Las multitudinarias manifestaciones que los agricultores protagonizaron a comienzos de año dieron como resultado la aprobación de una ley de la cadena alimentaria con la que frenar las prácticas abusivas que mantenían al sector primario como el más débil. Aquellas protestas que inundaron las calles de las distintas comunidades españolas obligaron al Gobierno a mover ficha y a aprobar el pasado 25 de febrero un real decreto de medidas urgentes para modificar la norma.

Quedaba una segunda fase, la elaboración de un anteproyecto de ley para dicha modificación. Un trámite que ya ha conseguido el visto bueno del Consejo de Ministros. Pero el proceso no termina ahí, porque es ahora cuando se inicia el perceptivo trámite parlamentario, por lo que la norma no entrará en vigor hasta prácticamente dentro de doce meses, esto es, el 1 de noviembre de 2021, un plazo suficiente, dice el ministro de Agricultura, Luis Planas, para que el sector agroalimentario pueda adaptarse.

Aquel real decreto con el que se quería dar respuesta a la crisis de precios que vivía el sector incluía ya que cada operador de la cadena alimentaria debe pagar al operador inmediatamente anterior un precio igual o superior al coste efectivo de producción, lo que implica de facto que los precios se fijen de abajo hacia arriba y el reparto del valor sea más justo. Y se insiste en que en la determinación del precio en cuantía variable uno de los factores a utilizar para su determinación serán, en todo caso, los costes efectivos de producción.

Se prohibían las actividades promocionales que pudieran inducir a error sobre el precio y la imagen de los productos y además de establecer sanciones por no cumplir la norma, se advertía de la posibilidad de hacer públicas dichas multas.

Novedades

Junto con todo eso, en este anteproyecto de ley, en el que se traspone la directiva comunitaria, se amplía el ámbito de aplicación espacial y material de la norma. Eso quiere decir que la ley no solo afectará a las relaciones comerciales internas, sino que se extenderá también a las de ámbito comunitario en las que participe un operador establecido en España, siempre que no aplique la legislación de otro Estado miembro. Las prohibiciones y sanciones recogidas la ley también se aplicarán a las relaciones de un operador establecido en España y otro que está instalado en tercer país.

Sus exigencia no solo regirán para los productos primarios (agrícolas y ganaderos) sino que se extienden también a los alimentos transformados entre los que figuran el pan, el chocolate o la cerveza. Se amplían los supuestos en los que es obligatorio hacer contratos por escrito hasta la práctica totalidad de las operaciones y se incorporan prácticas comerciales desleales que, a día de hoy, no están recogidas en la legislación española, pero que así lo exige la directiva comunitaria. "La modificación unilateral de contratos en lo que se refiere a volumen o la devolución de productos no vendidos (salvo pacto expreso) son algunos ejemplos", señala el Ministerio.

Hay nuevas infracciones o se han recalificado algunas de las que ya figuraban, con el fin de aplicar mejor y más eficazmente la norma. Entre ellas destacan la cancelación de un pedido 30 días antes de la fecha de entrega (se trata en este caso de una sanción leve) o la obstrucción de la inspección (considerada como grave). Sin embargo, la exigencia de pagos adicionales o la asunción de costes sobre el precio pactado deja de ser una falta leve para considerarse una infracción grave.

La Ley da más poder a la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), que la considera autoridad de control, pero también punto de contacto y cooperación con otras autoridades y con la Comisión Europea.

Así, señala el ministro, con las actualizaciones de la ley realizadas en febrero y las que ahora van a las Cortes Generales no solo se avanza en "el firme compromiso del Ejecutivo de modificar la Ley de la Cadena Alimentaria para impulsar un reparto más equitativo del valor añadido a lo largo de la misma". Además, insiste Planas, se fomenta la transparencia en la formación de precios y se protege a los eslabones más débiles, al tiempo que se estimulan las relaciones comerciales y la innovación a través de la mejora de la operatividad de las transacciones.