La celebración este domingo de un Consejo de Ministros extraordinario para declarar, si no existe decisión en contra de última hora, el estado de alarma en España refleja la grave situación sanitaria y hospitalaria que padece el país. Inmersos en una preocupante segunda ola de la enfermedad y con un elevadísimo número de contagios por la covid-19, una evidencia que habla a las claras de una transmisión comunitaria alejada de todo control, se hace imprescindible la adopción de nuevas y exigentes medidas bajo el amparo legal que ofrece el estado de alarma.

Solicitado por un buen número de autonomías, permite como ley orgánica la restricción de derechos fundamentales protegidos por la Constitución. La medida, que ya fue empleada en la primera ola, fue determinante para la contención de la pandemia, aunque conviene recordar que su aprobación no implica el confinamiento en los hogares. Este instrumento garantiza que todas las restricciones queden ajustadas a la legalidad. Queda por descubrir, en cualquier caso, hasta dónde alcanzará la coordinación y el liderazgo por parte del Ministerio de Sanidad una vez quede aprobado este nuevo marco legal. En las últimas horas, han sido varias las comunidades que han reclamado esta figura, aunque para ser ellas mismas las que apliquen su protocolo de actuación, una circunstancia que, sin menoscabar la descentralizada evidencia por la que se rige el Estado autonómico, convendría regular y coordinar bajo un mando único. La propagación de la enfermedad no respeta ni queda frenada ante fronteras autonómicas ni medidas particulares que, en más de un caso, pueden entrar en colisión. La petición del toque de queda, una idea ya aplicada en varias ciudades europeas, perdería buena parte de su validez si, por ejemplo, dos comunidades vecinas no estuvieran regidas bajo esta misma directriz.