La DGA invertirá 4 millones para digitalizar los registros civiles y otros procesos judiciales
La pandemia del coronavirus en Aragón ha supuesto un aumento de procedimientos judiciales en el ámbito laboral, para lo que ya se ha solicitado la creación de un Juzgado de lo Social que permita rebajar los tiempos de tramitación de los procedimientos por despido o incapacidades.
El Gobierno de Aragón tiene previsto invertir cuatro millones de euros en la mejora de la administración de justicia, con un proyecto para digitalizar los registros civiles de todos los municipios de Aragón que asciende a 3,5 millones y con otro que permitirá la extensión del programa Avantius a otros procesos y colectivos.
Así lo ha anunciado el Ejecutivo en el día en el que se ha celebrado la apertura del Año Judicial en la comunidad, acto al que han asistido el presidente del Gobierno, Javier Lambán, y la consejera de Presidencia, Mayte Pérez.
Según apuntan desde el Ejecutivo, solo dieciséis municipios aragoneses tienen actualmente los libros de los registros civiles digitalizados.
Ahora, el proyecto del Gobierno pasa por la digitalización de los libros de los registros civiles (nacimientos, matrimonios y defunciones) de todos los registros civiles de los municipios de Aragón con el fin de incorporarlos al sistema Inforeg y posibilitar la gestión electrónica de los mismos.
Además de mejorar el servicio a los ciudadanos, el plan supondrá la modernización y mejora de la eficacia, eficiencia y calidad de la actividad registral, la integración en el proceso electrónico de terceros, como es el caso de los hospitales públicos y privados para la inscripción de nacimientos, y también la conservación del patrimonio histórico asociado a los libros de los registros civiles.
Proyecto piloto en Calatayud y Huesca
Actualmente, como proyecto piloto, se está desarrollando la digitalización de los registros de los partidos judiciales de Calatayud y Huesca, con 113 municipios en total.
Además, se invertirán 450.000 euros en el programa Avantius, de gestión del expediente judicial electrónico, para incorporar al mismo a los colectivos profesionales menos numerosos (notarios o registradores de la propiedad) y para integrar en el programa el sistema de gestión de expedientes del Gobierno de Aragón BENT y el Sistema de Gestión Integrada de Registros (SIR) de la Administración Central del Estado.
Según el Gobierno, el confinamiento por la pandemia de la covid-19 ha puesto de manifiesto la trascendencia de las tecnologías de la información y también ha conllevado un incremento de los procedimientos en el ámbito laboral, para lo que ya se ha solicitado formalmente la creación para el próximo año de un Juzgado de lo Social que permita rebajar los tiempos de tramitación de los procedimientos por despido o incapacidades.
Durante el estado de alarma, la administración de justicia en Aragón ha tramitado un 48 % de lo que se tramitó en el mismo periodo de 2019, pero con una rebaja en la entrada de expedientes del 30 %, lo que supone que prácticamente se ha tramitado el 75% gracias a "una administración judicial totalmente electrónica, unos funcionarios cualificados para poder hacer teletrabajo, y unos jueces, fiscales y letrados Justicia dotados con los medios materiales necesarios".
Además, desde el 1 de septiembre se ha puesto en marcha un Registro Civil bis en la Ciudad de Zaragoza que permita tramitar los expedientes de matrimonios civiles y las juras de la nacionalidad española cuya tramitación se paralizó por el Registro Civil ante la saturación acumulada durante el periodo de restricción de movilidad.
Y en todos los Partidos Judiciales de Aragón se ha nombrado un funcionario interino para la tramitación prioritaria de los procedimientos que se tramiten sobre violencia sobre la mujer.
En la nota, el Gobierno recuerda que Aragón es la primera Comunidad en la que se ha llegado a un acuerdo entre la administración y los sindicatos para la regulación del teletrabajo de los funcionarios de Justicia, la mitad de los cuales se ha acogido a esta modalidad laboral.
