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Aliaga elude responsabilidades en el caso del gerente de Turismo y llega a tildarlo de "irrelevante"

Admite que Cámara ya fue apercibido por su incompatibilidad en enero, pero que solo le incumbía actuar a la Presidencia. La oposición censura la situación y habla de "atentado" contra la Ley de Ética Pública.

El vicepresidente, Arturo Aliaga, a su llegada al pleno de las Cortes, acompañado por el portavoz del PAR, Jesús Guerrero, este jueves.
El vicepresidente, Arturo Aliaga, a su llegada al pleno de las Cortes, acompañado por el portavoz del PAR, Jesús Guerrero, este jueves.
Guillermo Mestre

El vicepresidente aragonés, Arturo Aliaga, ha eludido este jueves cualquier responsabilidad por el incumplimiento del régimen de incompatibilidades durante el año que Óscar Cámara ocupó la gerencia de Turismo de Aragón, que mantuvo pese a figurar en siete sociedades del sector inmobiliario, y ha considerado que este caso es "irrelevante para el tajo" que tiene que atender por la pandemia. Es más, ha indicado que desconocía la situación hasta que fue informado a principios en junio y ha relatado que las competencias correspondían al secretario general técnico de la Presidencia, Julio Tejedor, como responsable de la oficina de conflicto de intereses del Gobierno, que ya apercibió al alto cargo en enero de su situación irregular sin que nunca llegara a renunciar a sus empresas. De hecho, su cese se demoró hasta agosto y no se oficializó hasta la semana pasada.

En una comparecencia monográfica solicitada por Ciudadanos ante el pleno de las Cortes, la oposición ha recriminado el "atentado" contra la ley de ética pública, dado que los altos cargos están obligados a presentar sus declaraciones de actividades y de bienes en un plazo improrrogable de dos meses, el mismo que tienen para garantizar su dedicación exclusiva. Ninguno de estos supuestos los cumplió Cámara, el hasta ahora presidente del comité local del PAR-Zaragoza y hombre de confianza de Aliaga, tras ficharle hace un año, el 2 de octubre de 2019.

Aliaga ha reiterado que el control correspondía a la oficina de conflictos y no a su departamento y que ahora sabía que esta actuó cuando, transcurridos esos dos meses de gracia, Óscar Cámara ya fue apercibido al no cumplimentar nada de lo exigido. A su juicio, la Ley de Ética Pública ha funcionado porque el exgerente de Turismo tuvo que elegir entre sus empresas o seguir formando parte del Gobierno.

Lejos de recriminar su situación irregular, ha justificado que debía defender los intereses de sus hijos y que no podía ceder las empresas a su mujer porque es viudo (aunque sería igualmente incompatible), por lo que finalmente le presentó su dimisión el 6 de agosto. Eso sí, ha reiterado que no se oficializó hasta septiembre porque debían tramitarse más de 3.000 expedientes de ayudas de Turismo y se pretendía gestionar el cese "con discreción", aunque la publicación del caso por este diario desbarató sus planes.

Aunque el líder de Ciudadanos, Daniel Pérez Calvo, llegó a plantear pedir su dimisión cuando pidió su comparecencia, ha cedido el debate a su compañero José Luis Saz, con el que Aliaga compartió gabinete hace dos legislaturas, y este ha bajado sustancialmente el tono. Sí ha censurado que Aliaga expresara que el asunto era "irrelevante" porque, ha argumentado, "jamás" lo es cuando atañe a la "ética pública" y cuando Cámara se perpetuó en el cargo durante 247 días en los que estaba constatado que incumplía la ley. Sin embargo, se ha limitado a apelar "si procede" a la conciencia de Aliaga y ha responsabilizado al cuatripartito. "El Gobierno ha mirado hacia otro lado y ha perdido la oportunidad de cumplir con la Ley de Integridad y Ética Pública", ha resaltado.

El diputado popular Sebastián Contín sí ha sido duro en la intervención al reprobar que el presidente, Javier Lambán, tolerara la situación, que el resto de socios del cuatripartito "consintieran un comportamiento censurable" y que el papel de Aliaga como presidente del PAR esté "interfiriendo en el interés general". Además, anunció que ha pedido acceder al expediente del cese de Cámara.

Por su parte, la diputada de Vox Marta Fernández ha preguntado si se le va a exigir a Cámara que devuelva su salario ante la gravedad de los hechos, tal y como recoge la ley, mientras los socios han cerrado filas y, en el caso del PSOE, incluso ha cargado contra el PP tras dar las gracias a Ciudadanos por su tono.

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