La DGA amenaza a los agricultores con sanciones y el sector denuncia que se siente "perseguido"

Si el lunes era el consejero de Agricultura, Joaquín Olona, el que mostraba su preocupación por la escasa respuesta de los fruticultores al cumplimiento de la norma dictada el pasado 24 de julio y que obliga a los empresarios agrícolas a presentar una declaración responsable sobre la contratación de temporeros y su compromiso para garantizar las correctas medidas sanitarias y de alojamiento de los trabajadores, este martes era el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán quien lanzaba una contundente advertencia. "Los que habían respondido hasta ahora (a esta obligatoriedad) eran pocos. Esperamos que se hayan incrementado notablemente porque si no tendremos que activar de manera inmediata la tarea de inspeccionar y de sancionar", señaló Lambán. Lo hizo en una rueda de prensa celebrada a mediodía, cuando apenas quedaban doce horas para que se cumpliera el plazo dado por el Gobierno para acatar dicha orden.

"No es posible que se sigan produciendo situaciones de descontrol", insistió el presidente. Una falta de control que Lambán achacó a la propia estructura del sector, "en el que unas 15.000 personas son contratadas por unos 3.000 empleadores", por lo que la organización resulta difícil por no decir imposible, señaló, "si no existe una buena voluntad y una proactividad por parte de los propios empresarios".

Lambán dejó entrever que no es la primera vez que el sector no ha respondido a las medidas puestas en marcha durante la pandemia para evitar los riesgos de contagio entre los trabajadores. De hecho, recordó que al comienzo de la recolección de la fruta de hueso, en pleno estado de alarma, el Ejecutivo puso a disposición del sector autobuses para desplazar a los trabajadores desde su lugar de residencia hasta las explotaciones. "Lo único que había que hacer era presentar el contrato de trabajo y creo que no llegó a salir ni un solo autobús con lo cual no sabemos si es que era que no los necesitaban o que no eran utilizados por otro tipo de circunstancias más preocupantes", añadió. Y es cierto que este servicio apenas fue demandado, ya que, según informó la consejería de Agricultura en su puesta en marcha, solo hubo tres organizaciones de productores (OPFH) que cumplieron los requisitos para su uso.

Hasta 600.000 euros

"No se trata de responder a una encuesta, es una obligación", insistió ayer Olona al hacer referencia a la presentación de la declaración responsable, para la que, insistió el consejero de Agricultura, "no habrá ninguna prórroga".

Y por eso no acatar la obligación acarrea una sanción. De hecho, la propia orden deja claro que los incumplimientos de la comunicación de la información o veracidad de la misma, así como las irregularidades en materia de contratación laboral, condiciones de alojamiento o de transporte serán sancionados conforme a lo previsto en la normativa laboral vigente y en la que hace referencia a la salud pública. Ambas señalan que la cuantía dependerá de la tipificación de la infracción: de 100 a 3.000 euros para las leves; de 3.001 a 60.000 euros para las graves y de 60.001 a 600.000 euros si se considera que se trata de una infracción muy grave. El procedimiento de inspección no es complejo, dado que tienen que presentar dicha declaración aquellos que tramitan solicitudes PAC, solo hay que cruzar datos para saber quién ha cumplido la norma y quién no.

Las organizaciones agrarias respondieron a las palabras de Lambán lamentando la "criminalización" que están sufriendo los agricultores. Incluso fueron más allá y aseguraron que el sector "se siente perseguido".

Los máximos responsables de UAGA, Asaja, UPA y Araga insistieron en que sus organizaciones han redoblado esfuerzos para que todos los empleadores cumplan con la norma dictada el pasado 24 de julio. Pero criticaron la urgencia de la orden, que llega en un momento de máximo trabajo en el campo, cuando todavía los fruticultores se encuentran en plena campaña de recolección. Y también advirtieron: "Sancionar ahora al sector es lo que le faltaba. Es una equivocación".

El secretario general de UAGA explicó que su organización agraria ha mostrado "desde el primer momento" su disposición a ayudar "en todo lo que fuera necesario" para evitar la propagación de la pandemia. También lo ha hecho, detalló José María Alcubierre, para informar y ayudar a los agricultores a cumplir con los obligados trámites, pero destacó que UAGAya trasladó al consejero que "el plazo era muy breve porque estamos en plena campaña". Alcubierre reconoce que hay reticencia entre los fruticultores, no solo porque se ha puesto sobre ellos el foco del coronavirus, sino también porque llevan seis años de pérdidas "y ya no pueden aguantar más".

El presidente de Asaja en Huesca y máximo responsable de la patronal de la provincia habló por los agricultores oscenses y aseguró que estos ya cumplen con la obligatoriedad que establece ahora la nueva orden del Gobierno porque el artículo 19 del convenio laboral ya establece que el empresario tiene que corresponsabilizarse con la seguridad laboral, la manutención y el alojamiento de sus trabajadores. "Ya acatamos el convenio", insistió Fernando Luna, que aseguró que la obligatoriedad que establece la orden está sujeta a distintas interpretaciones por lo que las sanciones por su incumpliendo tendrían que estar sujetas a la decisión de un juez.

El líder de UPA en Aragón consideró que la orden ha sido "precipitada" y ha pillado fuera de juego a pequeños y medianos agricultores que "no saben qué tienen que hacer, cómo y para qué". Para José Manuel Roche, debería ampliarse el plazo para la presentación de la declaración responsable y el foco tendría que centrarse especialmente en las grandes explotaciones que son las que contratan grandes volúmenes de contrataciones y "los que pueden llegar a generar más problemas". También señaló Roche a las agencias de trabajo temporal. "¿Por qué no empiezan por ahí?, destacó el secretario general de UPA en Aragón que advierte que amenazar con sanciones es "injusto".

El presidente de Araga insistió en que no se puede cargar sobre las espaldas de los agricultores y de los ayuntamientos los problemas de salud pública que puedan generar aquellas personas que llegan a las localidades sin contrato de trabajo y en situación irregular. Jorge Valero lamentó que todas las "soluciones" aportadas por el Gobierno aragonés son "más burocracia y más trabajo" y asegura que en el campo "todo no es matemáticas, porque a veces no aparecen los trabajadores y otras veces necesitas menos mano de obra de la que habías previsto...". Y criticó además la prisas de una orden que llega en plena campaña. "Parece que viven en los mundos de Yupi", dice.