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Aragón

entrevista

"Desde mayo deberíamos haber aprobado una ley de pandemias"

El catedrático de Derecho Administrativo, José María Gimeno Feliu, cree que los ciudadanos necesitan seguridad científica y jurídica

El catedrático de Derecho Administativo, José María Gimeno, en su despacho de la Facultad de Derecho de Zaragoza.
El catedrático de Derecho Administativo, José María Gimeno, en su despacho de la Facultad de Derecho de Zaragoza.
Oliver Duch

Después de sufrir la covid-19, ¿cómo afronta la vida diaria?

Haber pasado el virus no te cambia nada. Aporta cierta experiencia y demuestra que la inmunización es la clave. La gran esperanza es una campaña de vacunación masiva intensa, muy rápida y vigilada. Es mi mirada optimista.

Colabora en un grupo relacionado con la vacuna. ¿Cuánto tiempo se estima que tardará?

Los tiempos de la vacunación irán según el ritmo de la ciencia. En el escenario optimista, pueden llegar las primeras dosis en enero y tener ya una estrategia para la inmunización. Me preocupa el control de la vacunación.

El Gobierno ha decretado el estado de alarma, que se basa en la ley de 1981. ¿Se adapta esa ley a la situación de la pandemia?

Ni la ley orgánica de 1981 del estado de alarma ni la de medidas especiales de salud pública de 1986 estaban pensadas para una pandemia como esta, sino, en todo caso, para enfermedades como la tuberculosis o el sida. La alarma se piensa más para catástrofes que obligan a una respuesta muy rápida. En España necesitamos una ley de pandemias moderna, en la que se regulen las medidas y se cree un comité de expertos independiente. Produce desasosiego la posibilidad de que alguna comunidad cambie los criterios. Nos hace falta seguridad científica para que haya seguridad jurídica. La ley debería contemplar medidas restrictivas y proactivas, para saber qué hacer cuando se cierran algunas actividades.

¿Cambiaría la terminología para amoldarla a la realidad?

Me gusta más el término ‘alerta’ sanitaria que ‘alarma’, porque son situaciones distintas. El decreto ley del Gobierno de Aragón define mejor las fases de intervención por motivos objetivos, en lugar de decisiones técnico-políticas. Vamos por detrás del virus y hay que adelantarse. La ley de pandemias debería usar los principios de proporcionalidad y precaución.

El Gobierno de Aragón ya ha tomado medidas al amparo del estado de alarma, aunque no lo solicitó…

Hace falta una norma clara que se aplique en todo el Estado porque el virus no tiene nacionalidad ni vecindad. Hemos perdido un tiempo desde mayo, que podría haber servido para aprobar una ley de pandemias consensuada por las fuerzas políticas. Ese marco jurídico habría ayudado a los ciudadanos a entender algunas decisiones.

En marzo usted consideró el estado de alarma algo tardío y desproporcionado. ¿Y este segundo?

Es un estado de ‘re-alarma’. En marzo no teníamos otro medio jurídico, pero detectado el problema se debería haber acometido la ley, porque era una necesidad de primer orden. Espero que se retome el asunto, porque también es importante saber cómo se hará la vacunación. El derecho se adapta a la realidad y no al revés.

Al Gobierno de Aragón se le anuló el confinamiento de La Almunia, pero los jueces aprobaron el de Ejea. ¿Por qué?

Ha habido tribunales que han considerado que las medidas no se ajustaban a la ley. Nuestro marco jurídico no está preparado para esta situación y los intérpretes, que son los jueces, tienen un criterio distinto, pero eso es una garantía del Estado de derecho.

En Francia se habla de toque de queda sin problemas, y aquí quieren cambiarle el nombre.

Francia no tuvo una Guerra Civil y 40 años de dictadura, como nosotros. En el subconsciente colectivo en España el toque de queda se vincula a la restricción de la libertad. Del derecho nos interesa el resultado y las palabras tienen un contexto. En el siglo XXI es mejor que las palabras aporten positividad. Queremos una ley moderna con un lenguaje comprensible.

El Gobierno quiere que el estado de alarma dure hasta mayo. ¿Es mucho tiempo?

Primero tendrá que ratificarlo el Congreso y no será una decisión caprichosa del Gobierno. Es más fácil en la gestión del estado de alarma no ir cada quince días. Si lo regulara una ley de pandemias podría prever que ese plazo de seis meses fuera razonable según los indicadores sanitarios. El plazo de seis meses puede estar vinculado con el despliegue una estrategia de las vacunas, de manera que la respuesta cuando salgamos será de normalidad.

¿El límite establecido de rebajar a 25 contagiados por 100.000 habitantes y la próxima vacunación pueden ser los dos hitos?

El estado de alarma se aplica con criterios científicos, pero no en una ley adecuada. Al establecer los criterios en la Comisión Interterritorial de Sanidad tiene sentido que los conozca la población, con transparencia. Me gustaría saber cuál es el índice de reproducción, junto al número de los contagiados. Esos escenarios deben ser idénticos en todos los lados, si bien me parece bien que haya cogobernanza y descentralización con las autonomías, pero hace falta que funcionen. Este estado de alarma me gusta más porque ha sido más respetuoso con el modelo de Estado, pero a veces se han tomado decisiones muy descoordinadas y asimetrías.

La Justicia se suspendió tres meses en el primer estado de alarma y aún lo  lleva arrastras con retrasos. ¿Es la hermana pobre del Estado?

No se debió suspender la Justicia tres meses. Demostró que España en la digitalización estaba muy retrasado. Quiero pensar que la Justicia no es la hermana pobre del Estado. Más bien necesitamos que la Justicia sea fuerte. Un democracia necesita un Gobierno con liderazgo, un Parlamento que dicte leyes y unos jueces que ejerzan el control de la ciudadanía. La pandemia no puede debilitar la imagen de alguno de esos poderes. Nos faltan jueces y medios, porque ahora son más necesarios que nunca.

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