendrá, como ya adelantó el consejero cuando se anunció la medida, una indemnización. Lo que no está decidido todavía es a cuánto alcanzará y cuándo se hará efectiva. En ello trabaja conjuntamente la consejería de Agricultura del Gobierno de Aragón y el Ministerio que lidera Luis Planas, ya que, aunque este sacrificio obligatorio está amparado por la ley de sanidad animal, no existía hasta ahora ningún baremo para compensar al propietario de la empresa porque se trata de una situación totalmente nueva. "Es la primera vez que sucede y, por lo tanto no hay antecedentes", señaló ayer el consejero Joaquín Olona.

Ambas administraciones trabajan en el proceso administrativo perceptivo, porque, como sucede cuando se debe indemnizar a otro tipo de ganaderías por diferentes enfermedades, cada una aportará una parte de la compensación económica que reciba el afectado.

De momento no hay cifras. Pero la cuantía, que se establece teniendo en cuenta el precio de mercado, podría ser elevada. Primero, porque el número de animales sacrificados lo es. Y segundo, porque, según recogen algunos estudios de mercado, el precio de la piel sin procesar puede alcanzar los 100 euros. Una referencia podrían ser, además, las cifras manejadas en Dinamarca, unos de los principales países productores, donde se habla de indemnizaciones, tras detectarse cuantiosos contagios por coronavirus en las granjas, que podrían superar los 376 millones de euros para compensar el sacrificio de 15 millones de visones.

La empresa propietaria de la granja de La Puebla de Valverde está a la espera de recibir el importe de la indemnización para adquirir las hembras reproductoras y los machos necesarios para poner en marcha de nuevo la explotación, actualmente cerrada y en la que se está realizando la eliminación de las materias primas utilizadas en la cría de los visiones, fundamentalmente el pienso. Aunque ya se han retirado materiales, se prevé que el proceso, que están llevando a cabo los propietarios, termine la próxima semana. Después será el departamento de Sanidad Animal de la consejería de Sanidad el que realizará una inspección de las instalaciones para comprobar que se ha completado adecuadamente la desinfección.

La intención de la empresa es solicitar la perceptiva autorización para reanudar la actividad, que llegó a emplear a unos 22 trabajadores, aunque en el momento del cierre contaba con 14 empleados y actualmente no queda ya en las instalaciones más que un vigilante. Para ello, la reposición de las hembras reproductoras es urgente para completar el ciclo reproductivo del visón en los plazos adecuados. Además, la empresa deberá adquirirlas en otras plantas antes de que procedan al sacrificio para la producción peletera.

Pese a las intenciones de los propietarios, no parece que la granja pueda reanudar su actividad en un breve plazo de tiempo. La granja sigue inmovilizada y la evolución de la crisis sanitaria no parece ser favorable a la reanudación de una actividad ganadera que podría convertirse en un "reservorio del virus", como explicó en julio Olona. Además, reconoció ayer el consejero, el proceso administrativo que terminará por establecer la indemnización "no se va a cerrar en dos días".

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