La DGA aprobará en diciembre una ley para eliminar trabas burocráticas
El líder de Ciudadanos en Aragón, Daniel Pérez Calvo, preguntó a Lambán en las Cortes por estos trámites que, en su opinión, "acaban desesperando al más templado".
El Ejecutivo aragonés aprobará en diciembre, en la reunión del Consejo de Gobierno del día 9 o del 23, un proyecto de ley para eliminar trabas burocráticas para su tramitación en las Cortes por el procedimiento de lectura única, dando participación a los grupos parlamentarios, según ha anunciado este viernes el presidente, Javier Lambán.
Lambán ha anunciado esta ley en respuesta a una pregunta en la sesión de control al Gobierno en las Cortes del líder de Ciudadanos en Aragón, Daniel Pérez Calvo, respecto a la propuesta de la formación naranja de eliminar mediante alguna medida legislativa las trabas burocráticas, que "acaban desesperando al más templado", para crear riqueza y empleo.
Un anuncio del que se ha congratulado Pérez Calvo, quien ha pedido a Lambán que en su redacción tenga en cuenta a los agentes sociales y a los colegios profesionales.
El presidente ha detallado que la previsión es aprobar el proyecto de ley del día 9, y si no es posible, el 23, que el Gobierno de Aragón está a la espera de la que está elaborando el Ejecutivo central al respecto para que no sean contradictorias, y que si para esas fechas no está, se presentará la aragonesa.
Entre otros aspectos, supondrá una revisión del silencio administrativo y de los procesos de autorización y cambios en la orientación de Territorio, Urbanismo y Medio Ambiente y en las leyes de Hacienda y Subvenciones.
Pero además, ha apuntado que estos meses, por la covid, los distintos departamentos del Gobierno han avanzado mucho en la simplificación del acceso de ciudadanos y empresas a la tramitación de sus expedientes, y ha destacado entre ellos el Inaem y espera resultados "muy positivos" respecto del INAGA y para que a 25 de diciembre sean admitidas a trámite las peticiones de autorización de las operadoras de renovables.
Por otra parte, en respuesta a una pregunta del diputado de IU, Álvaro Sanz, sobre el aumento por la covid-19 de la economía sumergida, el fraude en la contratación y la explotación y el fraude laboral de quienes hacen negocio a costa de la vulnerabilidad de muchas personas, y se ha referido en concreto al sector de los cuidados.
Sanz ha citado informes de Gestha, de Funcas o del propio Gobierno de Aragón que cifran entre el 11 y el 25 por ciento la economía sumergida, lo que se traduce en que se escapan "del fisco" entre 4.000 y 9.000 millones anuales y ha pedido a Lambán que aclare qué medidas va a tomar.
Lambán ha negado que por la covid haya aumentado la economía sumergida y que en estos meses lo que se ha producido es "un retroceso de la economía en todas las variables" y ha apuntado que su gobierno puede hacer "bien poco", porque corresponde al Ministerio de Hacienda y la Agencia Tributaria, más allá de controlar, desde la dirección general de Trabajo, el fraude que se puede producir a la Seguridad Social.
El presidente ha indicado que no hay estudios regionalizados sobre el alcance de la economía sumergida, pero ha aventurado que será "bastante inferior" a la media del país, y ha destacado que este año, respecto al fraude a la Seguridad Social, se ha intentado actuar respecto a la campaña de recogida de la fruta, un sector que no quiere "demonizar", con muchos empresarios "impecables" en lo laboral, aunque también se producen "anomalías" que han tenido impacto sobre la evolución de la covid y el año que viene se actuará desde Agricultura y Economía.
Sin embargo, Sanz ha incidido en que la solución no pasa por decir que no es competencia de Aragón y en que sí se puede hacer más, empezando por garantizar derechos, también a las personas en situación irregular, con políticas de inclusión que garanticen estructuras y servicios que den amparo a esas personas, y en el ámbito de los cuidados, apostando por un sistema público que afloraría economía sumergida.
Además, le ha pedido que refuerce los servicios de inspección y por hacer, más allá de las sanciones a quienes someten a explotación a trabajadores, "pedagogía" respecto a los impuestos, huyendo de los discursos que "atacan a la fiscalidad" y se traducen en un mal ejemplo a la ciudadanía.
