Sanidad incluye a los discapacitados del oído en la lista de "mínima espera"
El objetivo es que las restricciones establecidas a causa del coronavirus no supongan ningún déficit en la atención que reciben.
El Departamento de Sanidad del Gobierno aragonés ha incluido a las personas con discapacidad auditiva en la lista de "mínima espera", a fin de que las restricciones establecidas a causa del coronavirus no supongan ningún déficit en la atención que reciben.
Según informa el Ejecutivo autonómico, tras valorar que las personas con discapacidad auditiva tienen que hacer frente en la actualidad a situaciones que le obligan a servirse de traductores presenciales en momentos puntuales, desde las direcciones generales de Derechos de los Usuarios y de Asistencia Sanitaria se ha considerado necesaria su inclusión en la referida lista.
Esta lista es una 'herramienta' creada en 2014 por la Administración sanitaria que integró, entre otras, a personas con problemas cognitivos que estuviesen condicionadas, además, por cuestiones económicas.
El director general de Derechos de los Usuarios, Guillermo Ortiz, ha destacado que desde su departamento se trabaja para hacer más inclusiva y accesible la Sanidad aragonesa y que a pesar de la covid-19, "no haya ninguna merma en la calidad de la atención, independientemente de la condición de sus usuarios".
La nueva medida tendrá vigencia en todo el sistema sanitario aragonés y, en los casos de asistencia programada se procurará que la atención se ajuste, al máximo, a la hora indicada para la cita.
En los supuestos de asistencia en servicios de urgencia se procurará una mínima espera en la atención, siempre que las circunstancias sanitarias globales que concurran en ese momento en el centro sanitario lo permitan.
Por otro lado, respecto al procedimiento, los encargados de registrar a los usuarios en la lista de "mínima espera" serán los trabajadores sociales y los médicos de Atención Primaria mediante un informe.
Finalmente, también se ha enviado un recordatorio al personal sanitario para que se tenga en cuenta la situación de las personas con cualquier tipo de discapacidad auditiva cuando son atendidas tanto en los servicios de urgencias como en los de consultas externas.
