Covid-19
Más de 250 familias se unen para pedir que el regreso a las clases sea voluntario
Educación solo contempla esta opción si existe prescripción médica que recomiende no acudir.
La inseguridad y la falta de certezas ante el inicio del curso escolar ha provocado que alrededor de 250 familias, y también docentes y médicos, se hayan movilizado para reclamar que el regreso al aula sea voluntario.
Este es el caso de Marina Palau, que tiene dos hijos: una niña que empezará 3º de primaria y un niño que comenzará 6º y que además tiene una cardiopatía congénita. Ante esta situación, apuesta por una educación en casa, pero regulada y controlada por el centro educativo. "Mis hijos empezarán el día 7 su temario, pero desde casa y siguiendo las directrices que me den desde el colegio", especifica.
Al mismo tiempo, recuerda que durante estos meses sus hijos han socializado, pero en grupos reducidos, con mascarilla y distancia de seguridad: "Seguimos estrictamente las recomendaciones de Sanidad". De hecho, le sorprende que estando prohibidas las reuniones de más de 10 personas se permita que en un aula se junten durante cinco horas, al menos, 20 menores.
Su mayor preocupación es su hijo, con una cardiopatía congénita, pero reconoce que su hija, sin patologías previas, también podría verse afectada. "No sabemos cómo puede evolucionar en cada persona", explica. En este sentido, recuerda que en Aragón solo hay seis ucis pedriátricas. "Hay veces que se tiene que retrasar una operación porque no hay disponibilidad. ¿Qué hacemos si algún niño la necesita por covid?", se pregunta. Ante esta situación, reclama que la vuelta presencial al aula sea voluntaria o fraccionada ante los riesgos que puede suponer.
La falta de protocolos y la consciencia de que nadie le puede asegurar el riesgo cero la animaron a unirse a la plataforma Derecho a enseñanza sin riesgo en pandemia (Derpa), que en la Comunidad aragonesa ya cuenta con alrededor de 250 personas adheridas y ha recogido más de 2.000 firmas. "Pedimos que la asistencia al colegio sea voluntaria, ya que nadie se atreve a garantizar la seguridad completa", explica Palau.
En la plataforma hay otras familias como la suya, donde además de los riesgos por covid, algunos menores tienen patologías previas. "Nos fundamentamos en el artículo 43 de la Constitución Española –relativo al derecho a la protección de la salud–", subraya Sarah Romero, una de las portavoces de la plataforma. También se sustentan en el artículo 154 del Código Civil, relativo a la patria potestad de los progenitores con respeto a su integridad física y mental.
Garantizar la seguridad y salud de toda la comunidad educativa es su principal demanda, por lo que destacan la importancia de contratar docentes y contar con más espacios para reducir las ratios. "Como no se están tomando todas estas medidas de manera efectiva, consideramos necesario que los niños puedan recibir la clase en casa", explica. Desde su punto de vista, es necesario que se articule un plan de enseñanza a distancia para todas las familias con riesgo y también para aquellas que quieran acogerse de manera voluntaria. "De este modo, de manera natural se podrían reducir las ratios", recuerda Romero, quien enfatiza la importancia de asegurar que los niños con necesidades especiales puedan continuar con sus terapias.
Petición ante el Justicia
En las últimas semanas han presentado escritos en diferentes organismos como el Justicia de Aragón para reclamar esta opción. Una de las incertidumbres es que se determine que el niño es absentista y se pierda la plaza escolar. El consejero de Educación, Felipe Faci, aseguró que cuando haya menores con patologías previas, se podrá articular la enseñanza desde el hogar, siempre que exista una prescripción médica que recomiende que el niño no acuda con continuidad al aula.
En el resto de supuestos animó a que las familias tomaran la "decisión correcta" y llevaran finalmente a sus hijos al aula, debido a que la escolarización es obligatoria. Cuando un menor no acude al centro escolar, explicaron fuentes de Educación, el tutor debe refrendar o no la justificación dada por las familias. Si considera que no se ha justificado correctamente, según el número de faltas, el centro debe comunicarlo a la Administración.
