El Gobierno de España ha autorizado este martes el trasvase de 4,99 hectómetros cúbicos del Ebro a Santander, un proyecto al que Aragón se ha opuesto frontalmente y por el que podría recurrir a la vía judicial. El Ministerio para la Transición Ecológica de Teresa Ribera ha priorizado la cobertura de "las necesidades de abastecimiento" de Santander y sus comarcas aledañas sobre los motivos aportados por en el informe emitido por las Cortes de Aragón, que incidía en la falta de justificación de esta transferencia y su carácter permanente. No obstante, el Gobierno de Aragón ha confirmado a HERALDO que ya está estudiando si lo recurrirá. Los servicios jurídicos estarían a la espera de que el acuerdo se publique en el Boletín Oficial del Estado, ya que el proyecto inicial tenía un carácter permanente y este podría circunscribirse a septiembre de este año.

El Ejecutivo central señala que este acuerdo "habilita la posibilidad de transferir este volumen máximo de agua en el presente año hidrológico y en el supuesto de que exista riesgo para el abastecimiento debido al agotamiento de recursos en los sistemas ordinarios de estas poblaciones", así como que "será la Dirección General del Agua, oídas las Confederaciones Hidrográficas del Ebro y del Cantábrico, la encargada de concretar, en función de las circunstancias hidrológicas y las necesidades de abastecimiento, el alcance y condiciones de la transferencia".

La transferencia, recalcan desde Transición Ecológica, se someterá al principio de recuperación de costes, de acuerdo con los principios de la Ley de Aguas y de la normativa de la Unión Europea. "Los usuarios quedan obligados a abonar los cánones y tarifas que resulten de aplicación, correspondientes a los diferentes subsistemas de explotación, y en general, a aquellas relativas al uso de las infraestructuras de las que puedan resultar beneficiados, en la cuenca cedente o receptor", dicen.

El propio presidente de Aragón, Javier Lambán, ya anunció que Aragón recurriría a la vía judicial si se autorizaba el trasvase. Lo haría, explicó, en defensa del Estatuto de Autonomía de la Comunidad y en virtud de la Ley de Aguas y Ríos de Aragón. Su postura contó en las Cortes con el respaldo de todos los grupos a excepción de Vox, que optó por la abstención. También venía avalada por informes previos del Instituto Aragonés del Agua (IAA), y el Consejo de Ordenación del Territorio (COTA), entre otros.