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Aragón

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Aragón tramita 276 sanciones a fruticultores por no definir sus contrataciones de temporeros

La medida era obligatoria para todos los empleadores con el fin de evitar y controlar posibles brotes de covid-19. La cuantía dependerá de la tipificación de la falta como leve, grave o muy grave.

Trabajadores en la recolección de nectarina en una finca de Fraga. Huesca
Trabajadores en la recolección de nectarina en una finca de Fraga. Huesca
Rafael Gobantes

El Gobierno de Aragón, a través de las consejerías de Sanidad y de Agricultura, está tramitando 276 expedientes sancionadores a otras tantas explotaciones cuyos titulares no han cumplido la orden de medidas urgentes para la contratación de trabajadores temporales. La cuantía de las mismas, cuya instrucción y resolución corresponde a los departamentos de Sanidad y Economía, está todavía por definir, ya que dependerá de la calificación que se otorgue a la infracción (leve, grave o muy grave), según explican fuentes del Ejecutivo regional.

Una vez instruidos los expedientes –momento en el que se encuentra ahora el proceso–, el Gobierno aragonés remitirá una notificación a los sancionados, que podrán beneficiarse de un descuento de la multa por un pronto pago. Además, pueden presentar alegaciones, e incluso podrían plantear un recurso, circunstancias que, según estas mismas fuentes, podrían dilatar el proceso.

La norma, firmada por los titulares de los departamentos de Agricultura, de Sanidad y de Economía, fue dictada el pasado 24 de julio, en plena campaña de la recogida de la fruta y cuando los rebrotes de la covid en la Comunidad, la mayoría de ellos con origen en la mano de obra del campo, convirtieron a Aragón en la región con una mayor tasa de contagios del país.

Con ella, se obligaba a los empleadores del sector a presentar una declaración responsable en la que debían detallar tanto las contrataciones ya realizadas como aquellas que tenían previsto para completar la campaña de la fruta dulce tanto para la recolección como para el embolsado de frutos en el árbol, una labor que se realiza por esas fechas, especialmente en los cultivos integrados en la Denominación de Origen Melocotón de Calanda.

El escrito, al que estaban obligados también aquellos agricultores que en la declaración de su PAC presentaban más de una hectárea de frutales, debía recoger expresamente el compromiso al cumplimiento de las estrictas condiciones y requisitos laborales y sanitarios que exige la situación y a velar por las adecuadas condiciones de alojamientos y de transporte de sus trabajadores. Además tenían que acreditar que disponían de un plan de contingencia adecuado para adoptar las medidas necesarias –y colaborar con las autoridades sanitarias– en el caso de que algún trabajador resultara infectado por el coronavirus.

"Insuficiente respuesta"

Siete días hábiles desde la publicación de la orden tuvieron los agricultores para cumplir con dicha obligación que, en un primer momento, no tuvo la respuesta deseada por parte del sector. Eran pocos, según las palabras del presidente del Gobierno, Javier Lambán, los que habían presentado el documento cuando apenas quedaban unas horas para que terminase el plazo.

Por eso advirtió con contundencia que no habría ampliación alguna de plazo sino que además se activaría de manera inmediata «la tarea de inspeccionar y sancionar».

De hecho, las primeras cifras ofrecidas por el Gobierno hablaban de que apenas se habían recibido un 47% de las 2.953 declaraciones responsables que se estimaban sujetas a la norma. Una cifra que desde el Departamento de Agricultura, que reconoció que esperaba una mayor respuesta del sector hortofrutícola se consideró «preocupante» e «insuficiente».

La cifra mejoró después de que el Gobierno enviará a todos los empleadores un requerimiento formal (y con acuse de recibo) en el que les informaba de que la presentación de la declaración responsable era una obligación y se les comunicaba que tenían cinco días hábiles para subsanar dicho incumplimiento, recuerdan desde la DGA.

Finalmente, según estas mismas fuentes, han sido 276 los empleadores aragoneses del campo que no han cumplido con las obligaciones establecidas en la norma y, por lo tanto, serán sancionados. Una cifra que supone cerca del 10% del total de hortofruticultores que tenían que cumplir con dicha exigencia.

No hay un perfil que defina a los incumplidores. Hay de todo, señalan desde el Gobierno, que reconoce que los expedientes ahora en instrucción serán remitidos tanto a pequeños agricultores como a titulares de grandes explotaciones, cuyo incumplimiento ha sorprendido, más si cabe, a los responsables del Ejecutivo aragonés. 

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