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Aragón

Las residencias califican de "injusto" el informe del Justicia y dicen que primaron "la vida"

El tercer sector comparte la necesidad de revisar el modelo asistencial. El PP pide que la consejera Broto dé explicaciones.

De izquierda a derecha, Javier Hernández, Ángel Dolado y Andrés Esteban, en la sede del Justicia de Aragón.
De izquierda a derecha, Javier Hernández, Ángel Dolado y Andrés Esteban, en la sede del Justicia de Aragón.
José Miguel Marco

Una de cal y otra de arena. Con esta expresión resumen los agentes vinculados a las residencias de personas mayores en la Comunidad, desde la patronal a los trabajadores y expertos, el demoledor informe del Justicia de Aragón sobre la situación de estos centros durante el estado de alarma por la covid-19. Sus puntos más polémicos no han dejado indiferente a nadie.

Desde la Asociación Aragonesa para la Dependencia (Arade), su gerente, Paquita Morata, lo califica de "injusto". Les ha causado "sorpresa" que el Justiciazgo denuncie el aislamiento de ancianos en sus habitaciones durante el estado de alarma y que ha habido limitaciones de derechos fundamentales de los usuarios, cuando, asegura, el sector ha primado que el "principal derecho es la vida", ajustándose siempre "a la normativa estatal y autonómica que se dictó". "Nadie nos puede culpabilizar por ello", afirmó.

"Nosotros somos los primeros que desde el primer momento plantemos que no nos gustaba dejar de actuar como lo que somos, unos servicios sociales que buscan que los usuarios se sientan como en su casa". La gerente de esta entidad, que agrupa entre sus socios a 63 geriátricos de la Comunidad, considera que el Justicia, Ángel Dolado, adolece de "cierto desconocimiento" del sector y ha proyectado una "imagen peyorativa" en unos momentos en los que se sigue luchando.

Paquita Morata: "Nuestro sector ha primado que el derecho principal es la vida y siempre nos hemos ajustado a la normativa"

En lo que sí está de acuerdo con el Justicia es que hubo casos en los que los centros residenciales no fueron atendidos sanitariamente por parte de los ambulatorios de referencia. Un aspecto en el que todos coinciden es en la necesidad de reformar a fondo el actual modelo de residencias, aunque cuando se profundiza sí empiezan a surgir discrepancias.

La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales de la DGA, María Victoria Broto, también ha salido al paso del dosier del Justicia. "Entiendo que el Justicia de Aragón defienda la dignidad y los derechos, el Departamento coincide en ello y estoy segura de que en una situación crítica, de alarma, de emergencia, elegiría la defensa de la vida. Es el primero de nuestros derechos", señaló. Asimismo pidió que no se olvide que en esos momentos se trabajó en una "situación límite de incertidumbre".

Sobre el hecho de que el 80% de los fallecidos vivieran en residencias, señaló que en base a este dato se tomaron las difíciles decisiones del aislamiento porque "no había otra opción".

Descripción de las dificultades

Gustavo García, que durante décadas dirigió la Casa de Amparo y el Albergue Municipal de Zaragoza, valora que en el informe del Justicia hay un "error de bulto" al vincular las dramáticas situaciones que se vivieron a la necesidad de cambiar el modelo residencial, una revisión que ya estaba sobre la mesa antes. Asimismo considera que el informe "aporta poco" sobre cómo debe ser la transformación de estos geriátricos y no profundiza en cuestiones como la modificación del decreto aragonés que regula las ratios de las residencias que es de 1992.

Mª Victoria Broto: "Entiendo que el Justicia defienda la dignidad. Estoy segura de que en una situación de alarma elegiría la defensa de la vida"

García, coordinador en la Comunidad de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, también hace una lectura positiva. Cree que ofrece una "descripción acertada" de cómo se vivieron las semanas más duras del confinamiento y las dificultades que se padecieron, y subraya que se ponga la atención en una cuestión controvertida como es la capacidad de decisión de los propios mayores.

Desde el Colegio Profesional de Trabajo Social de Aragón, su presidenta, Cristina Sola, es la que más de acuerdo está con la visión del Justicia. Insiste en la importancia de avanzar hacia un modelo de residencia de proximidad y "amigable" en la que se aborden por igual las situaciones relacionales y emocionales que las sanitarias.

La diputada del PP en las Cortes de Aragón, Marian Orós, pidió este miércoles la comparecencia en el Parlamento autonómico de la consejera María Victoria Broto para que informe de las carencias en las residencias de mayores que denuncia el Justicia en un trabajo que tachó de "demoledor".

Por otra parte, la Asociación Aragonesa de Geriatría y Gerontología (SAGG) instó a las administraciones y a los directivos de los centros residenciales de Zaragoza que limiten "de forma prudente" las visitas a estas instalaciones entre los días 10 y 25 de octubre coincidiendo con las ‘no fiestas’ del Pilar. También apeló al sentido de responsabilidad de los trabajadores y de los familiares de los usuarios.

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